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La puja política por presidir las comisiones parlamentarias alumbró el nombre del diputado Oscar Lamberto, autodefinido como un “peronista a secas” por su presunta prescindencia de cualquier corriente interna, quien seguirá comandando la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. Una estratégica bicameral que evalúa los informes de la Auditoría General de la Nación y que, entre otras urticantes tareas pendientes, tiene la revisión de los últimos presupuestos ejecutados por Carlos Menem a través de la aprobación de la cuenta de Inversión. Pero el reestreno en esta función tiene un sabor amargo: uno de los vetos al Presupuesto de 2004 dejó a este grupo clave sin 1,5 millones de pesos solicitados para la cobertura de sus gastos operativos.
El cuerpo tiene bajo perfil. Sin embargo, el aspecto medular de las gestiones de los distintos gobiernos es finalmente juzgado por esta comisión a la que se reporta en forma directa la AGN, y que antes fue presidida por otros parlamentarios de dudosa reputación como el ex diputado santafesino Jorge Massat o el cuestionado senador Emilio Cantarero, en apariencia, sin demasiado entusiasmo. Cuando Lamberto tomó el timón por primera vez, en abril del 2001, encontró alrededor de 800 expedientes sin resolución. Un fárrago de papeles que al ser revisados justificaron decenas de denuncias ante la Oficina Anticorrupción o la Fiscalía Administrativa por presuntas irregularidades cometidas por ex administradores públicos, básicamente ligados a las privatizaciones.
Hace pocas semanas, el Senado aprobó los informes correspondientes a las cuentas de Inversión –el detalle de los presupuestos efectivamente ejecutados– de los años 1994, 1995 y 1996. Pero esos análisis sobre cómo se manejaron los fondos públicos en esos períodos aún no consiguió el aval de Diputados, no está claro si por objeciones políticas o, simplemente, porque la agenda de la Cámara señaló otras prioridades. Aun así, llegar a este punto no fue fácil.
El análisis del presupuesto de 1994 fue el que dio lugar a discusiones más airadas acerca de cómo se computaban entonces los ingresos que provenían de privatizaciones, ya que en la cuenta de Inversión sólo figuran “saldos” y no el ingreso bruto menos el detalle de las deducciones que hubieren correspondido en cada caso.
Pero si prospera una propuesta que planea formular Lamberto a partir del 1º de febrero, cuando comiencen las sesiones ordinarias, las disquisiciones técnicas y políticas sobre el tema perderían sentido. El nuevamente diputado del PJ, quien estará escoltado por el radical Mario Losada, planea hacer a un lado los informes que tengan más de cinco años de antigüedad y abocarse a la administración de la Alianza en adelante.
“¿De qué vale analizar lo que hizo un funcionario al que no se lo puede destituir con juicio político porque ya no está, ni se lo puede acusar porque el eventual delito prescribió?”, justifica el santafesino, en alusión a la posible “malversación de fondos” o “incumplimiento en los deberes de funcionarios públicos” en que podrían haber incurrido los funcionarios cuya tarea se revisa. No sólo los de Economía, sino los miembros de los entes reguladores de empresas privatizadas o directores de organismos autónomos como el PAMI o el Banco Central.
El desafío será hacer esa tarea sin presiones políticas y con un presupuesto que acaba de ser recortado. Algo que Alberto Fernández podría subsanar reasignando partidas, según las amplias atribuciones que tiene el jefe de Gabinete para manejar los recursos de la Nación.