El día en que el titular de la Procuvin, Miguel Palazzani, y el fiscal Ad Hoc, José Nebbia, además de Roberto Cirpriano García, de la Comisión Provincial por la Memoria, se toparon con un operativo ilegal de la Bonaerense en La Plata –tal como informó Página/12–, regresaban de inspeccionar otro escenario de violencia institucional, naturalizado como aquél pero no por eso menos ilegal: el penal de Olmos. Y del mismo modo en que presentaron una denuncia penal por el hecho ilegítimo de hurguetear y humillar a los pasajeros del micro por parte de los Bonaerenses en ese caso de la 4ª platense, del mismo modo denunciaron a las autoridades del Complejo I Olmos, donde constataron condiciones inhumanas de detención en el pabellón de buzones, al que formalmente se le aplica la identificación lavada de Separación de Área de Convivencia, y el sector de Admisión. Además, en el caso de Olmos, la Procuvin interpuso una acción de habeas corpus de tal forma de obtener una respuesta urgente frente a las graves irregularidades detectadas.

La inspección –que contó con la participación del titular de la Comisión Provincial por la Memoria y premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel– tuvo lugar el jueves 30. Durante el recorrido y las correspondientes entrevistas confidenciales quedaron en evidencia no sólo las pésimas condiciones de infraestructura sino también el destrato y abandono de los detenidos.

Apenas ingresados en el pabellón de buzones, los funcionarios debieron pedir atención médica para un interno que se había cortado las muñecas y aún sangraba. Prácticamente todos los entrevistados sostuvieron que permanecían aislados, sin recibir atención médica o psicológica, ni tomar contacto con sus abogados defensores, y que los encierros se extendían durante todo el día. En un caso, se constató que un interno contaba con una prescripción médica que determinaba que no podía alojarse en ese recinto.

No es sencillo entender (aceptar) el cuadro descripto por otro de los detenidos entrevistados por la comitiva en el sector de buzones de Olmos, aunque en sí mismo es claro y sin vueltas. “Dijo que no había comido desde hacía varios días –sostiene el informe–, que no tenía papel higiénico y que para ello estaba utilizando su misma ropa”.

No hace falta que la violencia sea ejercida mediante castigo de impacto físico. Utilizar las prendas como papel higiénico es un acto provocado por una perversión que desborda el desinterés y que forma parte de un minucioso interés por provocar perjuicio.

El cuadro sanitario se completa con la descripción observada por los fiscales en su recorrida: “Restos de basura, suciedad en los pisos y paredes, letrinas que no funcionaban y un olor nauseabundo”. Lo dicho, el sector buzones lleva el cuidadoso título de Separación de Área de Convivencia, aunque convoque a convivir con las propias heces.

En este sector se encuentran personas bajo un régimen de “aislamiento solitario permanente que implica 24 horas de encierro” en celdas individuales. Los períodos bajo los cuales se encuentran detenidas en estas condiciones “van de una semana a tres meses”, lapso durante el cual no realizan ningún tipo de actividad.

Uno de los entrevistados manifestó constantes pensamientos suicidas y, a pesar de su estado de “extrema angustia”, el informe resaltó que “no recibía tratamiento psicológico, ni psiquiátrico alguno”. En cuanto a la infraestructura, la ausencia de vidrios en ventanales vacíos hace que las personas privadas de su libertad se encuentren “expuestas a las condiciones climáticas imperantes.”

El informe resaltó que “todo el sector está en pésimas condiciones de limpieza e higiene, con restos de basura, presencia de suciedad de larga data en pisos, paredes y ventanas.”

De la constatación registrada se desprenden también problemas de salud de las personas detenidas por la humedad y la falta del aire dentro del establecimiento. Por otro lado, las personas alojadas en el sector calificaron como “incomible” la escasa ración de alimento que reciben, ya que muchas veces la misma “presenta mal olor”.

“Someter a una persona a esas condiciones de manera permanente y continuada no sólo es constitutivo en sí mismo de tortura, sino que desafía las básicas pautas y límites de lo que entendemos por humanidad. Si a ello le agregamos que se despliegan frente a la burocracia de la seguridad del Estado y de los médicos (y demás personal del SPB), la situación llega al paroxismo de la crueldad”, señala la presentación.

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