Cuando a Diana Malamud le tocó hablar ante el auditorio del Colegio Público de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, recordó el motivo de la charla a la que fue invitada a participar: “Estuvimos aquí para hablar de las consecuencias psicológicas, jurídicas y ético-políticas del encubrimiento del atentado a la AMIA. Bueno, las consecuencias para nosotros fueron numerosas y muy dolorosas, porque el dolor es muy grande cuando después de 21 años nos enfrentamos a los poderosos y no tenemos dimensión de cuánto poder aún tienen. Pero el juicio nos encuentra pisando fuerte”, puntualizó la viuda de Andrés Malamud, una de las 85 personas que murieron en la explosión que voló el edificio de la mutual judía en julio de 1994, y miembro de Memoria Activa, una de las agrupaciones de familiares de las víctimas del atentado que, desde el jueves, encabezará una de las seis querellas en el juicio a 13 ex funcionarios políticos, judiciales, policiales y de la comunidad judía por haber desviado la investigación. Ayer a la tarde, en la misma charla, Sergio Burstein coincidió con Diana, después de mucho tiempo de pensar distinto. “La búsqueda de la verdad nos encuentra de pie”, consideró el dirigente de 18J, otra agrupación de familiares, y viudo de Rita Worona, cuando fue su turno frente al micrófono.

El subsecretario de Política Criminal nacional y titular de la querella del Estado en el debate, Luciano Hazan; el director del Centro de Estudios Legales y Sociales, Gastón Chillier, los abogados Beinusz Szmukler y Eduardo Barcesat y el periodista de Página/12 Raúl Kollmann completaron el panel de la charla debate que Luis Ohman, presidente del Capítulo de Criminología y Psiquiatría de la Asociación de Psiquiatras Argentinos y organizador de la jornada, presentó como un “espacio de reflexión”. “No importa que seamos pocos hoy, esperamos ser muchos más durante el juicio” por el encubrimiento del atentado que comenzará el jueves, a cargo del Tribunal Oral Federal número 2. Es que, para Ohman, “éste no es un conflicto entre familiares y la Justicia, sino entre la sociedad argentina, que tiene una herida abierta hace 21 años, y una Justicia facciosa, clandestina, que habrá que ver si es posible desarticular”.

Malamud habló de “soledad” para referirse a “los 21 años de lucha” que sostuvieron los familiares de las víctimas y sobrevivientes del peor atentado en la historia del país ya que “la sociedad no se ha comprometido”. No obstante, remarcó que “es importante” que el público asista a las audiencias, que durante las próximas semanas y hasta que finalice el debate oral por el choque de un tren de la línea Sarmiento en la estación Once que dejó 51 muertos, contará sólo con un encuentro semanal. “Es lo único que lo hará transparente. Los familiares y la sociedad toda tenemos que ser los actores principales en este proceso, tenemos que fiscalizarlo para que no sea una mentira”, abogó.

El primer debate oral que discutió la voladura de la sede mutual judía culminó con la anulación de la investigación previa y el inicio de una nueva, destinada a determinar quiénes y por qué pagaron coimas, obligaron a mentir y mintieron para desviar la línea que llevaba a la denominada “pista siria”. Esa nueva pesquisa culminó, casi una década después, en el proceso y la imputación del ex presidente Carlos Menem; el ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y los operadores judiciales que instruyeron aquella primera línea, el ex juez federal Juan José Galeano y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia por encubrimiento. En la misma situación se encuentran ex policías federales, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, el reducidor de autos Carlos Telleldín, su abogado y su ex mujer.

Para Burstein, la calificación de su accionar “no es correcta”: “Estamos convencidos de que todos aquellos que nos vendieron pescado podrido son cómplices del hecho y de los que lo planificaron”, apuntó. La expectativa es “lograr justicia” por “la mentira”, más allá de la posibilidad de que surjan datos nuevos que echen luz sobre el atentado en sí. “Es la primera vez que se va a juzgar a la síntesis del poder de esa época. Nunca antes tuvimos en Argentina un juicio de esta naturaleza”, apuntó Kollmann, quien calificó al debate próximo como “un desafío”.

“El juicio va a explicar la impunidad en el caso AMIA, pero también va a mostrar el funcionamiento de la Justicia federal”, añadió Hazan, quien dirigirá la querella en representación del Estado, una participación “excepcional” que tiene su origen en “el compromiso que asumió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a impulsar la investigación en torno del atentado y del encubrimiento”. La querella que representa intentará probar que las “actitudes delictivas de personas que ocupaban cargos relevantes” durante la investigación de la voladura de la sede porteña de la mutual judía son delitos de lesa humanidad. Chillier, representante del CELS –que acompañó a Memoria Activa durante el litigio contra el Estado argentino en la CIDH– en la mesa de expositores, también habló de impunidad, de reparación y de justicia. Para él, el debate que comienza esta semana “puede ser un primer paso en el sentido de reparación” para los familiares: “Que esté sentado el poder del pasado reciente y que ponga en juego la capacidad de la Justicia Federal de investigarse a sí misma es un primer remedio. Está lejos de ser suficiente, pero es un remedio”, apostó.