[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Si la semana próxima el Senado convierte en ley el proyecto de expropiación del Hotel Bauen que ayer recibió media sanción en la Cámara de Diputados, el tribunal de tasaciones de la Nación deberá fijar el valor del edificio de Callao 360 para que sea pagado con la deuda que el grupo Iurkovich, antiguo dueño del inmueble, tiene con el Estado. “La situación de los trabajadores del Bauen quedaría resuelta jurídicamente”, señaló anoche Federico Tonarelli en el lobby del hotel, donde los integrantes de la cooperativa festejaban, todavía sin distenderse del todo, los votos que los dejaron a un paso de conseguir la expropiación del edificio.

Son 130 trabajadores que autogestionan el hotel cerrado en el 2001 y recuperado en el 2003, cuando un pequeño grupo de ex empleados del lugar decidió reabrirlo. En los trece años que siguieron lograron armar un modelo exitoso: el Bauen se sostuvo, luego creció y apadrinó decenas de otras experiencias. Sin embargo, a diferencia de otras empresas recuperadas, el conflicto por la propiedad del edificio nunca fue resuelto. La continuidad de la cooperativa pende de un hilo desde septiembre, cuando la jueza Paula Hualde dictó un fallo que ordenó su desalojo para traspasar el edificio a Mercoteles S.A.

La ley que de expropiación podría cambiar toda la lógica de la pelea por el edificio. Es que si bien el grupo Iurvovich (dueño de Mercoteles) lo reclama para sí, los trabajadores recuerdan que el grupo tiene a su vez una deuda con el Estado reconocida ante los tribunales, con sentencia firme. El hotel fue construido con créditos otorgados por la banca estatal durante la dictadura, en el marco de los preparativos para el Mundial 78, pero esos créditos no fueron saldados.

Hugo Iurcovich, presidente de Mercoteles, advirtió que el Estado “tendrá que pagar una expropiación de 300 millones de pesos” y consideró al proyecto de ley como un intento de “apropiación ilegítima”. En una solicitada publicada por varios diarios, la empresa aseguró que la expropiación “se basa en mentiras y falsas acusaciones desestimadas por la Justicia en todas sus instancias, incluida la Corte Suprema”.

Los trabajadores replicaron que el grupo Iurcovich “dice que el edificio es suyo, pero no dice que tienen una deuda millonaria con el Estado”.

El fallo que ordenó el desalojo fue dictado en el expediente de la quiebra del Bauen, en el que sólo se dirimió a cuál de las empresas del grupo Bauen era titular del inmueble. Como se determinó que era Mercoteles, un tribunal ordenó desalojar a la cooperativa para entregarle el edificio. Nosotros planteamos otra cosa: que el grupo Iurkovich tiene deudas comprobadas con el Estado. La expropiación es un modo de cerrar el círculo y recuperar un saldo deudor de casi 40 años”, apuntó Tonarelli.

El proyecto votado en la Cámara Baja fue redactado por el diputado Carlos Heller (FPV), que sintetizó otros cinco presentados anteriormente en el Congreso. Además de los votos del kirchnerismo tuvo el apoyo de las fuerzas de la izquierda y centroizquierda, como el bloque del FIT, el de Unidad Popular que preside Claudio Lozano y el de Victoria Donda, de Libres del Sur.