“Exigimos a los supermercados que no haya subas de los precios más allá de lo razonable. Vamos a hacer un seguimiento riguroso para que los aumentos salariales acordados en paritarias se traduzcan en mejoras en el poder adquisitivo”, señaló ayer el secretario de Comercio, Augusto Costa. Después del lanzamiento de una nueva etapa de Precios Cuidados, con la incorporación de 38 productos y un aumento promedio de precios del 2,2 por ciento, el funcionario advirtió a los “formadores de precios” que no apliquen abusos que afecten la recomposición salarial, factor clave para el aumento del consumo y de la actividad económica en general.

La empresa formadora de precios tiene la ventaja de no estar sometida a la competencia en el mercado. Su tamaño frente a otras compañías de su sector o el privilegio de hacer uso de infraestructura que sería ineficiente replicar para otras firmas (como el caso de los servicios públicos) le permiten estar en esa posición. En el sector de consumo masivo, hay varios casos con esas características, incluso dentro de la propia lista del acuerdo de Precios Cuidados, como por ejemplo Arcor, Molinos Río de la Plata, Danone, Nestlé, Ledesma, Mastellone, Sancor, Procter & Gamble, Unilever, Kimberly Clark, Coca-Cola y Quilmes.

En estos años, el Gobierno muchas veces dio impulso a iniciativas de política económica con el apoyo de las grandes empresas. Pero a la vez castigó a los que “sacaron los pies del plato”, como en su momento Costa denunció a Arcor o a los supermercados, la AFIP recientemente contra Molinos o los más conocidos casos de las críticas de Axel Kicillof a Techint o de Vanoli a los bancos y otras entidades del sector financiero.

El secretario de Comercio lanzó ayer una advertencia a las grandes empresas. “El riesgo es permanente, porque hay actores de la economía, los llamados ‘formadores de precios’, que tienen capacidad de fijar precios y que éstos queden divorciados de los costos. Así se pueden quedar con más plata del bolsillo del consumidor. De eso se trata la posición dominante en el mercado. Las políticas de la Secretaría buscan evitar que parte de las mejoras salariales se la queden los que tienen capacidad de formar precios. Por eso monitoreamos precios en todos los mercados”, indicó.

El Estado nacional cuenta con varias herramientas para controlar de cerca a las empresas, aunque la limitación de fondo es que en sí no es un delito aumentar los precios, sino apenas una estrategia comercial. Por eso Costa armó una serie de dispositivos para que las empresas, si adoptan posturas abusivas, queden en evidencia. Una de ellas es el Régimen Informativo de Precios (RIP), que exige a las empresas (excluyendo a la pymes) que presenten información sobre los precios de sus productos. Como se trata de una declaración jurada, cualquier inconsistencia que se encuentre frente a la documentación de facturas o tickets emitidos, puede servir como insumo de una denuncia. La Secretaría, a la vez, exige pautas de precios, empleo y producción para aprobar importaciones. En tanto, la nueva regulación de las relaciones de producción y consumo, que reemplazó a la Ley de Abastecimiento, juega como un elemento de disuasión.

Precios Cuidados es una de las principales apuestas del equipo económico. Anteayer se anunció el relanzamiento del plan para el período julio-septiembre. Se incorporaron 38 productos, con lo que la lista llega a 506 bienes. El aumento promedio de precios es de 2,2 por ciento y de 9,1 por ciento entre enero y septiembre, por debajo de la inflación que calculan los privados, de 10,3 por ciento en el primer semestre.

“Este programa les permitió a los consumidores hacer sus compras sabiendo cuánto es razonable pagar y no convalidando precios que vienen con márgenes abusivos, que no siguen las variaciones de los costos. La actualización de los precios que permite a las empresas tener rentabilidad razonable y que la canasta sea más representativa”, señaló Costa.

El funcionario además resaltó que para las empresas “estar dentro del programa es parte de una política comercial eficiente”. “La demanda de los productos del acuerdo creció mucho, un promedio del 80 por ciento. En ciertos casos como papel higiénico o productos de limpieza, registramos incrementos de 700 u 800 por ciento”, agregó.