En la mañana del 15 de junio de 2012, una lluvia de balas cayó sobre un grupo de paraguayos en un predio ubicado en Campos Morombi, en el departamento de Canindeyú. Once campesinos que reclamaban una porción de tierra para vivir fueron asesinados. Seis policías que habían sido trasladados para desalojar a los ocupantes también perdieron la vida. El juicio por la masacre de Curuguaty, que desembocó en un golpe parlamentario contra el presidente Fernando Lugo, llega a su tramo final. Para hoy está previsto que se dé a conocer la sentencia contra los únicos acusados: doce trabajadores rurales. Los fiscales Liliana Alcaraz, Nelson Ruiz y Leonardi Guerrero pidieron penas de entre cinco y cuarenta años de prisión.

Por pedido de la empresa Campos Morombí, el juez penal de garantías de la ciudad de Curuguaty, José Benítez, ordenó el 14 de junio de 2012 que se allanara un predio de dos mil hectáreas, conocido como Marina Kue. La empresa, sin embargo, nunca pudo demostrar titularidad sobre esas tierras, que habían sido propiedad de la Industrial Paraguaya Sociedad Anónima, una empresa latifundista de principios de siglo pasado que donó a mediados de los 60 a la dictadura de Alfredo Stroessner. El dictador puso el predio a nombre de la marina paraguaya porque tenía un proyecto propio de reforma agraria. Campesinos organizados comenzaron en 2004 a hacer gestiones para acceder al predio. En 2005, el presidente Nicanor Duarte Frutos firmó un decreto para que las dos mil hectáreas fueran utilizadas para la reforma agraria.

Delia Ramírez, magister en Ciencias Sociales de la Universidad de General Sarmiento e integrante del movimiento 138, colectivo de resistencia cultural Paraguay-Argentina, habla de la masacre de Curuguaty. La organización tomó el nombre del artículo de la Constitución guaraní que autoriza a los paraguayos “a resistir a los usurpadores” del poder público, “por todos los medios a su alcance”.

“Cuando ocurrió el juicio a (Fernando) Lugo, nosotros estábamos absolutamente desorganizados, algunos ni nos conocíamos. Y ahora tenemos una organización que está convocando a ver la sentencia del lunes en FM La Tribu”, afirma Ramírez, hija de migrantes paraguayos que llegaron en los 70 a Buenos Aires para radicarse finalmente en Misiones. Señala que el motor que la empujó a encontrarse con sus compañeros en el espacio público para empezar a organizarse fue el golpe parlamentario del 22 de junio de 2012 contra el presidente Lugo. El movimiento giró, en un principio, en torno de una organización antigolpista parecida a algunas de las organizaciones que surgieron en Brasil a partir del impeachment impulsado contra la presidenta Dilma Rousseff. Con estrategias creativas y desde la migración, la comunicóloga y sus compañeros buscaron mostrar que estaban observando, participando y que eran sensibles a la problemática de los campesinos de Curuguaty.

Si bien para los denunciantes el proceso de Curuguaty nunca fue considerado legal y legítimo, en el último tramo del debate comenzó a entenderse –desde la estrategia de la defensa– que no era posible anular el juicio: entonces se pidió la absolución de los doce acusados. Con ese objetivo, y para visibilizar el caso, se lanzó “¡Es tiempo de libertad! Curuguaty #AbsoluciónYa”, campaña emprendida este año, en el cuarto aniversario de la masacre. Comenzaron a circular imágenes por las redes, se realizaron spot radiales y una producción audiovisual de la que participaron, por la representación argentina, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora; el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Zaffaroni; el periodista Atilio Borón; y el músico Juan Falú.

Por Paraguay fueron convocados los periodistas Leo Rubín y Mercedes “Menchi” Barriocanal, una mujer muy conocida en el país vecino. Su apoyo a la campaña resultó fundamental. “Si bien es una persona que tiene mucha sensibilidad, nunca se había comprometido con algo tan fuerte. Hay mucha gente que tiene miedo de pegarse con esta causa en Paraguay”, sostiene Ramírez.

–¿A qué se debe ese temor? –pregunta Página/12.

–A la cultura stronista que está muy vigente; la cultura del perseguir al que es diferente, del anticomunismo acérrimo; de ponerle la etiqueta de terrorista a todo aquel que no es funcional al juego de la derecha o de un gobierno. Esa lógica que después del golpe se evidenció con toda furia, con toda expresión. Por eso decimos que somos un movimiento de resistencia cultural, porque sostenemos que no va a servir de nada que suba el mejor presidente del mundo si la sociedad sigue pronunciándose y tratando a los otros de esta manera.

–Después de la caída de (Alfredo) Stroessner, con los gobiernos colorados hubo una impunidad: no hubo juicio y castigo; no hubo un proceso de reparación, de verdad y justicia; de revisión; de construcción de la memoria y de las memorias populares. Por eso decimos que para nosotros, en Paraguay, la democracia comienza en 2008.

–Recién ahí es posible revisar cuestiones que tienen que ver, más que nada, con la institucionalidad, con la posibilidad de conquista de derechos de determinados sectores sociales que toda la vida estuvieron vedados. No voy a decir que se rompió ese sistema de privilegios que continuó después de la caída de la dictadura, pero estaba siendo observado, cuestionado. En realidad, el Partido Colorado, en el momento que pierde, es por una crisis de legitimidad y una crisis al interior del partido. Conflictos que terminaron favoreciendo el ascenso de Fernando Lugo en 2008, y que no se pudo sostener. En el caso Curuguaty, como en el gobierno de Nicanor (Duarte Frutos) y de (Horacio) Cartes es fundamental entender que las clases dominantes están compuestas por una oligarquía ganadera-exportadora, y que son ellas las que deciden los destinos del país. En Paraguay ni siquiera se puede hacer un censo para saber quién tiene qué cosa.

–Hay una cantidad de títulos fraudulentos que tienen los mismos empresarios que se han favorecido por los regalos de Stroessner. Si sumamos los títulos de quienes dicen ser propietarios de la tierra, Paraguay tendría un 30 por ciento más de su superficie. Lo que ha ocurrido es lo que llamamos la acumulación escandalosa: no ha habido un proceso de reparación, ni de distribución ni de revisión de la condición de esas tierras. Los empresarios no quieren la regularización de esos títulos. En el momento en el que se quisieron tocar esos intereses, el resultado fue el golpe parlamentario.

Algunas cifras sobre uso y acceso a la tierra. Ramírez afirma que si durante el gobierno de Fernando Lugo se daba un evento transgénico, con el gobierno de Horacio Cartes son más de diez. Según estadísticas de la Federación Nacional Campesina guaraní, 300 mil campesinos no cuentan con terrenos para cultivar en Paraguay. Menos del 3 por ciento de los paraguayos es dueño del 85 por ciento de la tierra. Curuguaty puso también otro tema en agenda: la conflictividad social derivada de la lucha por la tierra. Para la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), desde la caída de Stroessner hasta la actualidad, al menos 117 referentes campesinos fueron asesinados o desaparecidos. Ninguno de esos crímenes fue esclarecido por la Justicia.

Jalil Rachid, funcionario que se desempeñó como fiscal de la causa Curuguaty desde sus inicios hasta que fue nombrado viceministro de Seguridad en el gobierno de Horacio Cartes, es hijo de Bader Rachid Lichi, abogado, empresario y ex senador colorado, amigo personal de Blas Riquelme, supuesto propietario que pidió el desalojo de las tierras, operativo policial que desembocó en las diecisiete muertes. En un texto difundido al conocerse el desembarco del ex fiscal en el gabinete de Cartes, el Frente Guasú, partido que llevara a Lugo a la presidencia, señaló: “Hoy este mismo personaje es nombrado como viceministro de Seguridad, y los policías que tienen que dar su testimonio en la causa, como pruebas del Ministerio Público, serán subordinados directos del Señor Jalil Rachid, desde su nuevo cargo como autoridad de seguridad del Poder Ejecutivo”. Ramírez asegura que hay relaciones muy íntimas entre el actual gobierno y los responsables de investigar la masacre de Curuguaty. “Rachid estuvo cuatro años a cargo de la causa y luego Cartes lo lleva como funcionario. Es un signo claro de reconocimiento. ‘Gracias, cumpliste. Ahora te vas a otro lugar donde vas a estar más tranquilo’,” sostiene la militante del movimiento 138.

Con la salida de Rachid del Ministerio Público, Liliana Alcaraz se hizo cargo de la Fiscalía y pidió penas de hasta 40 años para Rubén Villalba, dirigente territorial del Partido Comunista. Se lo acusó de usar su ideología para manipular a los campesinos; de arrearlos; de practicar el comunismo, algo que está en su mente, en su ADN. Para las mujeres pidió ocho años de prisión. Por estar con sus bebés en brazos, fueron acusadas de encubrimiento. “El simple hecho de ser mujer y de tener un hijo te convierte en una encubridora, una criminal. Es una lógica machista propia de una fiscala mujer. Eso también es stronismo”, dispara Ramírez.

–La figura del gobierno de Stroessner es sumamente patriarcal, donde el gran hombre aseguraba todos los beneficios de la población. Además de ir a todas las recepciones de quinto año del país, Stroessner pedía listados de persecución a homosexuales. Eran operativos muy macabros. Son una serie de lógicas perversas, de persecución y de no consideración y reconocimiento al otro, que es diferente. Eso es el stronismo. Es la matriz que quedó enquistada en la sociedad paraguaya, que es profundamente homofóbica. Las mujeres de la Conamuri (Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas), los estudiantes, los campesinos organizados, los movimientos homosexuales de gays, lesbianas y travestis, muchas organizaciones tratan de desarmar esa lógica que lo que produce es sufrimiento.

–Nosotros, como militantes, siempre vamos a ser optimistas. Siempre vamos a esperar, desear y soñar la libertad de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Y aunque así no se produzca, vamos a seguir comprometidos hasta que el último esté en libertad. La realidad es que en el juicio a Fernando Lugo no se respetó ninguna de las garantías del derecho. ¿Qué pueden esperar los campesinos o cualquiera de nosotros si esa es la forma en la que se maneja la justicia paraguaya? Es la justicia del mbareté (“hombre fuerte”, en guaraní), del más fuerte, del que se impone por la fuerza, por la violencia. Es una valoración positiva, del sentido común, vinculada a los hombres. Pero a veces es una figura que estigmatiza, porque el que no tiene fuerza, no tiene lugar, no tiene espacio, ni derechos. A partir del martes, nuestro discurso va a cambiar. Hace cuatro años que venimos con la misma causa. Estamos ante un escenario que nos llena de incertidumbre, pero a la vez nos entusiasma bastante.

–Nuestra lucha es contra el stronismo, que está dentro y fuera del Paraguay. Un obrero de la construcción que viene a Buenos Aires, trabaja, llega a su casa y golpea a su mujer, mantiene esa matriz autoritaria, de opresión, que aprendió en su casa. El objetivo de la organización es trabajar por la erradicación del stronismo en los diferentes niveles. El stronismo está vigente en el espacio judicial cuando un juez falla en un desalojo absolutamente irregular a favor de un sojero stronista. En el ámbito político, cuando el nieto de Stroessner se reivindica en el Parlamento como heredero de los ideales de su abuelo. A principio de su gobierno, Cartes lo proponía como representante de Paraguay en la ONU. En lo económico, desde Stroessner y hasta la fecha, lo único que se ha hecho fue concentrar. Stroessner regaló un montón de tierra a sus amigos y esa matriz de desigualdad, que tiene como elemento fundamental la tierra, fue profundizada. La violación de los derechos humanos del stronismo y poststronismo se entiende por los conflictos vinculados con la tierra.

Delia Ramírez junto a Adolfo Pérez Esquivel.