Un universo de 1345 empresas de todo el país fue sancionado por incumplir con la normativa laboral. Los nombres de las compañías están disponibles en el Repsal, el listado público de empleadores infractores lanzado en diciembre del año pasado dentro del paquete de leyes impulsadas para combatir el núcleo duro de la informalidad laboral. El empleo no registrado está concentrado en micro y pequeñas unidades productivas. Con ese diagnóstico, las principales centrales empresarias del país despotrican contra la “competencia desleal” de quienes reducen abusivamente sus costos laborales. Sin embargo, las grandes firmas son activas usuarias de las estrategias de precarización. Los registros del Ministerio de Trabajo a los que accedió Página/12 revelan que existen alrededor de 100 firmas con más de 100 trabajadores en las que se detectaron trabajadores sin registrar. En ese grupo de grandes infractores sobresalen cinco compañías con más de 1000 empleados: el supermercado Dia, la empresa Carsa, que forma parte de la cadena Musimundo, la prestadora de servicios de colocación de personal Grupo Gestión y dos compañías del sector sanidad, Basa Salud y el Instituto Quirúrgico del Callao, esta última la única que ya abonó su multa.

La informalidad laboral es el principal problema del mercado de trabajo argentino. Las significativas mejoras experimentadas a lo largo de la última década lograron quebrar la trayectoria ascendente abierta a mediados de los setenta, pero todavía hay 4,7 millones de asalariados informalizados. Si bien 6 de cada 10 trabajadores informales se desempeñan en microestablecimientos, el 40 por ciento restante son asalariados no registrados (1,1 millón de personas) que desempeñan tareas en medianas y grandes empresas.

La Ley de Promoción del Empleo Registrado y Prevención del Fraude Laboral aprobada el año pasado creó dos conjuntos de herramientas: incentivos para que los microempresarios avancen en la regularización y el fortalecimiento de las capacidades de fiscalización y sanción de los empleadores infractores. En ese esquema, el listado de infractores operaría como un mecanismo de disuasión y penalización. El Repsal establece un conjunto de penalidades y restricciones de acceso a beneficios estatales para que las empresas evasoras no puedan competir en forma desleal usufructuando de las ventajas económicas derivadas de incumplir con las normas. La estadía mínima en la lista son 60 días y la máxima asciende a tres años, dependiendo de la gravedad de las irregularidades detectadas. La pertenencia a ese grupo impide a los empleadores acceder a programas, acciones de fomento o subsidios del Estado. También los deja afuera de líneas de crédito de bancos públicos.

Los datos de la cartera laboral revelan que más del 20 por ciento de las sociedades expuestas en el registro emplean más de 50 trabajadores. Se trata de empresas prestadoras de servicios de salud, transportistas, comercios y constructoras, un conjunto de firmas que se repiten en todo el listado. Las 20 compañías infractoras más grandes emplean entre 209 y 9407 trabajadores. Las irregularidades fueron detectadas en todo el país. Por ejemplo, en Chaco se identificaron asalariados no registrados trabajando para la firma transportista San José y el grupo asegurador La Segunda.

La detección de las irregularidades depende de las tareas de fiscalización. Según admiten los propios funcionarios de la cartera laboral, como el ministro Carlos Tomada y la secretaria Noemí Rial, en ese área todavía queda un largo camino por recorrer. Entre los avances destacan la informatización de los procesos, la incorporación de nuevos inspectores y la ampliación de las capacidades de control. Pero advierten que persiste un importante grupo de provincias (son las que tienen las mayores atribuciones a la hora de realizar los controles) reticentes a cooperar y comprometerse con las tareas de inspección. Asimismo, los responsables de los equipos de fiscalización remarcan la necesidad de duplicar de 400 a 800 la cantidad de trabajadores dedicados a esas tareas, así como la importancia de coordinar las tareas con el resto de los organismos públicos que realizan trabajos similares.