El gobierno se apresta a poner en marcha “un proceso de modificación gradual de los subsidios a las tarifas de los servicios eléctrico y de gas natural”, según anunció ayer el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, durante el almuerzo por el Día del Petróleo. Aunque no le puso fecha, trascendió que sería a partir del 1º de enero próximo. Tampoco informó cuáles serán las condiciones ni las características de los tramos de dicho gradualismo, aunque refirió que se mantendrá el subsidio para “los sectores más vulnerables”. Según manifestó Aranguren, el objetivo del “gradual sinceramiento” de tarifas es “recuperar la calidad del servicio y atraer la inversión de manera de disminuir la dependencia importadora”. Tampoco hizo referencia a la magnitud que adquirirá el mentado “sinceramiento”, pero un estudio reciente en la materia elaborado por el economista del PRO Carlos Melconian (publicado por Página/12 el 14 de noviembre pasado) sugería un ajuste del 250 al 400 por ciento en las tarifas eléctricas, y del orden del ciento por ciento en la de gas. El ahora presidente del Banco Nación desaconsejaba el gradualismo: a su entender, la corrección de precios relativos (dólar incluido) debía hacerse “todo junto” en las primeras semanas y “por única vez”.

En su presentación ante empresarios petroleros, el flamante ministro de Energía planteó los objetivos y las principales líneas de acción previstas en la materia. Aranguren ratificó que el gobierno nacional pondrá en marcha el “sinceramiento de tarifas mediante un proceso de modificación gradual de los subsidios de los servicios eléctricos y de gas natural”. Indicó que los “sectores más vulnerables” de la sociedad seguirán siendo beneficiarios del subsidio. Y precisó que, en el sector eléctrico, “se recuperará gradual pero firmemente los marcos regulatorios de las leyes 24.075 y 24.076 (de principios del menemismo, en el periodo de privatizaciones) para restablecer las revisiones tarifarias integrales, previa audiencia pública, en los servicios públicos de transporte y distribución del sistema eléctrico”.

El ex presidente de Shell Argentina –convocado por Mauricio Macri junto a otros CEO de grandes corporaciones para conformar su gabinete– anunció que, junto al gradual sinceramiento de las tarifas de electricidad y gas, habrá “un programa de incentivo al ahorro energético que permita administrar mejor los consumos residenciales, comerciales e industriales”. En su exposición, Aranguren eludió referirse a cómo afectará a los distintos sectores de consumidores la reducción o eliminación de subsidios. El sector residenciales (consumo en hogares) constituye apenas el 30 por ciento de la demanda energética, por lo cual es imprescindible definir una política tarifaria para la industria y el comercio en la cual enmarcar la reducción o eliminación de subsidios.

La propuesta formulada por Melconian un mes atrás sostenía la necesidad de incrementar la tarifa eléctrica de los demandantes domiciliarios en un 250 por ciento, mientras que para el comercio y la industria proponía un “sinceramiento” tarifario del 400 por ciento. En el caso del gas, señalaba dicho trabajo la necesidad de desplazar la tarifa domiciliaria en casi un ciento por ciento, aunque advirtió que “más de la mitad de los hogares con pequeños consumos deberían tener un incremento mayor, del orden del 200 por ciento”. Y sin gradualismo. es decir como un auténtico shock. Según los números del estudio realizado por Melconian, los recursos del presupuestro nacional destinados a subsidios representarían en el año corriente unos 242 mil millones de pesos, equivalentes al 20,6 por ciento del gasto. De dicho monto, 164 mil millones de pesos corresponderían al sector de energía (14 por ciento del gasto total).

En otro orden, el ministro de Energía y Minería también anticipó que en las próximas semanas el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley de incentivo para la exploración de área de riesgo off shore y no convencionales”, al tiempo que anticipó que se buscará un nuevo acuerdo con el sector petrolero “para mantener garantizado el precio del crudo a nivel local hasta que los valores internacionales se recuperen”. Es decir, mientras se recortan los subsidios al consumo domiciliario de elecricidad y gas, en paralelo se ratifican los subsidios a las petroleras por el petróleo que extraen, para que cobren un valor mayor al fijado por el mercado.

Aranguren también se refirió a YPF, asegurando que el Estado nacional seguirá ostentando el lugar de accionista mayoritario (sumando la participación de las provincias). También adelantó que el gobierno modificará el decreto 1277 del año 2012, de manera de reafirmar el reconocimiento a las provincias “como única autoridad de aplicación y concesión de la explotación de sus hidrocarburos”, dando una interpretación sumamente controvertida a la letra de una de las tantas reformas parciales a la ley de hidrocarburos. Según algunos especialistas, bajo esa concepción el país podría quedar dividido en tantas políticas petroleras como provincias petroleras existan.