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En estas semanas, el gobierno nacional anunció la revisión de más de 75.000 designaciones en planta permanente y contrataciones que se realizaron en los últimos tres años. Iniciativas similares han sido anunciadas por el Poder Legislativo y distintos gobiernos subnacionales.

En este contexto, alrededor de 600 trabajadores del Centro Cultural Kirchner permanecen en estado de alerta por las bajas de sus contratos; pesó sobre ellos la acusación de haber sido recientemente incorporados en 2015, paradójicamente el año de la inauguración del CCK. En el Senado de la Nación, en primer término, se dejaron sin efecto contratos de 2035 trabajadores. Luego, las autoridades debieron excluir de dichas cesantías a los empleados discapacitados que forman parte de un programa de formación e inserción laboral.

Los argumentos esgrimidos para fundamentar estas medidas pueden ser condensados en cuatros supuestos: i) hay muchas personas que cobran un sueldo y no trabajan; ii) las plantas de personal están sobredimensionadas; iii) el gasto en personal aumentó de manera excesiva y iv) el ingreso al Estado estuvo marcado por la politización y no la idoneidad.

El primer supuesto es absolutamente razonable. Es lícito y auspicioso que todos los gobernantes fiscalicen el estricto cumplimiento de las obligaciones laborales de sus empleados. Sin embargo, llama la atención la actitud gubernamental más cercana a una persecución ideológica que a un fundado interés en dar continuidad y mejorar las políticas públicas en marcha.

Nos parece pertinente realizar un análisis crítico y con algún anclaje empírico sobre los otros tres supuestos en los que descansan la “depuración” macrista.

Para responder si hay muchos empleados públicos debemos hacer dos comparaciones. La primera es con otros países y la segunda con el pasado.

El empleo público en Argentina como proporción de la fuerza laboral se encuentra por encima del promedio de América latina, pero muy por debajo del promedio de los países desarrollados. Los trabajadores del sector público argentino (sumados los tres niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal) representan el 17 por ciento del total de empleados del país. Un porcentaje muy similar al de Uruguay (15), EE.UU.(16) o Reino Unido (18). Pero muy por debajo de Francia (22), Canadá (20) y Suecia (28).

Asimismo, si miramos hacia atrás veremos que la planta de personal permanente y contratados del Poder Ejecutivo creció un 63 por ciento en el transcurso de estos últimos doce años. Pasando de 252.642 en 2003 a 410.562 en 2015. Este crecimiento que podría verse como muy significativo se relativiza si lo comparamos con la evolución del mercado de trabajo privado. En el mismo período el empleo privado (formal y informal) aumentó un 65 por ciento.

La tercera cuestión hace referencias a un supuesto exceso de gastos en personal. Al repasar las remuneraciones del gobierno, vemos que las mismas constituyeron en 2015 el 10,7 por ciento de los gastos financiados por el Presupuesto Nacional. Las erogaciones en personal durante el año que pasó resultan sensiblemente menores a lo gastado durante el menemismo. Entre 1993 y 1999, períodos que en teoría fueron fiscalmente más “responsables”, el gobierno de Menem destinó un 16 por ciento de sus gastos en pagar sueldos.

El último punto, y quizás el más sensible, es el del supuesto enquistamiento de partidarios del anterior gobierno en la planta de empleados. En ciencia política, la politización del empleo público es conocida como spoils system. Entendido esto como la práctica por la cual los gobernantes distribuyen entre sus propios simpatizantes cargos y puestos institucionales. Muchos países desarrollados han revertido este controversial fenómeno con un remedio muy eficaz: la institucionalización de concursos abiertos para acceder a la carrera administrativa.

En los últimos años, la administración pública nacional ha vivido un vigoroso y silencioso (o invisibilizado) proceso de profesionalización de su plantel. En lo que representa una de las mayores transformaciones estatales de la era democrática, el gobierno realizó entre 2011-2015 unas 16.822 convocatorias a cobertura de vacantes del Sistema Nacional de Empleo Público. Para tener una dimensión de lo hecho, los concursos convocados entre 1993 y 2010 apenas alcanzaron las 9862 posiciones. Fijemos el dato: en cuatro años se realizaron 70 por ciento más de concursos que en los anteriores 18.

Si el objetivo de las nuevas autoridades gubernamentales es mejorar el desempeño de los funcionarios públicos existen otros procedimientos que tienen la finalidad de detectar y sancionar irregularidades, sin la necesidad de cesantear, de forma indiscriminada, a empleados que cumplen diariamente sus funciones

A su vez, el argumento de que “son todos ñoquis” no es más que una generalización infundada que constituye una ofensa pública y una estigmatización hacia el conjunto de trabajadores.

La agenda para fortalecer la administración pública es amplia y profusa, desarticular o desconocer los avances producidos difícilmente mejore la calidad de los servicios y los bienes públicos. El camino de achicar el estado y reducir dotaciones es una receta que, como lo demuestra toda la experiencia internacional, no ha redundado en mejores políticas públicas.