La Federación de Clínicas de la provincia de Buenos Aires reclamó ayer su inclusión en la tarifa social de luz y gas para poder continuar ofreciendo los servicios de salud. “Asistimos en un 90 por ciento a la seguridad social, IOMA, PAMI y todas las mutuales nacionales, si nuestro sector cae y hay cierres, ¿quién atenderá a la población?”, se preguntó el presidente de la organización, Héctor Vazzano. “No recibimos ningún subsidio o beneficio de ningún tipo. Los aumentos tarifarios que recibimos hacen inviable seguir atendiendo. Apelamos a las autoridades provinciales y nacionales para que nos atiendan y se nos considere dentro de aquellos que deben recibir una tarifa social”, agregó el dirigente. De esta forma, los sanatorios bonaerenses se suman a la catarata de reclamos en contra del tarifazo. Instituciones sociales como clubes de barrio y centros culturales, pymes y empresas recuperadas advierten que la situación luego de los aumentos se volvió insostenible. Un antecedente relevante en el sector de salud es el caso del Hospital Privado Nuestra Señora de La Merced, ubicado en Tres de Febrero, que obtuvo una medida cautelar para frenar el tarifazo por parte de la jueza federal Martina Forns. El centro de salud había pasado de pagar 50 mil pesos de luz a 300 mil pesos. “Quedó en riesgo el derecho constitucional del acceso a la salud”, justificó la magistrada.