El jefe de Gabinete, Marcos Peña, calificó ayer a Juan José Aranguren como “un ministro de lujo” al desmentir su destitución como titular del área de Energía y Minería. “Aranguren sigue siendo nuestro ministro, es un lujo, un ejemplo de honestidad y de trabajo, estamos muy orgullosos de él”, agregó Peña. El ex titular de Shell viene siendo blanco de cuestionamientos por sus declaraciones minimizando el impacto del tarifazo, a lo que se sumó en las últimas semanas la imputación por la contratación directa de importación de gas a través de Chile, operación en la que intervino la propia empresa Shell. Ayer, el funcionario respondió a los cuestionamientos a través de un comunicado publicado en la página web de su ministerio, donde rechaza toda irregularidad, aunque admite que se pagó el gas 128 por ciento más caro que el contratado con Bolivia. “Es una verdad contada en forma maliciosa”, se justificó. Peña negó además, durante la conferencia de prensa que ayer compartió con el ministro de Hacienda, Prat Gay, que exista algún tipo de incompatibilidad entre el actual cargo público de Aranguren y su relación con Shell Argentina, de la que fue presidente hasta junio de 2015 y hoy sigue siendo accionista. Shell habría provisto el GNL que posteriormente Chile revendió a la Argentina.

Según Peña, Aranguren está realizando en su área una valiosa tarea para “revertir años de malas políticas y de corrupción”. Ahora, la justicia lo investiga por las compras de gas a Chile, el tarifazo y sus vínculos con la petrolera Shell. Ayer, el ministro de Energía se defendió en una carta pública en la que enfatiza que la acusación que se le hace de haber pagado un sobreprecio en la compra de gas a Chile “es una verdad planteada en forma maliciosa”.

Argentina tiene un contrato con Bolivia para el suministro de gas por parte de ese país por 19,9 millones de metros cúbicos por día. Este gas llega por bombeo desde la localidad boliviana de Yacuiba hasta la planta separadora de Campo Durán (Salta), desde donde se inyecta en el sistema nacional de gasoductos. El 29 de febrero, el gobierno de Evo Morales informó que debería reducir el suministro a 15,4 millones diarios en el resto del primer semestre y a 19 millones de metros cúbicos diarios en el segundo. “Ante este panorama y un pronóstico de frío más severo que en años anteriores para este invierno, decidimos evaluar la posibilidad de diversificar la oferta energética importada”, explicó ayer Aranguren en su carta. De esta forma, justificó la contratación directa entre Enargas, de Argentina, y ENAP, de Chile, para comprarle a esta última el GNL (gas natural licuado) que el país trasandino importa y regasifica en las plantas de Mejillones y Quinteros.

Argentina paga por el GNL regasificado en Chile 6,90 dólares por millón de BTU (unidad calórica de medición del volumen comercializado), valor que es 128 por ciento superior al que cuesta el gas boliviano que sustituye (3,02 dólares por millón de BTU). “Dicho producto fue ofrecido como disponible por su propietario, inicialmente ENAP, y no cabía la posibilidad de licitarlo, ya que no existe más de un proveedor posible para el gas proveniente de cada una de dichas terminales. Menos aun en el contexto de la emergencia declarada en el sector energético de nuestro país”, explicó ayer Aranguren para justificar la operación. Luego, intentó explicar la diferencia de precio, afirmando que “estamos comprando todo el gas natural que Bolivia pone en disponibilidad, por lo que denunciar que se compró a Chile a un precio 128 por ciento superior al que corresponde por contrato con Bolivia, es una verdad planteada en forma maliciosa. Se acudió al gas natural proveniente de Chile cuando ya no era posible contar con mayor cantidad de gas de Bolivia que el que se estaba adquiriendo”.

El precio pagado por el Ministerio de Energía a Chile había sido cuestionado por los diputados del Frente para la Victoria Martín Doñate y Rodolfo Taihalde, primero ante la Oficina Anticorrupción y luego, frente a la inacción de ésta, en la Justicia. Tras tomar conocimiento de la denuncia, el fiscal Carlos Stornelli le requirió al juez federal Luis Rodríguez abrir una investigación sobre los hechos.

Aranguren también intentó deslindar toda responsabilidad del vínculo de Shell como beneficiario de la operación con Chile. Ya que, según se mencionó, el GNL regasificado en las plantas chilenas con destino a la Argentina habría sido adquirido por el país trasandino a una filial de Shell. El ministro de Energía y Minería respondió, al respecto, en su nota pública: “Ante las acusaciones de que Shell, quien fuera -como es público y notorio- mi empleador hasta el 30 de junio de 2015, provee el GNL a las empresas chilenas que posteriormente revendieron el gas natural a Enarsa, debe señalarse que nuestros proveedores chilenos de gas natural, ENAP y SolGas, eligen sus proveedores sin dar intervención ni información (y sin obligación de darla) a Enarsa”. El “ministro de lujo”, según lo calificó Marcos Peña, asegura desconocer a quién le compra el GNL Chile y que, simplemente, se sirve de la capacidad excedente de regasificación del vecino trasandino para importar gas por esa vía, sin preguntar su origen. Más caro, pero es lo que hay.