El Gobierno desarticuló a través de un decreto la legislación que regulaba las inversiones y los permisos de exploración y explotación del sector hidrocarburífero. El presidente Mauricio Macri disolvió ayer la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas creada en 2012 y derogó una serie de regulaciones para las petroleras. En su lugar, dejó la aplicación de un marco normativo mucho más dócil en manos del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, ex CEO de Shell Argentina. Se trata de un cambio hacia la descentralización regulatoria en favor de las provincias.

En un nuevo capítulo de la gestión a través de decretos, Macri intervino el esquema regulatorio de las inversiones de las petroleras. El decreto 272 que lleva la firma de Macri, Aranguren, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, reduce la presencia del Estado nacional en la planificación de las inversiones del sector y el otorgamiento de los permisos de explotación y exploración, en favor de las provincias. El propio Aranguren días atrás anticipó el espíritu de la modificación normativa. “Conforme al artículo 124 de la Constitución nacional las provincias detentan el dominio original de los recursos naturales y por lo tanto las reconocemos como la única autoridad de aplicación en los permisos de exploración y concesión de explotación”, dijo el ministro. El reglamento derogado establecía una larga serie de obligaciones para las empresas del sector. Otorgaba potestad al Estado nacional para exigir que los planes privados de inversión estén en línea con las directrices nacionales, así como también exigía a las empresas la presentación de información sobre costos y márgenes de ganancia. Su eliminación es un acto en favor de la desregulación. De todos modos, especialistas consideran que es improbable una apertura total a las importaciones porque a nivel económico la oferta de divisas del país es ajustada y además tendría un efecto negativo en el empleo y las regalías provinciales, dos temas políticamente sensibles.

Por lo pronto, ayer fue disuelta la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, creada por el Reglamento del Régimen de Soberanía Hidrocarburífera el marco regulatorio que el kirchnerismo desarrolló para el sector luego de la expropiación de YPF, con la idea de impulsar las inversiones. La particularidad de la Comisión era la centralización regulatoria en manos del Estado nacional.

Pero además de la eliminación de la Comisión, que podría ser apenas un cambio de forma, el decreto de ayer derogó 17 artículos del Reglamento del Régimen de Soberanía Hidrocarburífera. Por ejemplo, dejará de correr el plazo no mayor a los 60 días para la evaluación del plan anual de inversiones de cada empresa y su verificación de consistencia con respecto al plan nacional de inversiones hidrocarburíferas. Ahora la ley tampoco exige que se audite y fiscalice en forma trimestral el cumplimiento del plan anual de inversiones de cada empresa ni que sean aplicadas las sanciones correspondientes en caso de que correspondan.

Se eliminó el artículo 20, que establecía que “las refinadoras no podrán a consecuencia de paradas técnicas o imprevistas dejar de abastecer adecuadamente a su cadena comercial”. También quedó sin efecto el artículo 28, que atribuía a la comisión la facultad de auditar “en forma periódica la razonabilidad de los costos informados por los productores y sus respectivos precios de venta” y para “adoptar las medidas que estime necesarias que evitar conductas distorsivas que puedan afectar los intereses de los consumidores en relación al precio, calidad, disponibilidad de los derivados de hidrocarburos”. Además, fue derogado el artículo 31, que permitía a la comisión la aplicación de multas, apercibimientos y nulidad o caducidad de concesiones o permisos.

La aplicación del resto del marco normativo que sigue vigente pasa a depender de Aranguren. El decreto aclara que el Ministerio de Energía “efectuará una revisión y reordenamiento de las normas referidas a la creación de registros y deberes de información en la industria de los hidrocarburos”.

“Lo de Aranguren para nosotros es una situación contradictoria. Por un lado tiene una matriz ideológica neoliberal, una concepción pro mercado. Sin embargo, no está claro qué quiere hacer. Si fuera totalmente liberal, se abrirían las importaciones y bajarían los precios de la nafta y gasoil. Pero eso tendría un impacto muy fuerte sobre la balanza comercial, que hoy la economía no parece en condiciones de absorber. Además, se afectaría sensiblemente a la industria local y a las regalías provinciales”, explicó a este diario José Andrés Repar, especialista del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO).

La intención del Gobierno es desconcentrar la actividad regulatoria referida a los planes de inversión y los permisos de explotación y exploración a favor de las provincias. Con respecto a este punto, Repar consideró que “las provincias con recursos hidrocarburíferos van a intentar defender el precio interno del petróleo, o sea, el mercado interno. Y creo que saben, por la experiencia de los últimos años, que sin exploración e inversión va a ser difícil un incremento en la producción”. Actualmente el precio local del barril ronda los 70 dólares, mientras que a nivel internacional cotiza en 37 dólares. Los expertos coinciden en que la producción en la Argentina sería inviable si rigieran los valores internacionales. Aranguren se mostró a favor de un “sinceramiento de precios” tanto de tarifas como del precio interno del petróleo.