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Los mercados del mundo se cerraron en forma temporaria, drásticamente, a la carne de los Estados Unidos aun antes de que el laboratorio británico Waybridge confirmara ayer que la patología detectada en un animal del noroeste de ese país es, efectivamente, la enfermedad conocida como “vaca loca”. A la complicada tarea de evitar la propagación del mal, la administración de George Bush suma ahora la de evitar un derrumbe en el consumo doméstico y la reapertura lo más pronto posible de las fronteras de casi todos los países a los que hasta hace cuarenta y ocho horas exportaba carnes bovina y sus derivados por miles de millones de dólares.
El martes pasado, la secretaria de Agricultura norteamericana, Ann Veneman, admitió la existencia de una vaca infectada en una granja próxima a la localidad de Mabton, establecimiento de unas cuatro mil cabezas ahora en cuarentena. Ayer las autoridades norteamericanas tuvieron que admitir el resultado positivo de los análisis realizados en un laboratorio británico, a pesar de que aún faltan otras fases del estudio. Gran Bretaña atesoró importante experiencia en el combate del mal, luego de que en 1995 esta patología animal causara en su territorio la muerte de alrededor de 140 personas a través de su forma de ataque en los seres humanos, denominado Crewitzfeld-Jacob.
Para atenuar el impacto que el descubrimiento tendrá en los consumidores locales y de otros países del mundo, Veneman explicó que se trataría de “un caso aislado”, con bajas probabilidades de afectar a seres humanos y hasta aseguró que incluiría carne bovina en su menú navideño. Pero este empeño para minimizar los previsibles efectos de la noticia son contrarrestados por las opiniones de especialistas que sugieren el planteo de un problema grave. Entre ellos, el Nobel de Medicina en 1997, Robert Prusiner, quien señaló las debilidades en los controles norteamericanos: de 35 millones de cabezas que se consumen por año, sólo 20 mil son sometidas a análisis para detectar la enfermedad.
De a poco, las naciones importadoras comenzaron a anunciar el cierre temporario y preventivo de sus fronteras a la carne norteamericana empezando por Japón, el principal consumidor de este producto, que compra por 1800 millones de dólares por año. Ayer también se sumó México, el segundo importador mundial y socio de Washington en el Nafta. Pero uno y otro son apenas un par de destinos relevantes de los muchos que en las últimas horas quedaron bloqueados.
La larga lista también incluye nombres como los de Australia, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Taiwan, Israel y Turquía. En el continente americano se suman Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Colombia, Costa Rica, Honduras y Panamá, que no sólo suspendieron el ingreso de carnes sino de todos sus derivados, incluidas las harinas de origen animal. Lo mismo hizo Canadá, donde hace siete meses se registró un caso de vaca loca: entonces Estados Unidos suspendió inmediatamente las compras a ese país, provocando una disminución en los ingresos de su socio en el Nafta de más de 2200 millones de dólares.
Al mismo tiempo que se clausuraban esas fronteras, Wall Street cerró el martes con una caída del 0,35 por ciento y Nasdaq retrocedía un 0,28 por ciento, en parte por esa noticia negativa. El retroceso bursátil, sin embargo, afectó de un modo muy directo a la cadena McDonalds, cuyos papeles bajaron un 5 por ciento en una jornada. Standard & Poors, por su parte, modificó la calificación de la deuda de varias empresas dedicadas a la carne o alimenticias.
¿En qué medida este problema estadounidense representa una ventaja para otros países que compiten en el mercado internacional? Según declararon ayer funcionarios de Brasil, Chile y Uruguay es posible proveer con productos propios aquellos mercados que, circunstancialmente, quedaron desabastecidos por los Estados Unidos. Pero, al menos desde el sector privado argentino, no habría razones para ser muy optimistas. Miembros de la Sociedad Rural Argentina y representantes de los frigoríficos Swift Armour y Quickfood consideran que se deprimirán los precios, se retraerá el consumo internacional y se reforzarán mucho los controles fronterizos lo que restringiría las posibilidades de exportar más, a pesar de que Argentina es un país libre de ese riesgo.