A pedido de los fondos buitre, el juez estadounidense Thomas Griesa evaluará modificar sus órdenes que bloquean el mecanismo de pago de la deuda externa. El objetivo de los litigantes carroñeros es alcanzar a otros títulos como el Bonar 2024, el instrumento que utilizó el Gobierno para emitir en abril bonos en dólares. Desde el Ministerio de Economía indicaron a Página/12 que ayer el magistrado no confirmó la propuesta realizada en mayo por los fondos Aurelius y Blue Angel sino que habilitó el camino procesal para que los buitres propongan cambios a su decisión original. Con un escenario inclinado a su favor, los demandantes deberán presentar ahora el texto de su enmienda. Una vez que eso suceda será el turno de los contraargumentos argentinos. Por eso, explicaban anoche colaboradores cercanos del ministro Kicillof, la confirmación de la voluntad buitre y el impacto sobre el canal de pago no será inmediato. En el equipo económico advierten que más allá de profundizar las trabas existentes para que los acreedores reciban sus fondos en el exterior, los buitres buscan restringir y socavar la emergente capacidad de financiamiento del país.

El 21 de abril, el Gobierno obtuvo 1415 millones de dólares a través de la colocación de un título público. La operación del Bonar 2024 fue canalizada a través del mercado local y evidenció que Argentina podía fondearse en el mercado financiero internacional (a un costo relativamente elevado) sin ceder a las presiones de los buitres. La reacción de los fondos litigantes no tardó en llegar. A mediados de mayo solicitaron a Griesa que declare que los Bonar 2024 constituyen “deuda externa” y amplíe su orden vigente para prohibir que Argentina pague esos títulos (o cualquier otro vencimiento de deuda externa) si no les abona todo lo que reclaman. Hasta ahora la orden sólo alcanza a los bonos en moneda extranjera emitidos en los canjes de 2005 y 2010.

Ayer Griesa habilitó la discusión y ahora los buitres deberán presentar su propuesta de reformulación.

Como todavía se desconoce el detalle de la pretensión de Aurelius, Blue Angel y compañía, las potenciales consecuencias caen en el terreno de la especulación. Si el magistrado concede lo que insinuaron en sus primeros escritos, la nueva orden sería abstracta para los inversores argentinos que poseen Bonar 2024 ya que lo hacen en la plaza local a través de Caja de Valores. Donde podrían existir complicaciones para cobrar es en el caso de los acreedores en el extranjero. Si el mecanismo de pago para esos tenedores involucra alguna entidad como Euroclear o Clearstream, cajas compensadoras utilizadas para transferir fondos hacia Europa, es posible que enfrenten dificultades.

El abogado Sebastián Soler advirtió en un artículo publicado en Página/12 que “aun si se examina la demanda desde la lógica jurídica desembozadamente parcial con la que Griesa ha evaluado anteriores presentaciones de los fondos buitre, esta pretensión desmesurada enfrenta obstáculos insalvables”. El master en Derecho Internacional de la Universidad de Harvard recordaba entonces que, cuando a pedido de los fondos buitre Griesa resolvió bloquear los pagos de los bonos en dólares regidos por ley argentina, argumentó que lo hacía porque se trataba de bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010 y porque constituían “deuda externa” conforme la definición del contrato Fiscal Agency Agreement que regía los títulos cuyo pago reclaman los fondos buitre. “Los Bonar 2024 no son ninguna de las dos cosas: no son bonos de los canjes porque fueron emitidos por primera vez en 2014 y tampoco son deuda externa porque fueron ofrecidos exclusivamente en la Argentina (una de las excepciones a la definición de deuda externa contempladas en el Fiscal Agency Agreement), sin que el Gobierno realizara ninguna de las conductas que Griesa consideró relevantes en su fallo de marzo”, explica Soler. La decisión del juez no implica confirmar el pedido buitre, pero su historial permite anticipar que ese será el camino. Si Griesa convalida el pedido buitre la ampliación podría ser apelada.