La propuesta del nuevo gobierno para reducir los niveles de informalidad laboral consiste en eliminar los aportes personales y contribuciones patronales durante cinco años para cualquier empresa que incorpore trabajadores jóvenes. El promocionado plan “Primer Empleo” limita el abordaje del principal problema del mercado de trabajo argentino a la reducción de los costos laborales. La experiencia argentina evidencia que esas políticas no sólo no promovieron la creación de empleo de calidad sino que desfinanciaron los sistemas de la seguridad social en un contexto de crecimiento de la informalidad. A pesar de su extensiva aplicación alrededor del mundo, como parte de las estrategias de flexibilización y precarización, el resultado siempre fue el mismo (ver aparte). Una simulación realizada en el Ministerio de Trabajo estimó que la puesta en marcha del plan representa una transferencia de 9500 millones de pesos por año de las arcas de la Anses hacia el sector privado.

Los lineamientos del plan Primer Empleo que impulsará el próximo ministro Jorge Triaca son sencillos. Cualquier empresa que decida contratar a un joven no pagará contribuciones patronales durante cinco años. Tampoco se descontarán los aportes personales a los trabajadores. Los beneficios del primer empleo se mantendrán aunque el plazo transcurra en dos o más compañías diferentes. Los beneficios fiscales no son una herramienta inválida en una política integral de combate al trabajo no registrado. La estrategia desplegada por el kirchnerismo desde el año pasado para hacer frente al núcleo duro de la informalidad contempla la reducción de las contribuciones patronales.

Sin embargo, desde el equipo del ministro saliente Carlos Tomada reconocen que la reducción de las contribuciones por sí misma no estimula la demanda de empleo formal. Para eso, argumentan, es necesario acompañar esas medidas con acciones de control que desincentiven la contratación de trabajo no registrado. El Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) y la profundización de las tareas de fiscalización apuntaron en ese sentido. Sin esos instrumentos, es imposible penetrar sobre el núcleo duro de la precariedad laboral. Pero esas políticas requieren de una dinámica de crecimiento económico y la generación de empleo de calidad para ser exitosas.

La promocionada propuesta del presidente electo Mauricio Macri no distingue por tamaño de empresa. El gerente de recursos humanos de la planta de Siderar en San Nicolás y el dueño de un taller mecánico en Berazategui tendrán el mismo tratamiento para la nueva política laboral. Los incentivos contemplados en la legislación vigente sí lo hacen, ya que los beneficios más generosos y permanentes (reducción del 50 por ciento en las contribuciones) están dirigidos a las microempresas donde existen elevados niveles de evasión previsional, empleadores más vulnerables con muy bajos salarios. Seis de cada diez trabajadores informales se desempeñan en microestablecimientos. El esquema previsto para las firmas de mayor tamaño alcanza aquellas unidades productivas con menos de 80 trabajadores. En ese caso, los incentivos duran solo dos años y la rebaja es menor.

Un documento elaborado por el Ministerio de Trabajo advierte que la promoción de la demanda laboral de jóvenes a través de incentivos económicos específicos “podría dar lugar a que las empresas reemplacen trabajadores adultos y mayores por jóvenes”. Ese escenario empeoraría las dificultades que ya presentan los individuos de más de 40 años para acceder a un empleo registrado.

Otro aspecto cuestionado desde la cartera laboral es la eliminación de los aportes personales. Como la mayoría de los trabajadores registrados perciben salarios según lo estipulado en los convenios colectivos, la eliminación de los aportes para los jóvenes incrementaría su salario, en relación con el de los adultos o mayores que se encuentren en la misma categoría profesional. Así se vulneraría el principio de igual tarea igual salario.