Funcionarios del gobierno porteño podrían ser denunciados penalmente por habilitar establecimientos a operar como casas de cambio, siendo esa una prerrogativa del Banco Central. El titular del ente monetario, Alejandro Vanoli, informó ayer del hallazgo de 17 cuevas financieras que contaban con Certificados de Habilitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (ver facsímil), sin previa autorización del BCRA, lo que representa un delito en el Régimen Penal y Cambiario. En una conferencia de prensa, en la que se anunciaron créditos para asistir a los damnificados por las inundaciones (ver página 20), adelantó que impulsará hoy en la reunión de Directorio del BCRA una presentación ante el Ministerio Público Fiscal para evaluar los “cursos de acción que puedan corresponder”. El organismo intimó a la administración macrista, que respondió que la habilitación era para cotejar condiciones de higiene y seguridad. “Es increíble que no se haya consultado al Banco Central antes de dar autorización”, sostuvo el titular del Central.

El descubrimiento tuvo lugar en el marco de una profundización de la política de supervisión y control en materia financiera y cambiaria que se registra desde octubre pasado. Sólo en lo que va del año se llevaron a cabo 69 procedimientos, de los cuales 61 casos (un 88 por ciento) ofrecieron resultados exitosos, es decir, se encontró algún tipo de irregularidad. Entre los allanamientos aprobados por la Justicia desde entonces llamó la atención el del 23 de febrero último, en el cual se detectó que el local contaba con un certificado de habilitación del Gobierno de la Ciudad para operar como casa de cambio, relató Vanoli. Lo que podría haber sido un caso aislado quedó contrastado por un operativo el 16 de marzo, donde se detectó otro establecimiento en las mismas condiciones.

Hasta el momento se detectaron 17 establecimientos con certificados de habilitación otorgados por el gobierno porteño en infracción a la Ley 19.359 del Régimen Penal Cambiario, con fecha de inicio de actividades entre 2004 y 2012, denunció el funcionario. El 14 de abril pasado el Central requirió al Gobierno de la Ciudad que entregue un detalle de los domicilios a los que se otorgó la habilitación para actuar como “Casa de Cambio”. También se le reclamó que cese en su accionar y dé intervención al BCRA previo al otorgamiento de la habilitación y que informe el curso de acción a adoptar en relación con los establecimientos observados.

Las autoridades porteñas no contestaron los requerimientos y el 21 de mayo pasado el Central reiteró la intimación. “El 26 de junio se recibió una respuesta del GCBA que el BCRA consideró insatisfactoria”, detalló el organismo monetario. “La respuesta incluyó un listado incompleto de establecimientos habilitados para operar en cambios y la argumentación de que las habilitaciones se otorgaron para cotejar las condiciones de higiene y seguridad”, detallaron. Según explicó el funcionario, el otorgamiento de dichos Certificados de Habilitación representaría una violación a las disposiciones de la Carta Orgánica del organismo y de un conjunto de normas, como el Régimen Penal Cambiario, que estipula la previa intervención del BCRA para autorizar la operación de una casa de cambio.

“Esto puede derivar en una denuncia penal a los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires que autorizaron esta situación”, aseguró el presidente del Central. El organismo resolvió poner en conocimiento de la situación al Ministerio Público Fiscal para que evalúe los cursos de acción que puedan corresponder. En la reunión de Directorio que se realizará hoy en el Central se analizará el texto de la presentación. “El funcionamiento de locales habilitados por el Gobierno de la Ciudad para la actividad cambiaria sin la debida intervención del Banco Central perjudica notoriamente el normal desarrollo de las funciones de fiscalización y control”, resaltaron desde el Central.

Vanoli reiteró que continuarán estos operativos y destacó los valores secuestrados en los últimos allanamientos realizados en Bariloche. Tal como informó este diario, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias decomisó el equivalente a 17,6 millones de pesos en divisas de ocho cuevas financieras que operaban en la arteria principal de esa ciudad turística.