El mismo tribunal que en julio de 2010 confirmó el procesamiento de Mauricio Macri por las escuchas telefónicas a su cuñado, Néstor Leonardo, y al dirigente de Familiares de AMIA Sergio Burstein cambió de idea y ayer decidió disponer su sobreseimiento. La Sala I de la Cámara Federal consideró que si bien está demostrado que existió una asociación ilícita que pinchaba teléfonos a través del espía Ciro James, contratado dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que actuaba en tándem con el primer jefe de la Policía Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios, no hay nada que permita afirmar que Macri, por entonces jefe de gobierno, tenga responsabilidad en el espionaje. Los camaristas invocaron elementos que aparecieron en la fase final de la causa, que no son neutrales, como el testimonio de Guillermo Montenegro, ex ministro de Seguridad porteño, quien afirmó que Macri no tuvo responsabilidad en el nombramiento de Palacios y que no sabía nada de James; así como las referencias de Franco Macri a que había sido él quien contrató dos agencias de seguridad (The Ackerman Group y AP Security) para seguir a su yerno con respaldo del testimonio del ex comisario Adrián Pelacchi, vinculado a la seguridad de su grupo empresario.

Con estos datos, para la Cámara “la mera afirmación de que Macri también tenía interés en ‘escuchar’ a Leonardo, para lo cual se valió de una maquinaria engendrada por la asociación ilícita investigada, se erige en una simple especulación sin poder de convicción”. El abogado del ex cuñado de Presidente, Luis Conde, le anticipó a Página/12 que no volverá a apelar, de modo que el sobreseimiento quedará firme. El fallo lleva las firmas de Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler. En 2010 habían dicho que Macri “conoció y prestó su consentimiento para instalar” en el gobierno porteño “un aparato de inteligencia prohibido” del cual “se habría servido para espiar a su cuñado” y a Burstein. Según entonces argumentaron los camaristas, como “máxima autoridad” estatal Macri había asegurado que “la matriz del aparato clandestino de inteligencia se instale en su gobierno, se nutra de recursos y, de tal suerte, pueda funcionar”.

La causa se había iniciado en 2009, por un llamado anónimo que recibió Burstein denunciando las escuchas. El primer juez fue Norberto Oyarbide, quien no tardó en verificar que a Burstein, por esos días crítico feroz de la designación de Palacios en la Policía Metropolitana, le habían pinchado el teléfono. El mecanismo era insólito: en un expediente real sobre un homicidio, un juez de Misiones ordenaba a la ex SIDE una escucha sobre alguien ajeno a la investigación; luego las grabaciones las retiraba James y siempre se contactaba con Palacios, como revelaron sus entrecruzamientos de llamadas. James había sido contratado por el ex ministro de Educación Mariano Narodowski en esa cartera, aunque allí no registra trabajos, pero hablaban seguido por teléfono. La misma mecánica de hacer una pinchadura con aspecto legal vía Misiones se aplicó con el cuñado de Macri y con otros personajes, en especial abogados y empresarios. Debido a que Burstein era una víctima del caso, intervino el fallecido fiscal Alberto Nisman como titular de la Unidad AMIA. El fiscal de origen era Jorge Di Lello.

La causa estaba radicada en el juzgado 7, que estaba vacante. Oyarbide procesó a todos por asociación ilícita y los mandó a juicio oral. En los casos puntuales de Burstein y Leonardo, aludió a un interés de Macri. Cuando asumió el titular del juzgado, Sebastián Casanello, dispuso una serie de medidas que había ordenado la Cámara y que reclamaba la defensa de Macri. Ahí surgió el testimonio de Montenegro, quien al inicio de la causa había estado imputado, y dijo que Macri no había tenido injerencia en la elección de Palacios como jefe de la Metropolitana, pese a que es sabido que fue su policía de confianza tras su secuestro, a punto tal que fue jefe de seguridad de Boca. De acuerdo con el testimonio del ex ministro, no se le podían adjudicar responsabilidades al entonces jefe de gobierno porteño en el armado de la policía local. También declararon Emanuel Ackerman (una declaración jurada que presentó la defensa de Macri) y Pelacchi, quienes afirmaron que Ackerman Group y Security SA habían sido contratadas por Franco Macri para controlar a Leonardo. Gianfranco y Mariano Macri, hermanos de Mauricio, también dijeron que quien había contratado a Ackerman era su padre, “preocupado por las seguridad de su hija y sus nietos”. Estados Unidos no colaboró en dar precisiones sobre Ackerman, que contrató las escuchas.

En diciembre pasado, en los primeros días de presidencia de Macri, Casanello lo sobreseyó en una decisión que a esa altura ya era esperable, basada en aquellos elementos más recientes y algunos datos como que Macri y James no tenían llamados entre sí. El resto de los imputados, James y Palacios a la cabeza, siguieron su rumbo a juicio oral, que sería en la segunda mitad de 2017. El juez dijo que Macri no tenía responsabilidad penal, aunque deslizó una responsabilidad política, dado que el aparato de espionaje había sido montado dentro de la administración porteña.

La Cámara, para explicar su cambio de posición, también dice que Leonardo fue el único querellante que apeló, y que ni siquiera lo había hecho el fiscal Di Lello. “Las flamantes probanzas reunidas paulatinamente han erosionado las bases que, en su momento, cimentaron el procesamiento de M. Macri”, dice el fallo.