El jueves comenzará en La Rioja el esperado megajuicio por los crímenes cometidos contra cincuenta integrantes de distintas organizaciones sociales y políticas durante la dictadura militar. La mayoría de ellas son sobrevivientes, parte de ellos integrantes de los grupos juveniles de la pastoral del obispo Enrique Angelelli. Entre los acusados está Luciano Benjamín Menéndez, responsable del Tercer Cuerpo del Ejército, con doce condenas sobre la espalda. Con él será juzgado el emblemático ex juez federal Roberto Catalán y otros 16 acusados entre militares, gendarmes y policías. Catalán está procesado como partícipe secundario de los delitos de homicidio calificado, privación ilegítima de la libertad, allanamiento ilegal, imposición de tormentos y organizador de una asociación ilícita. Uno de los ejes de este debate estará dado por el funcionamiento del centro clandestino conocido como el IRS, Instituto de Rehabilitación Social, por donde pasaron las víctimas. Los acusados serán juzgados por desapariciones forzadas, privaciones ilegales de la libertad y tormentos, pero también hay una imputación por aborto doloso.

“A partir de 1975 y hasta 1979 hubo detenciones indiscriminadas sobre más de 900 personas que entraban y salían del centro clandestino, hechos que todavía no llegaron a juicio”, dice a Página/12 Diana Quiros, quien fue parte de las organizaciones juveniles de entonces y fue secuestrada a los 16 años.

Las detenciones en La Rioja tuvieron varias etapas. La primera comenzó en abril de 1975, sobre todo entre grupos organizados en torno de la Pastoral. La segunda se dio en noviembre sobre militantes del Partido Auténtico y luego llegaron los secuestros masivos a partir del golpe. Para entonces, Diana ya estaba detenida. Fue secuestrada en abril, cuando “empezó la persecución sobre la Iglesia”. “Ellos nos decían que por culpa de esos curas y de las monjas nosotros estábamos ahí, porque nos habían ‘llevado por el mal camino’. Eso significa que a Angelelli ya lo tenían en la mira.”

La mayor parte de las víctimas siguieron el mismo recorrido. Estuvieron en el IRS que a partir de abril quedó en manos del Ejército y luego del golpe pasó a depender de Gendarmería. Luego siguieron camino a las distintas cárceles del país. Diana llegó a Devoto. En 1978, durante el Mundial, la dictadura volvió a trasladar a La Rioja a varios prisioneros derivados a otras provincias, los tenían aquí como rehenes durante el Mundial.

El IRS tenía un galpón que todavía muchos recuerdan. Los detenidos le decían el Luna Park: “Era inmenso –contó Diana–, donde se daban los golpes y todo tipo de torturas.”

Este juicio es uno de los primeros que comenzó a instruirse en la provincia, pero su avance fue lento sobre todo por la presencia de Catalán. Empieza cuando terminaron otros dos juicios emblemáticos: los asesinatos de los curas de Chamical y el juicio por el obispo Angelelli. Esos antecedentes y el avance de las investigaciones contra jueces en distintos puntos del país parecen haber allanado finalmente el camino para llegar hasta acá. “Fue producto de la enorme tarea realizada por los organismos de derechos humanos y los ex presos políticos de La Rioja”, explicó el abogado y querellante Guillermo Díaz Fernández. “La presencia de Catalán trabó muchísimo la elevación a juicio, por los distintos planteos que en realidad eran chicanas. Intentaron que nunca llegara el juicio. Pero viéndolo a la distancia, fueron importantes las causas previas para despejar toda duda sobre el plan sistemático y porque permitió acumular prueba directa e indirecta sobre los distintos ejecutores. Y permitieron obtener más pruebas sobre Catalán.”

Albino Rogelio Soria fue detenido en 1975. Estaba en Córdoba. Estuvo dos meses secuestrado en La Rioja y luego seis años a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. “Con Catalán se va a comenzar a ver la participación civil que colaboró en el terrorismo de Estado –dijo– porque nosotros teníamos que declarar ante el juzgado federal presionados por los militares o la policía. Verlo en el banquillo realmente dice que se hace justicia, porque nuestra vida dependía de esa Justicia.”

Diana describió la intervención del entonces juez federal en clave de lista de pruebas: “Presenciaba los interrogatorios que hacían los militares. Ha sido señalado por varios testigos presentes cuando se hacían los famosos traslados a las cárceles de Buenos Aires. Varios ex presos confirmaron que estuvo en la puerta del Hércules en el que nos llevaban. También señalaron que estaba en el centro clandestino durante la tortura, aparte de haber negado cantidad de hábeas corpus”.

Entre los imputados hay integrantes del Ejército, Fuerza Aérea, Policía Federal, de la provincia y Gendarmería. Entre ellos están Eliberto Goenaga, coronel retirado, a cargo de la Jefatura de Inteligencia del Batallón 141; Hugo Norberto Maggi, teniente coronel retirado, y Leonidas Carlos, médico del Ejército a quien los prisioneros sitúan en la tortura. También Luis Fernando Estrella, segundo jefe de la Base Aérea de Chamical, condenado por los homicidios de los sacerdotes de Angelelli; José Félix Bernaus, ex comisario, jefe de la Delegación La Rioja de Policía Federal en 1975; Roberto Ganem, subordinado de la PFA; Enrique Félix Moreno, Miguel Angel Ramaccioni, Jose Chelito Gay y Juan Facundo Quiroga del Departamento Inteligencia (D2) de policía de La Rioja Y Renardo Teodoro Sánchez, entonces director del IRS.