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En fuentes policiales había ayer optimismo sobre la pronta solución del secuestro del padre de Jorge “Corcho” Rodríguez. En términos de los uniformados, la palabra solución significa que estaba todo listo para pagar el rescate y que la banda de secuestradores liberaría a Ernesto Rodríguez. En la inmensa mayoría de los hechos de este tipo, las cosas terminaron de esa manera y lo más llamativo es que, aun cuando se produjeron unas pocas detenciones, el dinero del rescate nunca apareció. Según coinciden todos los especialistas, hoy las bandas de secuestradores funcionan como organizaciones celulares, donde operan distintos grupos que casi no se conocen entre sí. Justamente la clave para llegar a la cúpula es el dinero, porque los jefes son los que se quedan con gran parte del botín y reparten a los demás. La no aparición de la plata del rescate significa lisa y llanamente que no se llegó a la cúpula de las bandas y esa impunidad de los jefes profundiza las sospechas de que los que están detrás, los que mandan, visten o han vestido uniforme.
“Esto se arregla rápido”, coincidían anoche todos los que rodean el caso del secuestro del suegro de Susana Giménez. En todos los hechos anteriores, los rescates se pagaron de noche, por razones obvias:
- El método habitual es que los secuestradores se van comunicando con el familiar indicándole qué colectivo y qué tren tiene que ir tomando.
- También hubo casos en que la persona que paga va en auto.
- En cualquiera de las alternativas, lo van paseando de un lugar a otro, lo que les permite chequear si hay un seguimiento policial. En el ambiente carcelario se dice que los secuestradores vigilan los movimientos del familiar que va a pagar, por lo general, usando motos.
- Al final –siempre comunicados a través de llamadas breves de celular, de unos 20 segundos–, le indican al pagador que arroje la bolsa con el dinero por una ventanilla del tren, el colectivo o el auto en el que va.
Para las familias de los secuestrados, lo principal es que su familiar vuelva a casa con vida y sano. Así ocurrió en la mayoría de los casos. Las dos muertes que se produjeron hasta ahora fueron extrañas. Una es el asesinato de Diego Peralta, el chico del barrio El Jagüel, al que mataron incluso antes de negociar un rescate. La leyenda indica que se trató de un hecho de venganza, sin que hasta ahora haya salido a la luz la verdadera historia en la que aparecen envueltos policías de la zona. El otro homicidio fue el de Juan Manuel Canillas, un caso inexplicable. Al chico lo secuestraron, lo llevaron en su propio auto hasta su casa, allí su familia entregó dinero y pocas cuadras después lo mataron. Algunos sostienen que los asesinos estaban totalmente descontrolados por el consumo de drogas, otros creen que Canillas podía identificar a alguno de los secuestradores y por eso lo silenciaron.
Mientras que para la familia la clave es el regreso al hogar de la víctima del secuestro, para el Estado las cosas no pueden quedar así. Y más todavía si se considera que el hilo conductor hacia la cúpula de la banda de secuestradores es el dinero. Que no se recupere el rescate significa que no se ha conseguido detectar a los jefes. Hoy en día, está claro que esas bandas funcionan con organizaciones celulares. Un grupo hace la inteligencia, el mismo grupo u otro protagoniza la operación del secuestro; otros integrantes de la banda –en general, perejiles– se ocupan de ocultar al secuestrado, alimentarlo y darle la medicación; hay un negociador, que suele ser uno de los jefes; luego están los que recogen el dinero y, por supuesto, la cúpula es la que distribuye el botín. La gran mayoría de los especialistas cree que, por la organización y la planificación, las cúpulas tienen integrantes o relación estrecha con policías, ex policías, miembros de otras fuerzas de seguridad o de las Fuerzas Armadas.
Hay organizaciones no gubernamentales que sostienen que este año se cobraron aproximadamente siete millones de pesos como rescate desecuestros. Algunos de los casos más notorios fueron los de Florencia Macri, 750.000 dólares; Pablo Belluscio, 147.000 dólares; Mirta Fernández, 800.000 pesos; el padre del ex jugador de Boca Christian Traverso, 250.000 pesos; por el padre de los hermanos Milito, 200.000 pesos; el chico de Luján, Facundo Lafont, 250.000 pesos, y así sucesivamente. Sólo en esta breve lista se suman más de cuatro millones de pesos y faltan no menos de quince secuestrados más que tuvieron que pagar para recuperar su libertad.
Los casos en que se frustró una parte de los pagos de rescate fueron los del padre del jugador de River Leonardo Astrada y el empresario Juan Carlos Cirelli, ya que este último logró escaparse y ello obligó a la banda a dejar en libertad al padre del futbolista. El otro episodio casi de comedia fue el pago del rescate por Antonio, padre de Pablo Echarri. Allí apareció en escena una banda que mejicaneó el dinero y se gastó parte de los cien mil pesos en un bingo y un prostíbulo.
Lo que, según los especialistas, trasciende la importancia de las cifras es que al no llegar al dinero no se llega a los jefes y que justamente allí está la clave para desbaratar a las bandas. En los últimos dos años, se pretendió hacer creer a la opinión pública que se habían desarticulado las organizaciones más grandes producto de las casi 180 detenciones que se hicieron. La verdad se percibió poco tiempo después: hoy, sólo 25 personas están detenidas y a la mayoría no se le pudo probar la relación con los secuestros. A nivel internacional, en los países que más han sufrido este tipo de delitos, en los últimos años se empezaron a desarrollar técnicas para concentrar la investigación en la cuestión del rescate. En la Argentina, todo viene demorado y la conclusión evidente que se saca de los últimos dos años es que los jefes de las bandas de secuestradores han sido exitosos porque cobraron los rescates, prácticamente no se encontró ni un peso de lo pagado y ésa es la prueba de que las cúpulas gozan de libertad. Es más, según le decía anoche un especialista a Página/12, una de las diferencias que se establece a nivel internacional entre delito común y delincuencia organizada tiene que ver con los montos de los golpes que dan: en la industria del secuestro, ya se han movido cifras altísimas.
No son pocos los que creen que no se detecta el dinero porque en la cúpula hay uniformados que saben bien adónde apuntan las investigaciones. Y los indicios son tres:
- Por la forma en la que operan las bandas –en buena parte de los secuestros se usaron armas largas, varios autos, ocho a diez personas que actúan en plena calle y a la luz del día–, los operativos de secuestro se parecen bastante a operaciones policiales.
- Los especialistas creen, además, que lo que sugiere que en las cúpulas hay uniformados es precisamente la impunidad que lograron y que nunca les han detectado el botín.
- El punto de unión entre los pesados de las bandas y los hombres de uniforme es el narcotráfico. En el mundo de la droga, cuentan con evidente cobertura, y eso se traslada a las operaciones de secuestro. Algunos de los más conocidos secuestradores, como el llamado Negro Sombra, tienen una vieja y aceitada relación con los jefes policiales con jurisdicción en los barrios que él domina. Otros jefes, según parece, viven en countries –al igual que varios comisarios– gracias a la confluencia de ambos negocios.
Con semejante panorama, si efectivamente Ernesto Rodríguez, el padre del Corcho, recupera su libertad, el gobierno provincial o el nacional tendrán que poner presión, de una vez por todas, en la cuestión del dinero. Mientras no se lo encuentre, significará que los jefes están sueltos y, seguramente, planificando el próximo golpe.