En la Patagonia los aumentos de la tarifa de gas promedio para los usuarios domiciliarios fueron del 700 por ciento, mientras que para los comerciales e industriales alcanzaron un impresionante 1250 por ciento. Por la fuerte resistencia social que provocó el tarifazo, el gobierno nacional concedió una rebaja para los hogares definiendo un tope al alza del 400 por ciento. El nuevo cuadro igual sigue siendo asfixiante: las facturas residenciales se multiplican por 5 y las comerciales e industriales por 13,5. Un aspecto poco divulgado es que las principales beneficiados del tarifazo en el gas son las petroleras. Más de las tres cuartas partes de la nueva facturación será embolsada por las petroleras, una transferencia de los consumidores a esas empresas de 3500 a 4000 millones de dólares. Poco del aumento es para reducir la carga fiscal de subsidios energéticos. El ajuste pegará entonces con saña en una región que suma apenas el 7,0 por ciento de los usuarios residenciales y el 23,0 por ciento del consumo nacional, lo que se explica en razones climáticas. En este escenario de desconcierto social y económico y varias cautelares judiciales que han frenado el aumento, hoy y mañana varios gobernadores se reunirán con el ministro del área, Juan José Aranguren, para conseguir una fórmula que alivie el impacto del tarifazo.

A pesar de haber votado minoritariamente por la Alianza PRO, los usuarios patagónicos estaban resignados al aumento de tarifas. El primer impacto llegó en febrero con la electricidad, con subas promedio de entre el 160 y el 180 por ciento, menos que en el promedio del país. Por eso, tras los anuncios del último día de marzo para el gas, y sin haberse detenido en los números finos, se prepararon para recibir incrementos similares a los de la electricidad. Pero con las primeras facturas llegó la sorpresa. Dejando de lado los casos extremos, como se mencionó los aumentos promedio para los usuarios domiciliarios fueron del 700 por ciento, mientras que para los comerciales e industriales alcanzaron un impresionante 1250 por ciento. Se destaca que estas subas impactan en una zona de alto consumo con las temperaturas medias más bajas del país si se excluye la Antártida, es decir, en una geografía donde el consumo de gas es intensivo y en muchos casos primordial.

Tras el grito en el cielo de algunos gobernadores y luego de mirar una y otra vez la planilla de Excel del Ministerio de Energía y Minería, el gobierno se allanó muy parcialmente a las demandas y concedió una rebaja para los consumos domiciliarios mediante un tope del 400 por ciento. La nueva síntesis fue que las facturas residenciales se multiplicaron por 5 y las comerciales e industriales por 13,5. Para estas últimas el matiz fue que los consumos podrán pagarse en cuotas.

Transferencia a las petroleras

Muchos patagónicos se preguntan por la causas de un shock tarifario de semejante magnitud. Algunos recuerdan vagamente la idea de terminar con los subsidios. Otros complementan con que el gas en la región, por sus características climáticas, estuvo subsidiado históricamente por encima del resto del país. Lo que muy pocos saben es que el grueso de lo que pagarán de más por los ajustes tarifarios irá directamente a los bolsillos de las petroleras, y apenas en el margen a la mejora de las cuentas públicas. Y no sólo porque deberán afrontar la parte que como subsidios antes pagaba el Estado, sino porque el anuncio del aumento tarifario fue concomitante a la más que duplicación del precio que recibirán las empresas por el gas en boca de pozo. El nuevo precio saltó de un promedio de 2 dólares el millón de BTU a más de 5 dólares. Distintas consultoras calcularon esta transferencia entre 3500 y 4000 millones de dólares. En el caso de la Patagonia ello significa que más de las tres cuartas partes de la nueva facturación será embolsada por las petroleras.

Siguiendo los números elaborados por el Centro de Estudios Patagonia (www.cepatagonia.com.ar), el ajuste pegará con saña en una región que suma apenas el 7,5 por ciento de los usuarios y el 15,3 por ciento del consumo nacional, lo que se explica en razones climáticas. Sin embargo el agregado, como suele suceder, oculta algunos detalles importantes. Por ejemplo que los usuarios residenciales son el 7 por ciento del total del país, pero consumen el 23 por ciento del total del gas distribuido del segmento. El porcentaje de usuarios comerciales se dispara al 17,3 por ciento del total país, lo que refleja especialmente el peso de la actividad turística en la región, y consume el 25 por ciento del segmento a nivel nacional. Nótese que el derroche del que habló el ministro Rogelio Frigerio no se produce precisamente en el gasto comercial nutrido por el sector turístico. El sector industrial suma sólo el 3,6 por ciento de los usuarios nacionales y el 11,9 por ciento del consumo, siempre del segmento.

Pero este recorte por segmentos vela el verdadero peso de la Patagonia en el nuevo cuadro tarifario. El consumo residencial representa 7,7 puntos del nacional, el comercial poco más de 1 y el industrial el 3,5. Es decir; los tres suman el 12,2 por ciento de la facturación nacional total. Esto significa que en la planilla de Excel del ministro Juan José Aranguren el consumo patagónico no es el determinante de los ingresos finales, dato que los gobernadores patagónicos pueden poner sobre la mesa de negociación en la reunión de hoy con las autoridades nacionales.

De los dos lados del mostrador

El ajuste draconiano ya provocó una fuerte reacción regional. Se presentaron amparos judiciales de usuarios privados, de municipios y de las provincias de Santa Cruz y Chubut. En ciudades como San Carlos de Bariloche se produjo una verdadera reacción popular, con la recolección de 30.000 firmas de rechazo e importantes movilizaciones callejeras. A la vez, los precios de los “bienes complementarios”, aquellos consumidos por los sectores que no acceden al gas de red, como el metro cúbico de leña y las garrafas, también se dispararon.

La reacción de la población, usuarios residenciales, comerciantes, hoteleros e industriales, empujó la queja algo tardía de gobernadores poco propensos a enfrentarse con el gobierno nacional. Pero en la mayoría de los caso no fue sólo una cuestión de estilo. La mesa de negociaciones a la que se sientan los funcionarios de Nación y provincias no está exenta de contradicciones. La Patagonia posee las tres principales cuencas gasíferas del país. La Neuquina, que se extiende también a la provincia de Río Negro, la del Golfo San Jorge, en Chubut y Santa Cruz, y la Austral, en Santa Cruz y Tierra del Fuego. En consecuencia, la contradicción no es de tipo moral, es decir; “como es la zona productora no es justo que pague lo mismo o más que el resto del país”, sino que en la más que duplicación del precio del gas en boca de pozo, las cuentas provinciales están asociadas a los intereses de las empresas petroleras y, en consecuencia, verán incrementadas sus regalías en la misma proporción. En el caso de Neuquén, por ejemplo, el extra será de unos 400 millones de dólares anuales. La inesperada montaña de dólares explica que haya sido su gobernador, Omar Gutiérrez, quien le dio letra al ministro del Interior en materia de derroche, remeras y ventanas abiertas. Al mismo tiempo, no sorprende que el chubutense Mario Das Neves haya sido el más díscolo. Su provincia representa cerca del 40 por ciento del total del consumo patagónico.

Opciones de política

Dado que la potente transferencia al sector gasífero significa mayores regalías. El discurso oficial, incluido el de los gobernadores de la región, afirma que la mayor rentabilidad empresaria se traducirá en aumento de las inversiones. Como la Patagonia es la principal zona productora del país se supone que será también la principal receptora de estas inversiones por, al menos, una porción de la citada megatransferencia de entre 3500 y 4000 millones de dólares. En cualquier caso, todavía no hay ninguna señal y, por el contrario, se retiraron equipos de perforación de los campos y existen amenazas de suspensiones y despido de personal si no se aceptan rebajas salariales. En contrapartida, la intransigencia del gobierno sobre la facturación de un consumo que es apenas el 12,2 por ciento del total nacional del gas distribuido, y sólo el 4,5 si se considera exclusivamente al segmento comercial e industrial, significa que para un hogar de ingresos medios la factura de gas podría representar entre el 20 y el 40 por ciento de los ingresos y que actividades como el turismo se volverían potencialmente inviables. No debe olvidarse, además, que la explotación petrolera nunca dejó de ser en la Patagonia un modelo de enclave y que el carro de la economía regional en materia de empleo es empujado por otras actividades que podrían verse seriamente afectadas por los cambios compulsivos y desmedidos sobre su estructura de costos.

Finalmente queda la pregunta por la necesidad y la urgencia de un ajuste tan fuerte. El precio que se pagaba por el gas en boca de pozo estaba en línea con el valor de referencia internacional, el Henry Hub. En el presente pasó a ser uno de los más altos del mundo. Un valor por encima del precio actual de importación de Bolivia, que ronda los tres dólares el millón del BTU y similar al de regasificación, el que se importa vía los barcos metaneros. Es verdad que estos precios internacionales bajos son coyunturales, pero cabe preguntarse si no era posible utilizar la coyuntura favorable para, al menos, espaciar temporalmente los ajustes. Luego, tampoco es cierto que estos mayores precios pagados para el “gas viejo” el que ya se extrae, incentiven una mayor producción, especialmente porque a través de los planes plus ya se pagaban hasta 7,5 dólares el millón de BTU para el “gas nuevo”. La única razón que parece haber prevalecido, a tono con la pertenencia histórica del ex CEO de Shell y actual ministro de Energía y Minería, fue la urgencia por transferir recursos al capital petrolero.