La abogada y redactora de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Graciana Peñafort consideró “absolutamente ilegal” la maniobra mediante la que, por medio de un DNU, el gobierno de Mauricio Macri derogó los artículos antimonopólicos de esa norma que el grupo Clarín había reclamado como inconstitucionales, disolvió a su organismo de control, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), a su organismo representativo, el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, y anunció la elaboración de una nueva norma que la reemplace. “Es peligroso lo que han hecho, es un problema severo para la democracia argentina el abuso de herramientas constitucionales y el absoluto desconocimiento tanto de las normas de la Constitución, la división de poderes y el federalismo”, evaluó Peñafort y analizó la jugada por encima de lo ideológico: “Esto ni siquiera es un liberalismo. Es un abuso de poder de un grupo concentrado”, sentenció.

–¿Por qué considera ilegal el decreto de necesidad y urgencia 267/15?

–De entrada, contraviene una orden judicial. Hay una precautelar establecida por un juez de La Plata (Luis Arias) que determinó que no se podían afectar las competencias de la Afsca hasta que un juez competente interviniera en la cuestión de fondo (N.d.R.: la intervención que el Gobierno impuso semanas atrás para remover a su directorio), algo que Mauricio Macri ha desconocido y que configura un delito penal. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, hizo la conferencia de prensa para anunciar este DNU el 30 de diciembre, un día antes de la firma supuesta. En esa conferencia, incluso, dijo que el DNU no estaba firmado. Macri estaba de vacaciones en La Angostura. ¿Firmó de vacaciones? Allí, entonces, habría falsedad ideológica, otro delito. Cambiando la fecha de elaboración no se evita una precautelar: las leyes no son válidas hasta su publicación. Por lo tanto, si aun la hubiesen firmado el 29, no podrían haberla publicado después de haber conocido la precautelar, que se les informó expresamente el 31. Y hay otros incumplimientos: el organismo que crean es descentralizado. La ley 25.152 exige que esa clase de organismos deben ser creados por ley, no por decreto. Y, luego, la necesidad y urgencia tiene que estar acreditada. Lo ha dicho reiteradas veces la Corte: no es un rótulo que se les pone a los decretos para que el Ejecutivo evada el control del Congreso. En este caso, no solo no está acreditada, sino que el propio texto del decreto la contradice en varias oportunidades. Pongo un ejemplo: disuelve el Consejo Federal en donde estaban representadas todas las provincias, y plantea un plazo de 60 días para conformar otro. ¿Dónde está la urgencia?

–¿Cuáles son los ejes de la LSCA que anula el DNU?

–Este decreto modifica los artículos que el Grupo Clarín peleó en la Corte y que no pudo defender con argumentos. Tartamudeaban sus abogados. Lo que necesitaban y lograron fue el ejercicio abusivo del poder. En general, el DNU suprime todo tipo de control del Estado y de la ciudadanía en materia de medios de comunicación. Deja sin efecto los límites a la concentración, anula las herramientas anitimonopólicas de la ley. Y eso es contrario a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Se ha dicho desde diferentes organismos internacionales que tiene que haber una regulación que evite la concentración en materia de medios de comunicación porque ésta altera, vulnera, lastima, la libertad de expresión. Si hasta Estados Unidos, país liberal si los hay, tiene límites a la concentración mediática. Esto ni siquiera es un liberalismo, esto es un abuso de poder de un grupo concentrado.

–¿Qué plantea en cuanto a la tenencia de licencias?

–Eso también es importante. Hasta antes de este decreto, un licenciatario podía tener hasta 10 licencias con uso de espectro. El DNU permite 15. Si tenemos claro que el espectro es finito, que no se estira como chicle, también sabemos, entonces, que para que alguien tenga más, otros deben no tener. Esas cinco, antes del decreto, estaban en manos de otras que ahora pasarían a no tener nada. Pero además de esto hay otra cosa gravísima: la LSCA establece audiencias públicas para la renovación de licencias. El DNU aplica la renovación de licencias automática, anulando la participación ciudadana. Están sacando al público, a las audiencias, su posibilidad de participar. Además, hacen cosas que implican la claudicación del poder de policía del Estado. Ellos determinan que la compra de licencias se debe informar al nuevo organismo. Si el Estado se demora 90 días en responder, se considera aprobada esa transacción. Hace años, la Sigen a propósito de un informe sobre lavado de dinero presentado por Elisa Carrió, había recomendado que el Estado debía controlar profundamente las transacciones de medios por la utilización de dinero proveniente de lavado en ellas. Pues ahora el Estado no va a controlar más nada.

–¿No hay otro organismo del Estado a cargo de controlar el lavado?

–Sí. Se pueden investigar compraventas con dinero sucio, pero la compraventa ya va a estar consolidada.

–¿Entiende las modificaciones como un retiro del Estado?

–Absoluta falta de control sobre las adquisiciones de medios, sobre las condiciones de compra, saneamiento de transacciones violatorias a la norma vigente, absoluta falta de control antimonopólico: el Estado deja de participar. El efecto es una violación absoluta a la libertad de expresión. Hay monopolios en otros ámbitos, pero en los medios no puede haberlos porque tienen efectos directos en la vida institucional de un país. La concentración de medios moldea la opinión pública en una sola visión: desaparecen temas, desaparecen perspectivas, propicia un discurso hegemónico que termina en planteos como el de “La crisis causó dos nuevas muertes”. Tan sencillo y siniestro como eso.

–¿Considera que el DNU es una devolución de favores a Clarín?

–No. Es una manera de entender la política. El gobierno cree que la política es que los medios no muestren ciertas cosas y que hagan negocios. Así, cercenan la libertad de expresión a través de la clausura de la pluralidad de voces. Esto es un retroceso institucional gravísimo. Es peligroso lo que han hecho, tanto como intentar nombrar a jueces por decreto. Es un problema severo para la democracia argentina el abuso de herramientas constitucionales y el absoluto desconocimiento tanto de las normas de la Constitución, la división de poderes y el federalismo. No puede gobernar sin obedecer al Congreso, sin seguir las órdenes del Poder Judicial e ignorando la trayectoria que del 83 a esta parte el Estado nacional ha consolidado en materia de derechos humanos. Este decreto es una clara violación a los derechos humanos de toda la ciudadanía.

–¿Qué herramientas tiene la ciudadanía para evitar esta situación?

–Accionar judicialmente. Cualquier ciudadano puede reclamar ante la Justicia que sus derechos han sido violados. Yo además hago un llamado a la política, a los movimientos sociales y al público en general para defender a una ley que nos representa a todos. Hay que marcar un límite. Macri ha decidido gobernar sin Congreso, sin Constitución y sin tratados de derechos humanos.

–Hasta tanto generen la nueva ley...

–Si vos necesitás verdaderamente una nueva ley llamás a extraordinarias o esperás a marzo. Sacar un decreto modificando la existente mientras trabajás en una nueva ley es fingir una democracia que no ejercen y lo hacen con un nivel de cinismo impresionante.