El cordón industrial de la zona de Rosario y el norte de la provincia de Buenos Aires registra un deterioro de las condiciones laborales, con despidos, retiros voluntarios y suspensiones, lo que puso en estado de alerta a los gremios. Una de las situaciones más delicadas es la de la empresa química Ar Zinc, cuya planta de la localidad de Fray Luis Beltrán amenaza con cerrar dejando en la calle a 420 trabajadores. Las grandes siderúrgicas, Siderca y Acindar, despidieron a trabajadores de firmas contratistas controladas y aplicaron suspensiones, al tiempo que las metalúrgicas Vassalli y Bambi también echaron a contratados y prevén discontinuar la actividad. Además, se esperan despidos y suspensiones en las próximas semanas en las automotrices, especialmente en la planta de General Pacheco de Volkswagen (ver aparte), que afectará directamente a sus trabajadores y también a las firmas autopartistas. El deterioro de la rentabilidad de las firmas en los últimos años, el desplome del mercado brasileño, el tarifazo eléctrico y la apertura de importaciones, en un contexto de caída del consumo y en términos políticos más favorable para que el empresario haga su propio ajuste, son algunas de las causas que explican esta situación. Desde la UOM advierten que próximamente podrían organizar una movilización en defensa de la industria nacional.

“Por ahora sólo se ven los costos y no los beneficios de las medidas económicas tomadas por el gobierno de Macri. Hay muchas empresas que se están achicando en la provincia”, dijo el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz. En los últimos días hubo varias medidas de protesta, una de las más fuertes fue el paro de la CGT San Lorenzo, que cortó la ruta 11 en protesta por el cierre de Ar Zinc. La empresa tiene el monopolio del mercado local de zinc electrolítico, que también exporta, y produce además ácido sulfúrico. El argumento empresarial es que cuentan con un plantel obrero de mucha antigüedad y también tuvieron problemas con un horno que no fue reparado en mucho tiempo. Luego de que muchos empleados aceptaron la indemnización y los retiros voluntarios, fue cerrada la fábrica y 420 trabajadores quedaron en la calle. Ante esta situación, la intendenta de Fray Luis Beltrán, Liliana Canut, advirtió que no sólo el desempleo afectará la economía del municipio sino también la pérdida de 480 mil pesos mensuales de recaudación por Derecho de Registro e Inspección, que equivale a un cuarto de la masa salarial municipal. La propuesta del Gobierno es reconvertir la planta con un crédito para reparar o comprar un horno, ya sea en manos de sus actuales dueños o contratando al actual personal por medio de los Repro del Ministerio de Trabajo.

Avivadas

Ar Zinc es propiedad desde 2005 del gigante minero Glencore. La materia prima para la fabricación del zinc y del ácido sulfúrico es adquirida a Minera Aguilar, también del grupo Glencore. Con la eliminación de las retenciones mineras que aplicó el gobierno de Mauricio Macri, para la empresa es más atractivo exportar el metal en crudo que procesarlo en Rosario. “Tienen el terreno allanado. Pueden volver a poner la planta en funcionamiento con personal de menor antigüedad y beneficios sociales, o sea, con mano de obra más barata. El estado les da plata para hacer horno nuevo, tienen los Repro, sin retenciones y megadevaluación”, resumió a este diario Daniel Santillán, secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Fray Luis Beltrán.

“Estamos preocupados. En su discurso inaugural de las sesiones parlamentarias, Macri no hizo una sola referencia a la política industrial. Y esto no pasa en cualquier contexto. Estamos en condiciones de asegurar que en los últimos meses y especialmente desde la asunción de Macri se perdieron entre 20 y 30 mil puestos de trabajo en el sector metalúrgico entre despidos y retiros voluntarios impulsados por las empresas. Esto resiente el mercado interno y expande el efecto negativo a toda la economía porque esos trabajadores dejan de consumir”, dijo a Página/12 Abel Furlán, titular de la UOM Campana y diputado nacional (FpV).

Acindar es otra empresa donde la situación laboral es delicada. Aplicó una suspensión total de la planta por diez días y discontinuó trabajos al interior de la planta, lo que podría repercutir en más de 200 despidos de empleados de empresas contratistas. Una de los temas que aparecen en la agenda de la empresa oligopólica de acero es la disputa política con el Gobierno para participar de la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que el macrismo quiere resolver con importaciones de Brasil. Se espera que Acindar reduzca su plantilla en la fábrica de Navarro.

En Siderca, del Grupo Techint, se da una situación similar. La empresa despidió a unos 303 trabajadores de firmas contratistas (220 de la empresa Comau y 83 de Loginter) aunque por ahora rige la conciliación obligatoria en el caso de Loginter. Los trabajadores de la empresa cortaron días atrás el Puente Zárate-Brazo Largo. Siderca emplea a más de 5 mil personas entre planta permanente y tercerizados. La empresa redujo la producción a causa de la crisis global de la industria petrolera, pero además hay fuentes que aseguran que pretende dar una señal al Gobierno porque perdería el negocio de miles de toneladas de tubos sin costura para la construcción del gasoducto de Córdoba, cuyo Gobierno, con el visto bueno de Nación, pretende importar de China.

En el sector alimenticio, a pesar de la fuerte devaluación del peso y la eliminación de retenciones, también hubo despidos. La empresa Ricedal Alimentos, de la localidad de Chabás, despidió a 28 trabajadores. La conciliación obligatoria salió el martes pero la empresa no está permitiendo el ingreso de los trabajadores. “Es la tercera vez que provocan despidos masivos. En 2013 y 2014 hubo reincorporaciones. No sabemos qué van a hacer ahora”, dijo a este diario Leonel Zuliani, delegado de los trabajadores en la empresa.

Importaciones

Las importaciones empiezan a ocupar un papel importante en los problemas de empleo en la industria nacional. Junto a la caída del consumo interno, conforma un combo complicado para empresas de línea blanca como Bambi, en donde no renovaron contratos de temporada a 55 trabajadores, mientras que en Electrolux la empresa llegó por ahora a un acuerdo con el gremio para reubicar trabajadores de una línea de montaje que cerró, junto a unos cuantos retiros voluntarios. En la localidad de Firmat, la empresa Meyde, dedicada a la fabricación de accesorios para cosechadoras, anunció su cierre que afecta a 20 trabajadores, mientras que también cerró el frigorífico Frideco y la curtiembre Sadesa. Y desde hace meses la empresa Vasalli está en una situación incierta. Los problemas financieros en muchos casos datan de hace bastante, pero el contexto económico y político aceleró los planes de ajuste de parte del empresariado.

“Están viniendo de a montones cosas de afuera, planchas, licuadoras, batidoras, campanas de freno para autos, camiones, elásticos para amortiguadores, disco de freno, electrodomésticos chicos. Se paró el consumo y aumentó la energía. Esperemos que el Gobierno dé un giro porque muchas empresas, no sólo metalúrgicas y no sólo de Rosario, van a tener problemas”, explicó a este diario Antonio Donello, secretario general de la UOM-Rosario. Además del impacto sobre las pymes, también Techint mira de cerca el tema de las importaciones, porque su principal competidor en el mundo es China, que produce un 40 por ciento más barato.

Tarifazo

El tarifazo en la electricidad golpea a los trabajadores no sólo de manera directa por el aumento en las facturas sino a través de dos vías indirectas. La primera es la inflación, porque los servicios públicos más caros se transfieren a los precios finales. La segunda es el deterioro de las condiciones de trabajo en las empresas que no pueden soportar los aumentos de costos. Un ejemplo de esta situación sucede en el sector de fundiciones del cordón industrial rosarino. Las empresas venían mal pero agravaron su situación en los últimos cuatro meses. Por ahora no hay despidos, pero sí varios intentos de aplicar suspensiones por parte de las empresas Arrom y Fundiciones Martínez, una firma de 100 trabajadores en Granadero Baigorria desde donde se quejaron que la factura de luz les subió de 150 a 600 mil pesos. Las grandes empresas también se quejan por la quita de subsidios. Acindar, por ejemplo, consume una cantidad de energía eléctrica similar a la ciudad de Rosario y en el caso del gas, iguala el consumo de la ciudad de Paraná.