El candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, afirmó que “con (Mauricio) Macri se viene el aumento de tarifas. Conmigo se van a garantizar los subsidios: que no aumente la boleta de luz, ni de gas, ni el transporte. Ellos hablan de sacar los subsidios y de una gran devaluación”. La primera en levantar la bandera fue la candidata a vicepresidente del PRO, Gabriela Michetti. Lo hizo con cuidado y apuntando al indefinido colectivo de “la clase media”, casi a tono de renunciamiento. “Hay una parte de la clase media, en la que me incluyo aunque me saqué los subsidios, que está pagando tarifas de luz y gas que son irrisorias”, marcó. “No podemos estar pagando la luz, el gas y hasta el transporte como lo estamos pagando”, detalló.

Más revelador fue Carlos Melconian, el economista más escondido por el PRO en el último tramo de la campaña: “Cuando el mercado de cambios tenga el precio relativo que corresponde (o sea; una vez que se devalúe fuerte) el primer sufridor (sic) del mercado de cambios será el gas”, detalló. “Acá estamos por un lado con la necesidad de llevar el gas a los precios que corresponde para ir terminando con los subsidios y en el vestuario arrancamos 2 a 0 abajo si el tipo de cambio se lleva puesto al gas”, resumió. El dato esencial que puso sobre la mesa Melconian es otro de los tantos que prefirió silenciarse durante la campaña: la fuerte relación entre los precios de las tarifas de los servicios públicos y el valor del dólar.

El nivel de las tarifas no es un dogma y seguramente demandan todavía mucha sintonía fina. Al respecto, la designada ministra de Economía de un eventual gobierno sciolista, Silvina Batakis, explicó que “lo que nos interesa es mantener la progresividad en todos los sistemas, no sólo en el tributario, sino también en el de tarifas”. La actual funcionaria bonaerense resaltó los distintos niveles del problema y su relación con el tipo de cambio. Existen “muchos contratos de provisión energética en dólares, lo que supone que si hay devaluación hay impacto, nadie habla de estos contratos dolarizados cuando se dice que una devaluación no va a afectar los precios o que no afectaría al déficit”.

La eventual ministra explicó los distintos tipos de subsidios a la energía. “Están los que van directamente a los consumidores. Son los que llegan en las boletas, están los que van a las empresas, generadoras y distribuidoras, y están los que van a la economía real”. Según Batakis “los subsidios que llegan en las facturas de hogares con ingresos muy altos no tienen por qué estar, pero la mayor cantidad de recursos no van a este sector, están en las economías y en los subsidios que reciben las empresas que brindan y generan la energía. Y aquí sí es necesario ser muy cuidadosos con lo que se hace. Obviamente que se necesita un plan de largo plazo para ir conciliando todos los precios de la economía, pero no se pueden eliminar de ninguna manera de un día para otro”.

De las declaraciones de Batakis surge que los elementos que interactúan con los subsidios ya son tres: nivel de tarifas, precio del dólar y resultado fiscal. Sobre estos tres puntos trabajaron los economistas de la ultraliberal FIEL, segura cantera de funcionarios de un eventual gobierno macrista, como lo fue de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, tiempos en que Ricardo López Murphy, ex economista jefe de la consultora, ocupó el Ministerio de Economía. Lo que hace realmente imperdible el Documento de trabajo N 122 de FIEL, “Subsidios a la energía, devaluación y precios”, fechado el 30 de abril de este año y firmado por el economista Fernando Navajas, es que el propio investigador, de quien nadie podría sospechar propensión a subsidiar, parece sorprendido por los resultados obtenidos.

La primera preocupación del think thank es lo que llama “populismo energético”. El consumidor de energía es también un votante, por lo que la decisión gubernamental de subsidiar no sería económica, sino meramente clientelar. Las transferencias al consumidor-votante, al mejorar el bolsillo y el bienestar de quien sufraga, provocarían que termine votando por su benefactor. La segunda preocupación son las ganancias de las empresas proveedoras de servicios y la tercera el déficit presupuestario. La crítica a los subsidios se centra en que representan un gasto creciente en contextos de freno del PIB, lo que profundiza el déficit, pero también que el costo resulta parcialmente pagado por las empresas proveedoras. La última parte de la argumentación es extraña, porque los subsidios van precisamente a las empresas, pero el imaginario neoliberal imagina que la cosa funcionaría mejor sin intermediaciones y con precios “libres”, algo aún más extraño tratándose de servicios regulados, como los públicos. De todas maneras la idea es que las tarifas que hoy reciben las empresas estarían por debajo o cercanas a los costos, lo que traslada las inversiones de reposición hacia el futuro y acumula desequilibrios finalmente carísimos.

Superada la argumentación, la investigación avanza con los números. Así como subsidiar bajó costos y aumentó el ingreso disponible del consumidor-votante que paga menos por sus tarifas, dejar de subsidiar provoca el efecto contrario, los precios aumentan, es decir, tiene efecto sobre la inflación y el ingreso de los consumidores. Si se dan por verdaderos los números de 30 páginas de supuestos, parámetros y ecuaciones: ajustar las tarifas para eliminar el déficit generado por los subsidios energéticos en las cuentas públicas provocaría alrededor de 11 puntos de inflación. El resultado preocupa sobremanera al autor por la simple razón de que no es consistente con el objetivo principal de equilibrar las cuentas: “El argumento de que el efecto de estabilización fiscal de una reducción de subsidios va a dominar en el corto plazo no se verifica”. En palabras de Navajas: “Este resultado es sensible a algunos efectos, como el tamaño de reducción del consumo luego del aumento de precios”, es decir; no es sólo a la inflación, sino a la caída del poder de compra motivada por los mayores precios.

A partir de aquí el cóctel comienza a ponerse explosivo. Al efecto inflacionario de la suba de tarifas debe sumársele la devaluación ya prometida por el ex JP Morgan Alfonso Prat-Gay, posible ministro de Economía de un eventual gobierno de Mauricio Macri. Dado que el país no se autoabastece de energía, que parte de ella es importada y que muchos contratos están dolarizados, los precios de los servicios subirían más que proporcionalmente. Esta suba retroalimentaría el efecto negativo sobre los salarios y el consumo, pero además daría pie a lo que FIEL, no los economistas del FpV, advierten como “un shock inflacionario” que demandaría “una operación de estabilización fiscal más amplia para controlar la inflación que concentrarse sólo en eliminar los subsidios a la energía”. Sintetizando y sin apartarse un milímetro de la argumentación del think tank neoliberal: la eliminación indiscriminada de subsidios provocaría un aumento muy sensible de los precios: nada menos que 11 puntos de inflación. Luego, siguiendo la lógica de la consultora, una cosmovisión similar a la de la Alianza Cambiemos, ello demandaría profundizar el ajuste. Pero dado que buena parte de los precios de la energía están dolarizados, si se suma una devaluación como la prometida por Prat Gay se sumaría un shock inflacionario. No hace falta detallar cuales son los efectos de un panorama semejante sobre los salarios, el consumo y el nivel de actividad. Lo peor de todo es que antes de resolver el problema fiscal que se quería combatir, la eliminación de subsidios provocaría un problema aun peor derivado de la acción del verdadero generador de déficit: la contracción del PIB o achicamiento de la economía.

En 2015, sin contar las partidas para inversión en centrales eléctricas, que alguna prensa confunde con subsidios, las transferencias energéticas sumaron cerca de 150.000 millones de pesos, un importe que en la práctica se ahorran los consumidores. Si bien el 60 por ciento de esta cifra se distribuye en el Area Metropolitana de Buenos Aires ello se debe a que la demanda eléctrica es más fuerte en el área geográfica de mayor desarrollo relativo y concentración de la población. Sus efectos económicos son dobles. Para las empresas, la energía barata mejora la ecuación de costos, y por lo tanto la competitividad, y para las familias liberan recursos que, generalmente, retroalimentan el consumo. Si el carácter universal de estos subsidios provoca alguna injusticia distributiva al llegar marginalmente a sectores que no los necesitan, debe ser corregido, pero sus efectos macroeconómicos combinados son evidentes.

Un capítulo aparte merecen los subsidios al transporte de pasajeros, también concentrados en el AMBA. De acuerdo a cifras del Ministerio del Interior y Transporte, sin subsidios el boleto de colectivos y trenes superaría en promedio los 10 pesos para los viajes dentro de la Ciudad Autónoma y los 11 pesos hacia el conurbano, viajes que en el presente rondan los 3 pesos. Este diferencial es posibilitado por los transferencias a las empresas transportistas, colectivos y trenes, por alrededor de 60.000 millones de pesos anuales. Si bien se trata de un sistema perfectible, su eliminación tendría un fuerte impacto en el bolsillo de quienes hacen uso del transporte público.

Regresando a la energía, la contracara de los subsidios es que a partir de determinado nivel, en función del volumen de producción y el nivel de demanda, los subsidios se vuelven deficitarios y crecientes, lo que motiva que se desplacen al centro del debate económico. Otro efecto indeseado, cuando las tarifas quedan baratas para una porción de los consumidores, es el sobreconsumo o el derroche de un bien económico que, a partir de la pérdida del autoabastecimiento y la reaparición de la escasez de dólares, impacta sobre el balance de pagos. Dicho de otra manera, la incidencia en períodos de contracción sobre el déficit en moneda local no es la principal preocupación, sí lo es cuando comienza a impactar, como en el caso de la energía, sobre el déficit externo. Por eso también para los economistas del Frente para la Victoria existe el imperativo de una revisión gradual, una tarea inconclusa que comenzó a realizarse a partir de 2011, pero muy distinta a la política de shock que también en esta área propone la oposición.

La decisión política de subsidiar la producción y el consumo de energía, apuntaló el crecimiento durante una década, funcionó como mecanismo de redistribución de la renta energética, pero comenzó a generar “indirectamente” un desbalance en divisas, lo que demandó correcciones. Para el neoliberalismo, en cambio, el problema es solamente contable y pasa, en todo contexto, por reducir el gasto bajo el objetivo mayor de tener un Estado con menor peso en el PIB y en las decisiones de producción.

Quita de subsidios, más devaluación, más retroalimentación del déficit y achicamiento de la economía podrían hacer que pasar el invierno termine siendo más duro, y sobre todo más frío, que en tiempos de Alvaro Alsogaray.