[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Producción: Javier Lewkowicz

[email protected]

---

En riesgo

Por Lorena Putero *

Cuando hablamos del “campo argentino”, o del “agro”, comúnmente nos referimos a aquel sector productivo de granos y carnes, con gran incidencia en el comercio exterior. Por el contrario, cuando hablamos de agricultura familiar hablamos de producción de alimentos. Son en su mayoría pequeños productores que se dedican principalmente a la agricultura, los cultivos regionales, fruticultura, cría de animales y alimentos elaborados artesanalmente. Para tener una dimensión de su importancia podemos decir que la producción de los cordones hortícolas y florícolas de La Plata, Florencio Varela, Berazategui y Escobar proveen de verduras y flores a la Capital Federal, el Conurbano Bonaerense e incluso abastecen en parte a Rosario, Córdoba y el sur del país. Este sector tiene problemas históricos: comercialización, regulación de la propiedad de la tierra para quien la trabaja, de acceso a tecnologías apropiadas a sus necesidades, crédito, entre otros. Estas deudas habían encontrado en los últimos años un canal de comunicación con el Estado, principalmente a través de la secretaria de Agricultura Familiar. Sin embargo, desde el cambio de gobierno sus problemas se han visto agravados en primer lugar, por cuestiones generales económicas del país: devaluación de casi 40 por ciento y un aumento de las tarifas de los servicios que tienen un piso del 400 por ciento. Estas cuestiones incrementan el costo de vida de los productores, como le sucede al resto de los trabajadores y además incrementan los costos de producción, ya que los insumos, servicios y combustibles han aumentado. A esto se le suma la caída del consumo interno reconocida incluso por el mismo gobierno nacional y la apertura de las importaciones de algunos productos, como pollos, cerdos y algunas hortalizas.

No existen canales institucionales donde recuperar la pérdida del poder adquisitivo o recuperar los incrementos de los costos de producción. Esto depende de la capacidad de ejercer presión sobre el mercado y evitar transferencias del excedente a los sectores intermediarios, generalmente concentrados Muestra de ellos es el aumento que se registran entre los precios de origen y destino, como lo muestra el IPOD elaborado por CAME donde se detecta un fuerte crecimiento de esa brecha en abril alcanzando el 5,9 por ciento que logra mejorar en mayo a 5,4 por ciento ya que los productores comienzan a poder recuperar parte de lo perdido. También depende de la capacidad de negociación frente al Estado, exigiendo medidas paliativas a la situación de emergencia (en lo q va del año, ya se realizaron dos paros quinteros con corte de ruta en el cinturón hortícola platense, sin mayor respuesta del Estado provincial y nacional). En segundo lugar, el sector se ve golpeado por el vaciamiento de la Secretaría Nacional de Agricultura Familiar, donde a través de despidos a los trabajadores a lo largo de todo el país las políticas públicas se quedan sin quienes las ejecuten (asistencia en la producción, comercialización e incluso traslado de la producción), así como también el recorte del presupuesto para asistencia técnica y ejecución de proyectos de desarrollo. Es decir, se pierden los canales de diálogo entre los actores del sector y el ministerio.

Ante este panorama, la política que impulsa el nuevo Ministerio de Agricultura (ahora llamado de “Agroindustria”) es mejorar la rentabilidad de los productores a través de la exportación. Esta política tiene al menos dos efectos: primero, relega el mercado interno a un segundo lugar. El precio de los productos que consumimos pero que también se exportan, como la carne, se definirá según el mercado internacional. Los productores se verán incentivados a producir aquellos productos de mayor rentabilidad, quedando nuestra producción a merced de las necesidades del mundo. Segundo, no todos los productores son capaces o tienen como objetivos ser grandes productores. Existen miles de pequeños productores que tienen una baja escala de producción, que les permite autoabastecerse y comercializar una pequeña parte para enfrentar otras de sus necesidades y que por su historia y condiciones de vida (como el tamaño de la tierra) no pueden vender según lo que sea rentable. Por eso, este tipo de productores quedaría fuera de la estrategia del gobierno. Se enfrentan a la competencia con los grandes productores de alimentos o a la alternativa de pasar a ser peones rurales. Es por ello que resulta estratégico para un proyecto de país pensar en las distintas situaciones de todos los productores y no sólo de los exportadores.

* Investigadora del CESO (Centro de Estudios Scalabrini Ortiz).

---

Cambiar la lógica

Por Pablo Sívori *

El limón, las peras, las manzanas, el vino, el petróleo, la minería y la mandioca, por ejemplo, no son las “Economías Regionales” sino que son actividades productivas que dan cuenta de una dinámica específica. Comprender a las economías regionales exige el desafío, por un lado, de pensarlas en toda su magnitud como sistemas económicos, es decir, como estructuras de producción, de asignación de recursos, y de distribución y de consumo de bienes y servicios; y por otro, el entender los aspectos estructurales que determinan su situación actual, los escollos y oportunidades, en vistas a un desarrollo futuro, que otorgue mejores condiciones de vida a los ciudadanos que habitan y componen dichos territorios.

Se entiende por economías regionales a los sistemas económicos del país que no responden a la lógica de la economía pampeana constituida por las provincias de mayor desarrollo relativo (CABA, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos). Estamos hablando pues, de sistemas económicos que aportan cerca del 20 por ciento PBI y las exportaciones nacionales, y corresponden a diversas regiones agroecológicas y espacialmente definidas que albergan al 35 por ciento de la población nacional. Más allá de las particularidades, se trata de economías sustentadas en la explotación de recursos naturales, con estructuras productivas rígidas a lo largo del tiempo, concentradas en un puñado de actividades que, con excepción de ciertos enclaves fuertemente vinculados a los mercados foráneos, presentan rezagos de productividad y poca complejidad tanto en términos de producto en la faz industrial, como en la prestación de servicios conexos.

La rigidez en términos productivos se condice con la falta de dinámica en términos de actores y presenta sus consecuencias sobre los aspectos sociales y fiscales de éstas economías. A lo largo de la última década, las economías regionales generaron tan sólo el 26 por ciento del total de puestos de trabajo creados por el sector privado nacional. Porcentaje que se reduce al 21 y 19 por ciento si se consideran los sectores servicios e industria respectivamente. El número de empleos privados cada mil habitantes (127) resultó 37 por ciento inferior al de la zona centro del país (188), con guarismos alarmantes en las provincias de menor desarrollo relativo (que no superan los 100). Como contracara, el empleo público juega un rol importante en el mercado de trabajo (28 por ciento del empleo en promedio- Norte Grande 33 por ciento, Patagonia 27 y Cuyo 25 por ciento). Visto los condicionantes del sector productivo y atento a las demandas sociales que consecuencia de ello debe suplir, el sector publico de las economías regionales presenta una fuerte dependencia de las transferencias del Gobierno Nacional, en cuanto a ingresos, y una fuerte concentración entorno a las erogaciones corrientes, en lo que respecta al gasto. Aspectos que en conjunto condicionan o limitan su capacidad de inversión y propician una situación de status quo.

Esta realidad no es una fatalidad ni un destino, pero evidencia que la respuesta no se encuentra en la aplicación de medidas dirigidas a modificar variables precio, pues estas amplían o disimulan las falencias y/o virtudes, pero no dan curso al deseado desarrollo sustentable y sostenible de las economías regionales basado en una enérgica transformación de sus estructuras productivas.

Las economías regionales precisan transformar sus estructuras productivas para generar más y mejor empleo e igualdad de oportunidades para sus habitantes. Para ello, deben vincularse de forma virtuosa a los flujos de comercio e inversión a partir de una mejora en la competitividad territorial basada en el incremento de la eficiencia productiva y el grado de complejidad de las cadenas de valor existentes, el desarrollo de nuevas actividades (diversificando la matriz productiva) y engrosamiento del entramado pyme.

Lograr este cometido supone mayor disponibilidad de recursos específicos destinados a dicho fin y tiempo como condición necesaria. Reconfigurar la lógica de vinculación entre los distintos ámbitos de gobierno y de intervención de los instrumentos de política pública, como factor indispensable de éxito. Es preciso construir una visión de futuro que, ponga en común los objetivos de los tres niveles de gobierno, la sociedad científico tecnológica, y las fuerzas vivas de la sociedad, y de sentido al uso del tiempo y a la aplicación de los recursos. En este marco, la implementación de las acciones debe descansar en un entramado institucional local con capacidad para planificar y gestionar procesos de mejora de la competitividad territorial coherentes con los objetivos de futuro acordados.

* Centro de Alianzas Público Privada para la Competitividad y el Desarrollo (Cappcyd) de la Untref.