Un grupo de diputados del oficialismo impulsa un proyecto de ley para subsidiar la instalación del sistema de pago con tarjeta de débito y crédito en los comercios más chicos. La iniciativa se conoce luego de que la semana pasada un fallo judicial de primera instancia ratificara la obligatoriedad del posnet para la venta minorista. Esa decisión despertó malestar entre los comerciantes, que plantean que en muchos casos la informalidad (o, al menos, la venta al contado) les permite mantener en pie el emprendimiento. Frente al proyecto legislativo, el sector privado advirtió que el Estado tiene que regular las tarifas que posnet y los bancos cobran a los comercios para que tenga efectividad.

En la economía de cualquier país periférico conviven el sector formal y el informal. Uno depende del otro, y el peso de cada uno incide sobre la precariedad de las condiciones de trabajo, la estabilidad empresaria y los ingresos fiscales. Las dos caras más visibles del fenómeno de la informalidad es el trabajo no registrado y la no facturación. Si se toma en cuenta el dato de empleo, un tercio de la economía no está declarada.

“El Estado ha permitido que millones de personas se incorporen al consumo a través de la bancarización, evitando cualquier intermediación política. Para que los fondos que distribuye el Estado en todas sus versiones (tarjetas de débito y tarjetas de crédito) no se concentren en las grandes cadenas es necesario un sistema que permita a los pequeños comercios obtener las terminales electrónicas para vender bajo las mismas condiciones”, define el proyecto de ley elaborado por el diputado nacional por Mendoza Guillermo Carmona, del Frente para la Victoria.

La iniciativa propone la creación del Programa de Terminales de Pago Remota para Comercios Minoristas. Establece que el Estado nacional subsidie el sistema de pago electrónico para monotributistas hasta la Categoría E –hasta 144 mil pesos anuales de facturación–, “el que estará orientado a cubrir el ciento por ciento del valor del costo de operación y mantenimiento por dos años”. La idea es que el Banco Nación negocie una tarifa especial del aparato de cobro, que subsidie su instalación en el comercio y también parte de la tarifa que por cada venta el establecimiento debe pagar a la empresa. “El Estado lo recuperaría en impuestos, bancarización e información”, indica la norma.

El plazo máximo para la instalación de las terminales de pago remota pasaría a ser de dos años según el proyecto de ley, en lugar de la obligatoriedad actual, que rige a partir de una resolución de la AFIP que fue ratificada días atrás por la Justicia. El proyecto oficial destaca que la bancarización permitiría a los comercios trabajar con la Tarjeta Argenta de la Anses, con Precios Cuidados y con el plan Ahora 12.

También Economía podría exigir a la firma Posnet que haga su aporte para el subsidio de la tarifa. Ese tema es sensible, porque las pymes advierten que los costos financieros muchas veces son expulsivos. “Es un enorme volumen de negocios que cae en manos de una empresa privada de cobro. El Estado tiene que regular esta tarifa”, señaló a este diario Raúl Zylbersztein, secretario general de Cgera. Las tasas sobre la facturación de los comercios van del 2 al 10 por ciento, advierten fuentes privadas.