“Con estos precios (las retenciones a la soja), deberían ser cero. Las retenciones son impuestos tremendamente malos. Te cobro 35 por ciento de tus exportaciones, no importa cuánto ganas. Hoy, hasta la soja da pérdida”. Unos de los candidatos a ministro de Economía de Cambiemos (PRO + UCR), Rogelio Frigerio, planteó concretamente en un reportaje radial la eliminación total de los derechos de exportación de la oleaginosa, cuando hasta ahora esa fuerza política sólo había atinado a declarar que reducirían cinco puntos de retenciones por año hasta su eliminación total. Una posible medida de estas características beneficiaría, con un efecto de corto plazo, a productores agropecuarios de cuatro provincias que concentran casi el 90 por ciento de la producción de este grano. La pregunta o reflexión que no aparece en los análisis del PRO es qué ocurrirá con el resto de las provincias argentinas luego de una posible eliminación total de retenciones a la soja, si se tiene en cuenta que el Fondo Federal Solidario es distribuido entre todas las jurisdicciones de manera automática para financiar obras de infraestructura. Entre 2009, año de inicio del llamado Fondo Sojero y 2014, el conjunto de las provincias pudieron financiar obras por casi 50.000 millones de pesos.

El Fondo Federal Sojero surge de detraer el 30 por ciento de lo que se recauda en concepto de retenciones a la soja. Es decir, se toma una porción de la renta al sector agropecuario para distribuirla directamente a provincias y municipios de todo el país, algunos de los cuales no tienen soja ni a cien kilómetros a la redonda. Como su nombre lo indica, este mecanismo de distribución de recursos fue pensado como un instrumento federal. De eliminarse directamente las retenciones a la soja, las provincias se verían desfinanciadas, al menos en un primer momento.

Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe concentran el 87 por ciento de la producción sojera del país. Entre 2003 y 2014, la provincia de Buenos Aires incrementó su participación sobre el total de la soja producida en el país en 7 puntos porcentuales, Córdoba lo hizo en 1,4 puntos, Entre Ríos un 0,1 y Santa Fe perdió 10 puntos de participación. “¿Por qué tenemos que pagar retenciones si esa plata después no vuelve a nosotros?”, afirman los productores sojeros desde 2008. El FFS demostró que eso no es así. Incluso, Santa Fe es una de las jurisdicciones que más recursos recibe a pesar de haber reducido fuertemente su participación en la siembra de la oleaginosa. ¿Qué opinarán el conjunto de los gobernadores si de un día para el otro se quedaran sin los recursos que pueden (y deben) destinar a obras productivas? Eso es lo que está en juego detrás de una potencial eliminación del cien por ciento de las retenciones a la soja.

El FFS distribuye los recursos con las mismas alícuotas fijadas para cada jurisdicción por el actual marco legal de la Coparticipación Federal de Impuestos. En 2009, los recursos distribuidos fueron 2941,33 millones de pesos. La medida comenzó su aplicación recién en abril de aquel año. En 2010, el FFS representó 7457,76 millones de pesos, un incremento de 153 por ciento en relación al anterior período. Al año siguiente fueron 7249,44 millones. En 2012, 7325,99 millones. Al año siguiente hubo un fuerte crecimiento de 31,6 por ciento, ya que el FFS distribuyó 9644,38 millones de pesos.

Para analizar el impacto federal de los recursos del Fondo Sojero, Página/12 dará cuenta del desagregado por provincia de los 14.704,45 millones de pesos distribuidos en 2014, un incremento de 52,47 por ciento en relación a lo coparticipado en 2013. Los datos corresponden a la oficina de Presupuesto de Jefatura de Gabinete (medidos en millones de pesos): provincia de Buenos Aires (3118,96), Ciudad de Buenos Aires (350,41), Catamarca (391,14), Chaco (708,61), Chubut (224,68), Córdoba (1261,20), Corrientes (528,04), Entre Ríos (693,46), Formosa (517,01), Jujuy (403,49), La Pampa (266,74), La Rioja (294,09), Mendoza (592,30), Misiones (469,22), Neuquén (246,45), Río Negro (358,35), Salta (544,36), San Juan (480,10), San Luis (324,23), Santa Cruz (224,68), Santa Fe (1269,29), Santiago del Estero (586,85), Tierra del Fuego (175,13) y Tucumán (675,67).

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