La desregulación de los grupos de poder económico continúa en marcha. El Gobierno publicó ayer en el Boletín Oficial que la Comisión Nacional de Valores (CNV) ya no controlará las operaciones de compra y venta de productos agropecuarios. La entidad estaba encargada desde 2014 de elaborar junto con el Ministerio de Agricultura un registro obligatorio de las transacciones de granos en Bolsas y Mercados. El objetivo era evitar la especulación de los empresarios del campo, quienes apostando por una devaluación tienden a retener stocks de cosecha por encima de los normales a la espera de obtener beneficios extraordinarios con el tipo de cambio. La nueva norma desplaza a la CNV de esta tarea de regulación, en la que operadores granarios informaban a diario en una plataforma digital las transacciones del mercado.

La medida de Cambiemos apunta a concentrar la información de las operaciones de granos en el Ministerio de Agroindustria. “La secretaria de Mercados Agroindustriales dependiente del Ministerio de Agroindustria será la autoridad de aplicación y control del Sistema Unificado de Información Obligatoria de las operaciones de compraventa de granos (Siogranos) que conforman el mercado físico”, indica la norma. Agrega que “los mercados y las bolsas deberán celebrar convenios con cámaras arbitrales, con relación a su actuación como tribunales en lo que respecta a la calidad, entrega física y demás aspectos involucrados en las operaciones de compraventa de productos y subproductos alcanzados por la presente debiendo ser presentados en la secretaria de Mercados Agroindustriales dentro de los 5 días de celebrados”.

El desplazamiento de la CNV de estas funciones genera un conflicto de intereses entre regulados y reguladores. El titular del Ministerio de Agroindustria, que a partir de ahora tendrá la responsabilidad total de controlar las operaciones del agro, es Ricardo Buryaile, uno de los principales referentes de Confederaciones Rurales Argentina (CRA).

El argumento del Gobierno para desplazar a la CNV de su rol de controlador es que se busca incrementar la eficiencia del Estado, al evitar la doble imposición de tareas entre organismos. “Se torna necesario arbitrar los medios para poder unificar la toma de decisiones en el ámbito público para la agilización de los trámites correspondientes”, explica la resolución, en línea con los reclamos de las cámaras agropecuarias.