El efecto MM viene con todo. Mauricio Macri no asumió, pero las expectativas de devaluación inducidas por sus promesas ya se trasladaron a los precios. En noviembre la inflación se duplicó y ya apunta al 3 por ciento frente a un promedio de 1,6 de los primeros diez meses. Así lo indicó el Estudio Bein en su último informe mensual difundido el miércoles. Frente a estas señales desde el equipo de la Alianza PRO reevalúan la liberación inmediata del tipo de cambio para evitar una casi segura disparada, con un dólar a 15 pesos y tasas al 50 por ciento para contenerlo. El principal temor es empezar con el pie izquierdo y un golpe inflacionario que pulverice ya en diciembre la luna de miel con su base electoral. Para 2016 se prevé, en un escenario optimista, una inflación del 40 por ciento, suba de salarios del 28 y una recesión de 2 puntos del PIB.

El debate al interior de la Alianza triunfante el pasado domingo no está todavía saldado. Al parecer todavía hay quienes sostienen que debe cumplirse la promesa de campaña y liberar los controles cambiarios el primer día. La confianza sigue residiendo en conseguir dólares rápido para compensar las presiones, lo que luego del salto inicial podría hacer regresar la divisa a 13,5 o 14 y la tasa de interés a 40 o 45 por ciento. Desde el Estudio Bein, sin embargo, creen que estas proyecciones son voluntaristas y que la liberación cambiaria podría abrir la caja de Pandora introduciendo una presión demasiado fuerte para las condiciones de financiamiento de corto plazo. Lo que se volvería un problema serio si esta financiación, que supone someterse al arbitrio de los prestamistas, se demora. Recuerdan además que los subsidios, que representan casi el 80 por ciento del déficit fiscal primario, son una cuenta indexada en dólares. A ello se agrega que mientras los costos de los combustibles subsidiados se ajustan con el tipo de cambio, las tarifas lo hacen en pesos, lo que frente a una devaluación determina una corrección “exponencialmente mayor”.

En este punto el contraargumento es que la inflación licuaría gastos en pesos, pero el cuadro no es el 2001-2002; el poder de negociación de los trabajadores no está diezmado y la puja distributiva seguirá fuerte. Existen jubilaciones y planes sociales indexados y salarios que ajustan por paritarias. Estos costos son el 50 por ciento del gasto y el 13 por ciento del PIB. El problema tributario no termina con estos números. Las promesas de campaña suponen también disminución de ingresos públicos, pues se bajarán Ganancias a las personas físicas, que hoy representan el 3,2 por ciento del PIB y las retenciones a las exportaciones, el 1,5 por ciento del Producto. Sobre la hora también se sumó el fallo de la Corte Suprema de Justicia en materia de coparticipación federal, que inicialmente, antes de que se sumen las demandas de otras provincias a las ya resueltas en favor de Santa Fe, San Luis y Córdoba, desfinanciarán a la Anses por un valor del 0,3 por ciento del PIB, sin contar el stock de deuda.

Dicho de otra manera, la devaluación tendrá un doble efecto: sobre la inflación, y con ella sobre el humor social, pero también agravará el panorama fiscal y pondrá más presión a la necesidad de conseguir dólares lo antes posible. Si el ajuste traerá algún beneficio en los términos que supone la Alianza PRO, éstos serán en el largo plazo, mientras que los costos comenzarán a sentirse fuerte ya en diciembre.

Estos costos inmediatos son los que afectarán el bolsillo de las mayorías: el traslado de la devaluación a los precios. Una devaluación se considera “exitosa” cuando el traslado a los precios y salarios es menor que la depreciación de la moneda, lo que obviamente demanda que los precios y los salarios no acompañen el nuevo valor del dólar. Bajo esta óptica el informe del Estudio Bein analiza los traslados a precios y salarios de las tres devaluaciones más recientes, de 2002, 2009 y 2014, las que siguieron un efecto declinante en materia de éxito. La de 2014 fue la que más rápido se consumió y también la que se produjo bajo las condiciones más parecidas al contexto actual: ya existía una brecha cambiaria, los precios internacionales ya estaban en baja y se partió de un “buen” ritmo de indexación. Así, mientras el precio del dólar aumentó 34,3 por ciento entre octubre de 2013 y febrero de 2014, los precios minoristas acumularon un aumento de 27,5 por ciento en el mismo período. Para fin de año se había alcanzado una inflación entre puntas del 31,6 por ciento, con salarios nominales que crecieron un poco por arriba: 33,7 por ciento.

A pesar de estas evidencias, los economistas de la Alianza PRO creen que un nuevo shock devaluatorio no se trasladaría a precios, algo que ya habría ocurrido por distintas vías. La primera es la protección de la economía, cuya contracara es el nivel de empleo, pero que si bien posibilita el pago de salarios altos en dólares también dio lugar a altos precios. Según el Estudio Bein, que cree que existe un “atraso cambiario”, ésta sería la principal diferencia respecto del “atraso” de los últimos años de la convertibilidad, cuando la apertura terminó de destruir la rentabilidad de los productores de transables. La segunda es el uso de las ofertas para manejar la demanda. La tercera es el precio financiado como precio de lista y, por último, los precios regulados de los combustibles y la energía, que hoy operan en los dos sentidos. La energía domiciliaria está subvaluada y los combustibles líquidos sobrevaluados, pero estos últimos pesan el 6 por ciento en el IPC.

Pero a pesar de estas contrafuerzas el escenario del Estudio Bein para 2016 no es muy auspicioso. Suponiendo algo que no está asegurado, el gradualismo en el ajuste de tipo de cambio y tarifas, proyecta un dólar a 13,8 pesos a fines de diciembre de 2015, luego de un salto inicial por encima de 15, y un promedio de 14,8 para 2016, con paritarias en torno del 28 por ciento, un poco por debajo de la devaluación que superará el 33 por ciento y con tarifas eléctricas que habrán crecido el 350 por ciento. Con estos números, siempre en 2016, habría una recesión del 2 por ciento y una inflación estimada del 40 por ciento.