El nuevo equipo económico aseguró ayer que la oferta para los fondos buitre será pública. La aclaración del Ministerio de Hacienda y Finanzas llegó tras conocerse que los acreedores carroñeros reclaman un acuerdo de confidencialidad para las negociaciones relanzadas el miércoles pasado en Nueva York. El secretario de Finanzas, Luis Caputo, y los representantes legales de los demandantes acordaron en ese encuentro que las partes presentarán sus propuestas financieras durante la última semana de enero. Lo harán ante el juzgado de Thomas Griesa.

El pedido de reserva para los términos financieros del potencial acuerdo colisiona con la necesidad del Gobierno de validar el convenio en el Congreso. Para implementar un trato en mejores condiciones que las otorgadas al 92,4 por ciento de los acreedores que reestructuraron sus pasivos en default será necesario modificar el cuerpo normativo vigente. Eso recién sucederá a partir de marzo, cuando inicien las sesiones ordinarias.

“En quince días vamos a llevarles nuestra propuesta y esperamos que sea de carácter público. Tenemos ganas de negociar de buena fe, no hay nada que ocultar”, indicaron a este diario desde el Palacio de Hacienda. Más temprano se conoció un artículo de la agencia de noticias estadounidense Bloomberg donde indicaba que “los holdouts no presentaran su propuesta hasta que los funcionarios argentinos firmen un acuerdo standard de confidencialidad que evite la divulgación de los detalles de los planes antes del acuerdo”. La publicidad que reciban las propuestas de ambas partes no evitará que, de todas formas, las condiciones ofrecidas/reclamadas se modifiquen en el transcurso de las discusiones neoyorquinas.

El grupo de litigantes encabezado por Elliott Management que lidera el billonario Paul Singer representa aproximadamente la mitad del 7,6 por ciento de los bonos que no fueron ingresados al canje. En ese universo se contabilizan los demandantes originales y los me too (yo también, en inglés) aunque su reclamo no quedó firme. Según detalló Prat-Gay, los títulos en poder de todos esos “holdouts” representan un valor nominal de 2943 millones de dólares. Bajo los términos de la reestructuración aceptada por la mayoría de los acreedores, los buitres hubieran recibido alrededor de 900 millones de dólares. Una atractiva ganancia cuando se contempla que esos títulos fueron adquiridos a precio de remate, incluso después del default de 2001-2002. En cambio gracias a la fórmula validada por las cortes estadounidenses y los intereses acumulados, el monto de las sentencias asciende hasta 9882 millones de dólares.

El hipotético acuerdo con esos buitres redundaría en el levantamiento al bloqueo legal para el mecanismo de pago de la deuda externa argentina en Estados Unidos pero no representa una solución integral al prolongado conflicto. Existen demandas iniciadas en otros tribunales norteamericanos y europeos que recién serán abordadas cuando se avance con los buitres cobijados por el Distrito Sur de Manhattan.

Entre los responsables de las diferentes áreas económicas del gobierno de Mauricio Macri están convencidos que lograr un entendimiento es condición necesaria para rehabilitar el acceso al mercado de crédito internacional sin riesgos legales y a menor costo. A pesar del optimismo expresado por Prat-Gay las experiencias recientes de Grecia y Brasil dejan al descubierto las variadas exigencias en materia fiscal y monetaria que acompañan a una inserción subordinada a esos flujos de capital. Se trata de una tarea que el equipo económico ya comenzó a atender a través de la promesa de reducción del gasto público. El objetivo no es solamente facilitar el endeudamiento externo del gobierno nacional sino de allanarle el camino a provincias y grandes empresas. Los bajos niveles de deuda heredados del kirchnerismo facilitan ese proceso.