La firma alemana de autos Volkswagen admitió haber equipado once millones de coches en todo el mundo con un software que manipula datos de emisiones contaminantes. A raíz del escándalo, desde el viernes la cotización de la empresa en la Bolsa de Frankfurt bajó un 35 por ciento. El caso fue destapado en Estados Unidos, que ya anunció la apertura de una investigación penal. El presidente de Volkswagen, Martin Winterkorn, aseguró estar “profundamente apesadumbrado por haber defraudado la confianza de la gente”. La firma podría recibir una multa multimillonaria, según la normativa norteamericana, que ya aplicó sanciones por otros motivos a General Motors y Toyota. La canciller alemana, Angela Merkel, exigió públicamente “transparencia total”.

Volkswagen es desde mediados del siglo XX la nave insignia de la poderosa industria alemana. Esa es la dimensión del actual escándalo. “Nuestra compañía fue deshonesta con la EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos) y el comité de Recursos del Aire de California, con todos ustedes. La embarramos totalmente”, admitió con un grado de crudeza pocas veces visto para un representante del sector privado Michael Horn, director ejecutivo de Volkswagen.

La automotriz tuvo que admitir que once millones de vehículos diésel están equipados con dispositivos que pueden trampear las pruebas de emisiones contaminantes, algo que fue descubierto por las autoridades regulatorias norteamericanas. El fraude podría alcanzar a las marcas Volkswagen, Audi y también Seat, Skoda y Porsche. También Italia, Francia y Corea del Sur anunciaron la apertura de investigaciones.

Además de Merkel, el ministro de Economía, Sigmar Gabriel, se refirió al asunto y aseguró que “los productos alemanes seguían siendo fiables”. En tanto, la Federación Industrial Alemana difundió un comunicado en el que resaltó que “esto afecta actualmente a una sola empresa y suponer que concierne a todo un sector industrial o a toda la industria alemana es pura especulación”. Por lo pronto, Volkswagen detalló que ya realizó una previsión contable de 6500 millones de euros (quebranto preventivo en sus balances) para afrontar posibles multas.