El oficialismo desempolvó el proyecto del Gobierno para reformar la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF) que apunta a recortar las atribuciones y ponerle fecha de vencimiento al actual mandato vitalicio de la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó. Dos meses después de que el ministro de Justicia, Germán Garavano, defendiera con escaso consenso la iniciativa del Ejecutivo ante los diputados nacionales, ayer una veintena de especialistas desfilaron ante un plenario de comisiones de la Cámara baja para opinar sobre el proyecto que acota a cuatro años el mandato del procurador, dispone nuevos métodos para su remoción y le otorga esa atribución al Poder Ejecutivo, crea la figura de otros cuatros subprocuradores que nombraría el actual gobierno para licuar las facultades del procurador y desmantela las Unidades Fiscales Especializadas (incluida la de la AMIA). Aunque el proyecto cosecha muchos cuestionamientos, Cambiemos está dispuesto a conceder algunas modificaciones en busca de apoyo y negocia el respaldo del massista Frente Renovador para emitir dictamen favorable y en una o dos semanas para llevarlo al recinto.

Con distintas posturas, los especialistas coincidieron en establecer un mandato temporal para el procurador, aunque desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) –entre otras organizaciones– cuestionaron que el mandato del procurador coincida con el mandato presidencial. También fue criticado el papel de los subprocuradores que, seleccionados por el Ejecutivo entre un reducido grupo de fiscales con diez años de antigüedad con el respaldo de la mayoría simple en el Congreso, pasarían a ser parte de un “cogobierno” del MPF y limitarían las facultades del procurador para “diseñar y ejecutar un plan político criminal estratégico”.

“El proyecto tiene problemas importantes de diseño político institucionales” porque “plantea un debilitamiento muy importante de la figura del procurador general y plantea una especie de cogobierno del ministerio público fiscal entre el procurador, subprocurador y el consejo de fiscales”, sostuvo Paula Litvachky, del CELS ante el plenario de las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto.

Litvachky también agregó que el texto del proyecto “plantea un plazo muy corto, cuatro años de mandato” y dijo que “en vez de fortalecer” la función del procurador “y permitir que desarrolle un plan de gobierno, lo debilita”. También estimó que un plazo de 10 años sería razonable para el mandato del procurador general.

El prestigioso jurista Julio Maier fue contundente en sus críticas. “El proyecto tiene escasos ribetes técnicos. Lo importante desde el punto de vista político tiene una meta principal: desprenderse de la actual Procuradora General de la Nación”, sentenció antes de leer su postura, publicada en Página/12 el 19 de abril. Maier también cuestionó a los legisladores: “No comprendo el sistema de representativo. Diputados y senadores dicen que su cargo responde al mandato popular, aunque después rompen con el partido y continúan en sus bancas sin la representación orgánica del partido que los llevó a su elección”.

El ex camarista federal y ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra respaldó el proyecto del gobierno. “La política criminal la dirige el Procurador y las subprocuraciones lo tienen que hacer en el área de su competencia”, dijo para sostener la propuesta de crear las subprocuraciones. Aunque aclaró que a la ley “le falta un fuerte control externo sobre la procuración, se tiene que crear la comisión (bicameral) parlamentaria para que la Procuradora tiene que hacer una memoria anual de su gestión”.

En tanto, el fiscal general Ricardo Sáenz se mostró a favor de establecer un mandato de cuatro años con una reelección de otros cuatros, pero rechazó la división de la Procuración al afirmar que “no compartimos tener cuatro subprocuradores y el recorte del procurador porque atenta contra la voluntad del constituyente”.