El nuevo presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, busca avanzar con una reorganización de la entidad monetaria para ponerla a tono con la desregulación financiera que promueve. El foco lo puso en las oficinas de Protección al Usuario, Educación Financiera y fundamentalmente Promoción de los Derechos Humanos, área dedicada a investigar la complicidad del sector financiero con la última dictadura militar a la que evalúa renombrar como Etica y Compliance. Incluso ya comenzó a despedir algunos empleados designados por las administraciones anteriores, lo que motivó la reacción de la comisión gremial interna.

Apenas se instaló en el banco, Sturzenegger le abrió la puerta a la consultora PSM de Patricia Santa Marina, hija del juez federal de Lomas de Zamora, Alberto Santa Marina, y ex directora de Asuntos Institucionales del Grupo Infobae de Daniel Hadad entre 2003 y 2011. Santa Marina y su equipo entrevistaron a todo el personal de la Subgerencia General de Relaciones Institucionales, de donde dependen las subgerencias de Educación Financiera y Promoción de los Derechos Humanos. Esta politóloga egresada de la Universidad Católica aclaró que no se iba a hacer cargo de Relaciones Institucionales, puesto que permanece vacante, sino que venía a realizar un informe de gestión de las distintas áreas. Lo que hizo principalmente fue preguntarles a gerentes, subgerentes y demás empleados dónde habían estudiado, si tenían experiencia previa en el sector privado, quién los había hecho ingresar al banco y qué tipo de tareas venían realizando. Esas entrevistas también se llevaron adelante en otras áreas como la Gerencia de Protección al Usuario de Servicios Financieros. A medida que fue avanzando el informe de PSM comenzaron los primeros despidos.

“Tristemente nos enteramos de que el 31 de diciembre pasado no les renovaron el contrato a 5 trabajadores, entre ellos 3 asistentes excelentemente evaluados por sus superiores para que pasen a planta. Nos oponemos a esta medida. Cada asistente que, vencido el plazo de contrato, y sea evaluado adecuadamente por sus superiores debería pasar a planta”, aseguró ayer la comisión gremial interna del banco a través de un comunicado, en el que curiosamente sólo pidieron por los asistentes. Se estima que hay unos 40 contratos que vencen en los próximos dos meses. Además, a mediados de 2015 ingresaron otras 70 personas por concurso, los cuales quedaron sujetos a revisión a partir de la publicación del decreto 254 del 29 de diciembre.

Entre los empleados a los que no se les renovó contrato figura Eduardo Codianni, de la Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos. Un licenciado en Relaciones Internacionales, casado y con dos hijos, quien ingresó al banco el 1º de julio y el 28 de diciembre le informaron que no le renovarían el contrato. “No me dieron ninguna explicación. Llamé al gerente de Recursos Humanos y no me quiso atender. Lo esperé en la puerta de su oficina y recién ahí me dijo que era algo general, que todos los contratos que se vencían no los iban a renovar por decisión de las nuevas autoridades. La verdad es que no tiene sentido. Yo tenía evaluaciones muy satisfactorias de mis superiores. Estuvimos trabajando mucho y teníamos un montón de proyectos para 2016”, aseguró Codianni a Página/12.

La Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos fue la encargada de abrir los archivos del Banco Central de la última dictadura militar y poner a disposición de la Justicia actas secretas, legajos y versiones taquigráficas de las reuniones de directorio realizadas en aquella época. Ese material contribuyó a investigaciones sobre la deuda externa y diversos delitos económicos, como la liquidación del Banco de Hurlingham, la causa Papel Prensa, el caso Iacarino y el robo de la empresa Makentor, dedicada a la obra pública en Córdoba. Además, la subgerencia dictó distintos talleres sobre derechos humanos para los empleados del banco. Todas esas actividades no generaron demasiado entusiasmo en las nuevas autoridades, quienes tienen pensado reestructurar el área y renombrarla como “ética pública y transparencia” o “ética y compliance”. “Nos dijeron que el término derechos humanos era muy específico y que había que poner algo más amplio”, aseguró Codianni. En el país funciona una Asociación Argentina de Etica y Compliance que dicta un programa ejecutivo en certificación en ética y compliance junto con la Universidad del CEMA. “La búsqueda de conductas éticas y socialmente responsables por parte de quienes integran una organización, hacen necesario la existencia de la función ‘compliance’ como responsable del control de cumplimiento. Esta función constituye para las organizaciones una efectiva herramienta para la generación de valor y resulta un factor crítico a la hora de definir el estilo de la entidad. La función de compliance se constituye en la práctica como el guardián de la reputación corporativa”, se destaca en los fundamentos de la certificación que toman como inspiración las nuevas autoridades del BCRA para impulsar los cambios en la Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos.

También buscan introducir cambios en la gerencia principal de Protección al Usuario, creada por Mercedes Marcó del Pont en 2012. Uno de los objetivos de esa dependencia es recibir denuncias sobre abusos en el cobro de comisiones por parte de las entidades financieras y realizar análisis sobre los costos bancarios, algo considerado prácticamente una herejía por el nuevo presidente del Banco Central, quien ya le comunicó al gerente del área Carlos Buglione y a su segunda, Paula Honisch, su voluntad de desplazarlos. Otro al que le pidieron la renuncia es a Jorge Carrera, subgerente general de Investigaciones Económicas.

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