Página/12 En España

Desde Barcelona

La agenda política española seguirá, a partir de hoy, la flecha que el independentismo catalán lanza desde su Parlamento. Tras las elecciones regionales que el 27 de septiembre dieron por vencedoras a las fuerzas soberanistas, el proceso hacia la separación del resto del Estado se articuló a tal velocidad que –pese a los mil intentos que el gobierno central y los partidos españolistas hicieron por frenarlo– consiguió llegar en menos de un mes a su primera meta: la aprobación de la declaración que daría formalmente inicio al camino hacia la creación de una república catalana independiente.

El texto, presentado por Junts pel Sí –la coalición que integran el partido de Artur Mas (Convergència Democràtica) y Esquerra Republicana– y la formación independentista y anticapitalista CUP, se vota hoy, horas antes de que se decida también en el Parlamento regional la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalitat (gobierno autonómico catalán). Mientras que la puesta en marcha de la resolución independentista está prácticamente garantizada por la mayoría de escaños que ostentan las agrupaciones favorables a la secesión, la repetición de Mas al mando del ejecutivo catalán no parece de momento factible debido a la negativa de la CUP a votar en su favor.

En cualquier caso, sea quien sea finalmente gobernador de Cataluña, el impulso soberanista no está dispuesto a detenerse y el pleno de este lunes constituye su primer gran paso. La resolución pactada por Junts pel Sí y la CUP habla de “iniciar solemnemente el proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república” e insta a empezar la tramitación de leyes como la de la seguridad social catalana o la instauración de una Hacienda propia. Según el texto, se pondría en marcha un proceso de “desconexión democrática masiva, sostenida y pacífica con el Estado español” que no se supeditará “a las decisiones de las instituciones del gobierno central”.

La resolución se refiere, explícitamente, al Tribunal Constitucional, al que considera “deslegitimado”, y remarca que la única soberanía reconocida es la del Parlamento. “Instamos al gobierno catalán a cumplir exclusivamente esas normas o mandatos emanados de esta cámara, legítima y democrática, con el fin de blindar los derechos fundamentales”, señala el texto.

La vicepresidenta del gobierno catalán, Neus Munté, declaró esta semana que seguirán adelante con la independencia, más allá de las “amenazas” de Mariano Rajoy y de la firme intención que el Tribunal Constitucional (TC) manifiesta de suspender el texto, una vez aprobado. Josep Rull, diputado de Junts pel Sí y coordinador de Convergència, fue taxativo cuando se le planteó si la resolución indicaba que estaban dispuestos a desobedecer al Constitucional: “Es un acto de obediencia al pueblo de Cataluña. A lo que la gente votó”, respondió.

Para intentar cancelar el pleno de hoy, el Partido Popular (PP) y Ciudadanos (C’s) presentaron recursos de amparo ante el TC, que este desestimó finalmente ya que considera imposible frenar el trámite parlamentario dado que “uno de los fundamentos del sistema democrático es que el Parlamento sea la sede natural del debate político”, según aseguró la providencia dictada este jueves por el alto tribunal.

Lo que sí admitió a trámite el TC fueron los recursos de amparo que el PP, C’s y los socialistas catalanes (PSC) presentaron también esta semana en contra de la resolución independentista de Junts pel Sí y la CUP, en representación de la “unión de las fuerzas constitucionalistas”. Xavier García Albiol, líder del PP catalán, declaró –tras la foto conjunta que los tres partidos se hicieron en un día que calificaron como histórico– que “el proceso de soberanía es imposible y es una tiranía inadmisible que no permitiremos que se lleve a cabo”. En la misma línea, Inés Arrimadas, la número uno de Ciudadanos en Cataluña, recalcó que “el Parlament, que representa a 7,5 millones de catalanes, no puede aprobar una resolución que deja a Cataluña al margen del país”.

Para Jordi Turull, presidente del grupo parlamentario soberanista, en cambio, los recursos interpuestos por C’s, PSC y PP “son la muestra de que intentan ganar en los tribunales lo que han sido incapaces de ganar en las urnas” y dejan al descubierto el “déficit democrático” que, a su juicio, caracteriza a las tres formaciones.

El frente antisoberanista que se está construyendo desde dentro de Cataluña respalda a otro que el gobierno central trata de levantar cada vez con mayor ímpetu. Durante las últimas dos semanas la agenda del presidente Mariano Rajoy estuvo marcada por una ronda de encuentros con los líderes de los principales partidos para tratar la cuestión de la independencia catalana de forma “urgente”. El jefe del Ejecutivo español se reunió con Albert Rivera –candidato a la presidencia por Ciudadanos para las elecciones del 20 de diciembre–, Pedro Sánchez –presidenciable por el Partido Socialista (PSOE)–, Alberto Garzón –Izquierda Unida–, y Pablo Iglesias –líder de Podemos– para proponerles un “pacto por España”.

Como era de esperar, el único que se alió sin reparos al plan de Rajoy fue el representante del partido de centroderecha, Ciudadanos. Rivera le ofreció al mandatario que cuente con los 25 diputados de su partido en el Parlamento catalán para cualquier acción coordinada que diseñe el gobierno contra el reto soberanista y lo instó a firmar “un pacto por España para que todos sepan que, gobierne quien gobierne el próximo 20-D, este país no está en juego, no se rompe y no se negocia”, según comunicó tras el encuentro que mantuvieron por una hora los dos dirigentes en La Moncloa.

La izquierda, en cambio, rehusó la propuesta de Rajoy y, luego de reunirse con él la semana pasada, las distancias entre ambos quedaron aún más delimitadas. Alberto Garzón, el candidato a la presidencia por Izquierda Unida, rechazó la “suerte de pacto de Estado” que busca el jefe del Ejecutivo porque, en su opinión, es “un teatro, al igual que el camino emprendido por Artur Mas, que se esconde en banderas para evitar que las clases populares de España y de Cataluña vean lo que tienen en común”. Pablo Iglesias coincide con Garzón en la reticencia hacia “los frentes antisecesión” porque, aunque aboga por la unidad de España, cree que la vía para conseguirla no es “la creación de búnkeres que llevan al inmovilismo”, tal como declaró después de su primer encuentro en persona con el presidente. “Está muy bien que la reunión se haya producido, aunque no estamos de acuerdo en casi nada”, señaló el líder de Podemos, quien defiende la celebración de un referéndum vinculante en Cataluña y en España.