El juicio por los crímenes del Cóndor cambia las fronteras y la perspectiva de la dictadura argentina, pero también los efectos del proceso de justicia. La semana pasada comenzaron los alegatos del Centro de Estudios Legales y Sociales. “Este juicio será el primero en Latinoamérica que logre arribar a una sentencia que de por cierto lo que sabemos desde hace décadas, la existencia del plan criminal que significó Plan Cóndor, sus víctimas y sus responsables”, dijo la abogada y querellante Luz Palmas Zaldúa. “La prueba del Cóndor como asociación ilícita, como sistema, como plan criminal, es precisamente lo que les exige a ustedes, señores jueces, dictar una sentencia a la altura de la magnitud de este proceso. Muchos países, sobre todo los países hermanos de América latina, están esperando este suceso como uno de los más importantes actos de justicia de un tribunal.”

En su presentación, el CELS reconfiguró el mapa de la represión argentina para mostrarla en clave de región. La reconstrucción de cada uno de sus sistemas de inteligencia y represión. La historia argentina como un fragmento, la última isla y el lugar al que llegaron miles de militantes políticos para protegerse después de los distintos golpes. La trampa. El análisis de la violación a las garantías del asilo político y el relato de el saqueo a las oficinas de la Comisión Católica Argentina sobre Inmigración de donde secuestraron datos de miles de refugiados e inmigrantes que desencadenaron innumerables secuestros. Antes, Palmas Zaldúa se detuvo en la historia del Cóndor y analizó en ese contexto un tema pendiente: el rol de Estados Unidos, el soporte ideológico de la Doctrina de la Seguridad Nacional o en la historia del sistema Condortel, el telex usado por las dictaduras locales y sus comunicaciones encriptadas, asentado en la base norteamericana del Canal de Panamá. La abogada planteó que Estados Unidos no hizo demasiados esfuerzos por detener al Cóndor hasta que pasó a la tercera fase de acción, cuando comenzaron los operativos afuera de la región.

“Para comenzar debemos plantear que este proceso judicial que lleva 16 años de tramitación ha permitido dar por acreditado, sin ningún lugar a dudas, que existió una coordinación represiva entre regímenes dictatoriales de América latina que se denominó Plan Cóndor”, dijo Zaldúa. El “sistema Cóndor” tuvo “como objetivo principal la ayuda mutua entre las dictaduras de sus países para perseguir y eliminar opositores políticos de cada país, sin que los límites impuestos por las fronteras operaran como obstáculos para el plan criminal pergeñado por cada dictadura, cuyo soporte ideológico fue la Doctrina de la Seguridad Nacional”. La mayor parte de las víctimas fueron militantes políticos, sociales, sindicales o estudiantiles de nacionalidad argentina, uruguaya, chilena, paraguaya, boliviana, brasileña “y los casos probados en este juicio son tan sólo una parte del universo completo”. Luego de señalar la responsabilidad de los acusados en el juicio, agregó: “No podemos dejar de mencionar que también han hecho su aporte distintos grupos de la extrema derecha de la comunidad internacional como agentes de la CIA, cubanos anticastristas y fascistas italianos, entre otros”.

La evolución

En dos años y medio de audiencias dieron su testimonio más de 300 personas, no sólo familiares de desaparecidos sino también funcionarios, investigadores, historiadores y periodistas de distintos países.

Como también dijeron otras querellas, quizá sea el juicio por crímenes de lesa humanidad que más prueba documental haya acumulado.

Durante el juicio, el investigador chileno Carlos Osorio del National Security Archive de Estados Unidos presentó y analizó 900 documentos desclasificados de distintos fondos, entre ellos el departamento de estado de ese país. Los documentos que mostró dan cuenta de la coordinación de las fuerzas represivas para la persecución política desde 1972. Y la reunión de Chile en 1975 como un momento en el que se formaliza esa herramienta bajo el nombre Cóndor. Como lo hicieron las otras querellas que alegaron, el Cels tomó esa línea. “En muchos de los documentos se advierte cómo –dijo Palmas Zaldúa– a partir de 1973 se estrechan las relaciones entre organismos de seguridad y en el año 1975 se coagulan”. Es, en esa fecha, aproximadamente donde comenzaron a ponerse en marcha las formas de coordinación internacional que tendrán su auge en los años siguientes, dijo. “Los perseguidos políticos de esa etapa anterior fueron los mismos que soportaron luego la represión desplegada por esa coordinación, lo que nos habla de una continuidad y persistencia en las tareas represivas coordinadas”.

Los documentos muestran tres fases, que son importantes también para entender el lugar de Estados Unidos:

1. La primera suponía la creación de una base centralizada de información sobre los movimientos guerrilleros, partidos y grupos de izquierda, sindicalistas, religiosos, políticos liberales y otros reales y supuestos enemigos de los gobiernos autoritarios involucrados en el plan.

2. La segunda consistía en pasar a la acción, identificando y atacando a estos enemigos políticos a nivel regional.

3. La tercera comprendió operativos fuera de la región para encontrar y eliminar personas que se hallaban en otros países de América y de Europa.

Kissinger y la CIA

Entre los documentos destacados, el CELS mostró imágenes de un cable de la CIA que informa textualmente que: “Las organizaciones de varios países de América del Sur estarían cooperando en acciones contra refugiados políticos en Argentina (...) A principios de este mes, hombres armados saquearon las oficinas de la Comisión Católica Argentina sobre Inmigración y robaron registros conteniendo información de miles de refugiados e inmigrantes (...) Dos días después, 24 refugiados uruguayos y chilenos fueron secuestrados y torturados (...) algunos de los refugiados identificaron a sus interrogadores como agentes de seguridad de Chile y Uruguay (...) Una operación chilena-uruguaya no podría haberse emprendido sin la cooperación de las fuerzas de seguridad argentinas”.

Henry Kissinger, secretario del Departamento de Estado, “había negado una conspiración internacional para matar en Buenos Aires a enemigos políticos de los regímenes dictatoriales del Cono Sur, justo el día del asesinato del general Juan José Torres, ex presidente de Bolivia derrocado por Hugo Banzer y poco después de los asesinatos en Buenos Aires de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz. El funcionario norteamericano aseguraba que los asesinatos se explicaban por el caótico contexto argentino”. Sin embargo, dijo la abogada, un documento incorporado por Osorio da cuenta de que el 10 de junio de 1976 se produce una conversación entre Kissinger y el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina César Augusto Guzzetti, quien le describe la coordinación de Inteligencia con las dictaduras del Cono Sur. Kissinger le responde con una frase muy conocida: “Si hay cosas que tengan que ser hechas, deben hacerlas rápido. Pero deben volver rápido a procedimientos normales”.

A fines de julio de 1976, altos funcionarios de la CIA revelaron al Departamento de Estado que existían planes para asesinar en Europa a líderes de la oposición de los gobiernos en cuestión. Para el 13 de agosto de 1976 el Departamento de Estado emite un documento muy protocolar que dice: “El gobierno de Estados Unidos se ha dado cuenta del plan de los países Cóndor de participar en una cooperación para asesinar subversivos y exiliados políticos dentro y fuera de los países que pertenecen a la Operación Cóndor. El Departamento de Estado elabora un borrador en el que ordena a sus embajadas conseguir citas con los niveles más altos, lo más pronto posible. Deben expresar que ‘mientras aprobamos el intercambio de Inteligencia e información, los planes de asesinatos internacionales son muy serios y crearían problemas en las relaciones con Estados Unidos”.

El 21 de septiembre de 1976 es asesinado Orlando Letelier, ex canciller del gobierno chileno de Salvador Allende, en el barrio de las embajadas en Washington. “Una bomba colocada por un grupo operativo en el que participó Michael Townley, ex agente de la CIA, enviados especiales de la dictadura chilena y terroristas cubanos anticastristas, asesinaron a Letelier y a su ayudante Ronni Moffit. “Es recién después del crimen de Letelier que aparecen informaciones precisas por parte de agentes de EE.UU. sobre el Plan Cóndor”, dijo Palmas Zaldúa.

El Condortel

En octubre de 1978 el embajador de Estados Unidos en Paraguay, Robert White envió un cable al secretario de Estado en Washington DC, bajo el asunto: “Segunda reunión con el jefe del Estado Mayor Referencia Caso Letelier”. White se había visto el 11 de octubre de 1978 con el jefe de Estado Mayor del Ejército de Paraguay, Alejandro Fretes Dávalos. Fretes Dávalos había estado con el jefe de la Inteligencia chilena. En el encuentro le habló a White sobre el sistema de comunicaciones usado por el Cóndor.

“Del documento surge que durante la reunión, Frentes Dávalos le dijo a White que los contactos entre los países miembros se hacían a través de instalaciones de comunicación de Estados Unidos en la zona del Canal de Panamá que cubre toda latinoamericana. Estas instalaciones de comunicación de Estados Unidos eran usadas principalmente por oficiales estudiantes para llamar a su familia en Latinoamérica pero también era empleada para coordinar la información de inteligencia entre los países del cono sur. Mantenían la confidencialidad acerca de la comunicación a través de las instalaciones de Estados Unidos en Panamá, utilizando códigos bilaterales”, dijo la abogada. White comenta en el cable: “Obviamente esta es la red Cóndor de la cual todos nosotros hemos estado escuchando a lo largo de los últimos años”. Y hace una recomendación: “Si la descripción del general Fretes Dávalos es precisa en cuanto a la descripción de las comunicaciones que se utilizan, como un sistema encriptado dentro de la red de comunicaciones de Estados Unidos (y no tengo conocimiento acerca de si esto es cierto), parecería recomendable revisar este arreglo para asegurar que su continuación sea del interés de Estados Unidos”.

El sistema sí existió. “El sistema de comunicaciones protegidas que se conoció como Condortel, fue el télex y los países integrantes se comunicaban entre sí identificándose por números: Chile era Cóndor 1, Argentina Cóndor 2, Uruguay Cóndor 3, Paraguay Cóndor 4, Bolivia Cóndor 5 y Brasil Cóndor 6”, dijo Palmas Zaldúa. “El Cóndor tenía un banco de datos computarizado con información de miles de individuos considerados como políticamente sospechosos y contaba con archivos de fotos, microfichas, informes de vigilancia, perfiles psicológicos, pertenencias a organizaciones, historias personales y políticas, listado de familiares y amistades. Las computadoras fueron suministradas por la CIA ya que ningún otro país del continente disponía para ese entonces de la tecnología suficiente para hacerlo”, mencionó la abogada de acuerdo a la información que surge del Informe “Los Estados depredadores: la Operación Cóndor y la Guerra Encubierta en América latina” de JP Mc Sherry.