Durante la última jornada de exposiciones del plenario de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Inversiones del Senado, previo a la discusión para dar dictamen de mayoría al proyecto de ley para el pago a los fondos buitre, hubo distintas y, en algunos casos contrapuestas, visiones respecto de la iniciativa. Ayer fue el turno de especialistas en materia económica y legal y ex funcionarios para presentar sus puntos de vista al acuerdo con estos fondos carroñeros. Los expositores que defendieron la propuesta se basaron en la necesidad de que el país consiga financiamiento tanto para obras como para compensar el déficit público, a lo que hubo objeciones respecto a que las medidas aplicadas por el gobierno de Mauricio Macri que desmantelaron el control a los mercados sólo está teniendo como consecuencia una fuga de capitales. Por su parte, se manifestaron en contra de las condiciones ventajosas del acuerdo y en los riesgos a un nuevo ciclo de endeudamiento para gastos corrientes. “Si no arreglamos, va a caer ácido”, fue la definición caricaturesca del ex ministro de Economía José Luis Machinea, en sintonía con la posición del oficialismo. La especialista en derecho internacional Stella Maris Biocca criticó que se vaya a pagar un plus compensatorio, gastos administrativos, intereses y gastos honorarios sobre instancias y juicios que el país ganó oportunamente.

La exposición se estructuró en varios bloques de especialistas que fueron dando sus opiniones y luego, cuando todos los integrantes de esa mesa finalizaban, se daba un espacio para preguntas. Las disertaciones comenzaron a las 10 y se extendieron hasta las 21. En un principio, la agenda del plenario preveía dos jornadas para estas exposiciones, pero se redujo la lista de oradores para compactarlo en un día y medio. El objetivo del oficialismo es continuar con el tratamiento super express del proyecto que implica un endeudamiento de 12.500 millones de dólares y la derogación de las leyes Cerrojo y Pago Soberano. Las comisiones recibirán hoy por la mañana a más expositores y buscarán luego dar dictamen de mayoría para que sea votado en la Cámara alta el miércoles de la semana próxima.

A favor

Las exposiciones en apoyo al acuerdo se centraron en la supuesta necesidad de que el país consiga financiamiento externo, aunque no hubo respaldo a las condiciones que convalidó el gobierno en la propuesta. El más enfático fue Machinea, quien sostuvo que de no acordarse con los buitres el país continuaría en default técnico y los acreedores con deuda reestructurada se convencerían de que la Argentina no les va a pagar. El ex funcionario radical consideró que el acuerdo es razonable. El economista Miguel Kiguel, ex funcionario en el menemismo, consideró que si se rechaza la propuesta “nos perderíamos ingresar a una nueva etapa de crecimiento”. “Tiene el país la posibilidad de financiar el actual déficit”, afirmó Kiguel, quien consideró que no había margen para un mejor acuerdo.

Mario Blejer sostuvo que “no se puede crecer sin crédito externo y no se puede tomar crédito sin endeudarse”. “El tema es cómo se utiliza ese crédito”, agregó. Para el ex presidente del Banco Central y actual economista del massismo Martín Redrado el acuerdo permitirá bajar los costos para el financiamiento, pero alertó que esa reducción no es automática y se requieren de políticas que acompañen. En la misma sintonía se ubicó otro ex presidente del Central, Juan Carlos Fábrega, quien sostuvo que esta ley es necesaria para trabajar hacia futuro, pero que la situación del país no se va a resolver solamente levantando el default y consiguiendo endeudamiento”. “Acceder al acuerdo implica una mejora en el perfil de la Argentina para conseguir financiamiento, pero se debe corregir el balance comercial, cuidar el mercado interno y atacar la inflación”, afirmó.

En contra

La abogada Biocca sostuvo que existen distintos caminos en el derecho para superar el litigio con los buitres. Respecto a los acuerdos individuales con los cuatro grandes fondos buitre, que encabezan NML y Aurelius, se quejó de que se obligue al país a pagar gastos y honorarios por las incidencias de las causas. “Fueron litigios que incluyen el intento de embargo de la Fragata Libertad e incidencias en Alemania y Bélgica, que además fueron ganadas por la Argentina. Los ganadores no son los que pagan”, dijo la especialista.

La ex titular del Central Mercedes Marcó del Pont rechazó los dichos respecto a que lo hecho por el gobierno de Macri permita un ingreso de capitales. “El gobierno a poco de asumir desmanteló la normativa para el ingreso y egreso de capitales especulativos y el resultado fue que salieron 4000 millones de dólares en concepto de fuga en lo que va del año”, explicó. Remarcó que las políticas implementadas están dañando a la economía, entre las que destacó la apertura a las importaciones y la eliminación de estrategias de financiamiento interno, como el inciso “k” para pymes y economías regionales. Por su parte, el economista Jorge Gaggero compartió la crítica de que los controles a los capitales hayan sido desmantelados.

La ex ministra de Economía bonaerense Silvina Batakis consideró necesario que se cierre el capítulo, pero pidió que se hagan reformas al proyecto. “Hoy se va a emitir deuda y el producido por esa deuda va a ser para pagar deuda. El endeudamiento a futuro no tiene que ser para pagar gasto corriente”, sostuvo Batakis, quien insistió en que el mercado financiero internacional no es el único instrumento para el financiamiento de la economía. Por último, Héctor Giuliano, experto en Deuda Pública y Externa, criticó que el Ejecutivo no haya presentado por escrito las condiciones de los acuerdos con cada uno de los fondos. “El contrato 21 con los cuatro grandes, simplemente dice que sobre un 5891 millones de dólares se pagará 4418 millones de dólares y 238 millones por gastos legales. Quiero ver la descripción. El Congreso no vota por los dichos del ministro”, insistió. También alertó sobre el artículo 6, que faculta a Hacienda a introducir cambios o enmiendas a los acuerdos ya firmados y con el resto puede llegar a acuerdos. “Es una autorización abierta para que el Poder Ejecutivo haga lo que quiera. Esto es un cheque en blanco”, concluyó el especialista en deuda.