Después de cinco días de negociaciones en Nueva York, el gobierno de Mauricio Macri presentó una propuesta formal para pagarle a los fondos buitre. El Palacio de Hacienda informó que los términos financieros de la oferta ya fueron aceptados por una parte de los litigantes más agresivos como Montreux Partners o Dart Management. Pero la discusión no está cerrada. Los principales de los acreedores carroñeros originarios como Elliott Management de Paul Singer (todavía) no dieron su visto bueno. La adhesión de la totalidad de los litigantes con sentencias favorables en los tribunales del juez Thomas Griesa implicaría entregarles alrededor de 7000 millones de dólares en efectivo, una reducción promedio del 25 por ciento frente al monto reconocido por las órdenes y sentencias del magistrado. La cifra valida una rentabilidad del orden del 1000 por ciento, levemente por debajo de sus pretensiones. Si se confirma el acuerdo judicial, el Ministerio de Hacienda y Finanzas recurrirá al endeudamiento en el mercado financiero internacional para obtener los fondos necesarios. Los dólares que se logren por esa nueva emisión de deuda externa serán entregados a los buitres. La implementación del acuerdo está sujeta al levantamiento del bloqueo del mecanismo de pago de la deuda en el exterior, elemento que debe definir el octogenario juez.

La generosidad de la oferta y el entusiasmo exhibido por Daniel Pollack, el mediador impuesto por la justicia norteamericana que logró un protagonismo inédito al punto que ayer conversó por teléfono con el presidente Macri y el ministro Prat-Gay, contrabalancean la reticencia de algunos acreedores. La segunda condición necesaria para poner en marcha el pago es la modificación en el Congreso del cuerpo normativo que impide otorgar un tratamiento privilegiado.

Si se contabiliza el reciente preacuerdo por 1350 millones de dólares firmado con los acreedores italianos nucleados en el grupo de presión Task Force Argentina, las conversaciones encabezadas por el secretario de Finanzas, Luis Caputo, contemplan a dos tercios del 7,6 por ciento de acreedores que rechazaron el canje. En el nuevo equipo económico entienden que el arreglo es indispensable para lograr la reinserción plena del país en la lógica del sistema financiero internacional y facilitar el retorno al mercado para la Nación, provincias y grandes empresas. El bajo nivel de endeudamiento en dólares heredado del kirchnerismo facilita ese proceso.

Dos ofertas

Para que los acreedores carroñeros cobijados por Griesa con títulos de deuda todavía en default por un valor nominal de aproximadamente 2500 millones de dólares renuncien a sus demandas, el gobierno de Macri ofrece pagarles en efectivo aproximadamente 7000 millones de dólares, cuando su reclamo superaba los 9000 millones. La rentabilidad se abulta ya que sus acreencias fueron adquiridas muy por debajo del precio que figura en los bonos.

- Base: A los fondos denominados me too y el resto de los tenedores de bonos en default, que si bien cuentan con sentencias no fueron beneficiados por las medidas cautelares pari passu, el gobierno les ofrece pagarles 1,5 dólar por cada dólar de valor nominal de sus bonos. La ganancia real es todavía más abultada si se contempla que no le prestaron dinero a la Argentina sino que compraron esos bonos a precio de remate, muchas veces después del default.

- Buitres only: Para el grupo de litigantes que motorizó la demanda original, la propuesta es todavía más generosa. Por los títulos públicos en litigio que obtuvieron sentencias monetarias previas al 1º de febrero, el gobierno ofrece reconocerles el 70 por ciento del monto en juego. El descuento del 30 por ciento implica que en lugar de multiplicar por 3,7 veces el valor nominal de sus acreencias como pretendían originalmente, el beneficio se limite a 2,6 veces. Como en el caso anterior, el exiguo precio que pagaron por esos bonos hace que la ganancia real de los buitres sea muy superior.

Cuando se trate de títulos públicos sin sentencia monetaria a comienzos de enero, se les ofrece el pago del 70 por ciento del valor devengado del reclamo. Para incentivar la participación de los buitres dudosos, el Ministerio de Hacienda y Finanzas propone reducir las “quitas” a 27,5 por ciento en aquellos acuerdos de reestructuración preliminares firmados hasta el 19 de febrero de 2016, inclusive.

Fin del bloqueo + reformas

Para poner en marcha el acuerdo se deben cumplir dos condiciones: i) la finalización del bloqueo al mecanismo de pago de los vencimientos de la deuda argentina en el exterior y ii) la modificación en el Congreso del plexo normativo vigente para permitir un pago en mejores condiciones que las recibidas por la mayoría y habilitar el endeudamiento necesario para concretar la operación.

Desde la lógica del Palacio de Hacienda, el visto bueno de un grupo de los litigantes originales que harían el pedido formal al magistrado, el entusiasmo del mediador Pollack y el sinnúmero de guiños al gobierno de Estados Unidos, deberían facilitar el levantamiento de las órdenes de Griesa que impiden a los acreedores genuinos recibir sus fondos.

La aparente reticencia de otros buitres históricos como Elliott Management o Aurelius se presentan como el obstáculo a sortear. En ese punto, se ingresa en el terreno de las especulaciones. Si algún acreedor rechaza la propuesta pero Griesa levanta el bloqueo, el conflicto legal con los buitres no se resuelve pero se restablecería el flujo de pagos con quienes participaron del canje y se incrementaría el grado de adhesión. En ese escenario hipotético, nada garantiza que otro magistrado no valide un nuevo reclamo de un buitre rebelde.

La ingeniería parlamentaria para lograr los cambios legislativos –ley de pago soberano y ley cerrojo– y permitir la emisión de nueva deuda externa necesaria para concretar el pasamanos de dólares es un proceso en marcha. Las negociaciones con gobernadores y legisladores están en cabeza del ministro de Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Ese proceso arrojó esta semana su primer resultado favorable al macrismo con la escisión de un grupo de legisladores del bloque del FpV. La implementación de la propuesta contempla que los tenedores de títulos públicos todavía en default que participen de la misma deberán renunciar a todos sus derechos, sumas adeudadas y acciones judiciales derivados de sus acreencias.

¿Cómo se pagaría?

El pago de los 8100 millones de dólares (buitres neoyorquinos más lobbistas italianos) será en efectivo. Para obtener esos recursos Prat-Gay recurrirá al endeudamiento externo con el sistema financiero internacional. El mecanismo implica emitir nuevos títulos públicos por un monto nominal mayor que quedarán en manos de las entidades financieras compradoras, mientras que los dólares recibidos serán entregados a los acreedores litigantes. Ningún acuerdo garantiza que los inversores que accedieron al canje en 2005 y 2010 no reclamen el mismo tratamiento y encuentren, como hicieron los buitres, un juez dispuesto a acompañarlos.