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A cuatro meses del inicio del ejercicio fiscal, las universidades nacionales están frente a un apremio presupuestario y financiero que, de no mediar decisiones políticas claras del gobierno de Mauricio Macri para revertir tal situación, pueden convertir esta cuestión en un hecho de relevancia política e institucional similar a lo ocurrido en 2001 cuando el gobierno de De la Rúa anunció un brutal ajuste sobre el sistema universitario.

El presupuesto nacional para 2016, aprobado por el gobierno anterior, preveía 51.946 millones de pesos para las universidades públicas. Ese presupuesto fue sancionado en un escenario donde se proyectaba una inflación anual del 14,5 por ciento y un valor del dólar promedio anual de 10,60 y de 11,20 pesos para diciembre de 2016.

El principal gasto del presupuesto universitario se concentra en el rubro “salarios”, que alcanza en el conjunto del sistema más del 80 por ciento del total de los recursos. El porcentaje restante se utiliza para “gastos de funcionamiento” que cubren la adquisición de insumos y bienes de consumo, servicios, equipamiento y los sistemas de becas.

La situación de premura se da por la combinación de, al menos, tres factores:

1) Las proyecciones macroeconómicas con las que se aprobó el presupuesto 2016, fueron tiradas por la borda al devaluar 50 por ciento y acumular en el primer cuatrimestre una inflación del 20 por ciento.

2) El brutal incremento en las tarifas de los servicios públicos, que alcanzan entre 300 y 500 por ciento.

3) Del total de crédito presupuestario aprobado para gastos de funcionamiento, las autoridades de la Secretaria de Políticas Universitarias (a cargo del radical Albor Cantard), realizaron una poda en las remesas financieras, enviando menos de la mitad de los fondos que se le deberían haber transferido a las casas de altos estudios siguiendo una secuencia lógica mensual.

A lo anterior se suma que el ministro de Educación, Esteban Bullrich, ofreció a los docentes un aumento de 15 por ciento a partir de mayo y otro porcentaje similar en diciembre (no acumulativo). Es evidente, que la primera cuota no alcanza ni siquiera a cubrir el aumento de precios del primer cuatrimestre. Peor aún está el personal no docente que todavía no inició las conversaciones paritarias.

El panorama asume una mayor complejidad por la falta de certezas sobre lo que ocurrirá con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Presupuesto 2016. Allí se prevé un incremento de 3200 millones de pesos para reforzar los gastos de funcionamiento, la infraestructura, los planes para el apoyo a las carreras y los hospitales universitarios. Para esa ampliación está facultado el Jefe de Gabinete, Marcos Peña. Hasta ahora no lo ha hecho, ni hay señales concretas de que ese refuerzo sea una prioridad del Gobierno.

En igual sentido, el haber dado de baja, con una promesa vaga de revisión en un plazo no definido, la totalidad de los convenios entre administración pública nacional y las universidades nacionales, va en la misma línea de desfinanciamiento a las casas de altos estudios.

Hasta el año pasado, e ininterrumpidamente desde 2005, la educación superior había logrado un avance muy significativo. El vastísimo conjunto de políticas públicas en esa materia tuvo su correlato con un incremento fenomenal del presupuesto universitario y del salario de los trabajadores del sistema. El gasto en educación universitaria pública, antes de los gobiernos kirchneristas, oscilaba entre 0,40 y 0,50 por ciento del PBI. En 2015 alcanzó el 1 por ciento del PBI. Dicho incremento se dio además con un sesgo redistributivo, disminuyendo las brechas territoriales, de género y entre los distintos deciles de la población, según sus niveles de ingresos, tal como lo muestra un reciente informe de los investigadores Germán Pinazo, Diego Ventrici, Roxana Cuevas y Rubén Nigita del Centro de Estudios Políticos, Económicos, Culturales y Sociales (Cepecs).

Desde hace un par de semanas, la comunidad universitaria, que abarca a casi 2 millones de personas (entre estudiantes, docentes y no docentes), ha realizado asambleas, movilizaciones y paros. No busca sostener ningún privilegio ni continuar ninguna fiesta. Solamente garantizar un “derecho humano universal”, como definió a la educación superior, en 2008, la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. Lo que pretende, al menos, es no retroceder quince años.

* Investigadores-docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento.