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Pasaron tres horas y la respuesta no cambió: las tarifas de las principales empresas de medicina prepaga aumentan a partir del 1° de febrero, en rangos que oscilan entre 8 y 20 por ciento, según precisaron en la reunión. Los representantes de las tres cámaras del sector acudieron ayer a la subsecretaría de Defensa de la Competencia para dar explicaciones por esos incrementos. La responsable del área, Patricia Vaca Narvaja, les comunicó que se inició una investigación para determinar si hubo una maniobra contraria a la ley antimonopolio, con un acuerdo para aumentar las cuotas, propio de un mercado cartelizado. Los empresarios lo negaron y se mantuvieron firmes en su decisión de ajustar las tarifas. Se ampararon en que su actividad está desregulada, sin mostrarse conmovidos por el intento de presión del Gobierno ni por los masivos reclamos de los usuarios. Ni siquiera aceptaron una tregua de 30 días para reconsiderar su posición.
Antes de que comenzara el encuentro, ya había señales de la intransigencia empresaria. Los presidentes de las cámaras enviaron a la reunión a funcionarios de menor jerarquía, porque no quisieron interrumpir sus vacaciones. Por el sector oficial, además de Vaca Narvaja estuvieron el superintendente de Salud, Rubén Torres, y el director de Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, Miguel Fortuna. Los otros participantes fueron directivos de cinco asociaciones de consumidores. La discusión tomó temperatura desde el principio, cuando la dueña de casa comunicó las investigaciones en curso para determinar si se está violando la ley de defensa de la competencia.
Aunque una treintena de empresas, las más grandes del mercado, anunciaron al mismo tiempo las subas tarifarias, rechazaron haber pactado cualquier acuerdo al respecto. Más aún, dijeron desconocer quiénes proyectan elevar las cuotas y quiénes no, comprometiéndose a entregar la información precisa en una semana. De acuerdo a su versión, fue casual que hayan coincidido en la fecha para el ajuste.
“La necesidad de aumentar es porque los costos superan a los ingresos”, dijeron. Vaca Narvaja y Fortuna les pidieron un informe con su estructura de costos –que también entregarán en una semana– y plantearon que mientras estudian la cuestión suspendan las subas. El pedido de tregua fue por treinta días, pero no hubo caso, las prepagas insistieron en que retocarán el valor de las cuotas. La subsecretaria de Defensa de la Competencia indicó a Página/12 que su cartera seguirá adelante con las investigaciones por comportamiento monopólico y estudiará todos los casos en que pudieran violarse los contratos entre las prepagas y los afiliados. Pero no habrá una acción legal colectiva para frenar el aumento, porque “la actividad está desregulada”.
“Se controlará y se fiscalizará que los contratos de las empresas contengan la debida información respecto del precio de los servicios y su eventual modificación, a fin de evitar cambios unilaterales en los contratos o situaciones de abuso por parte de las empresas”, agregó la oficina de Defensa de la Competencia a través de un comunicado. Las modificaciones a que se refiere tienen que ver con contratos que exijan un mayor preaviso para comunicar el aumento o que el mismo impida lisa y llanamente cualquier incremento. Por ejemplo, si son contratos por un tiempo determinado.
En el Gobierno estudian la posibilidad de redoblar la presión sobre las empresas avanzando en una establecer una estricta regulación del sistema. De esa manera, evalúan, les quedaría clara la voluntad política oficial a la hora de discutir sobre los aumentos. El punto débil de las prepagas está justamente en la cantidad de abusos que denuncian los usuarios, los colegios médicos, las asociaciones de consumidores y hasta los organismos públicos de defensa de los usuarios. Por caso, perderían con sólo verse obligadas a cobrar una tasa de interés a sus clientes morosos que sea igual a la del promedio de los préstamos personales. En la actualidad, algunas empresas llegan a aplicar una tasa del 10 por ciento mensual. Es tan alta que duplica el costo total de financiación de las tarjetas de crédito.
Vaca Narvaja sostuvo que se analizará un proyecto para regular a las prepagas. Sin embargo, de acuerdo a lo demostrado ayer, las compañías del sector consideran que la medida quedará a mitad de camino.
Las prepagas acaban de beneficiarse con una rebaja impositiva en la Ciudad de Buenos Aires (la tasa de Ingresos Brutos bajó de 3 a 1,1 punto mensual) y en la provincia (la reducción fue de 3,5 a 1,7 puntos). Además, el año pasado, por dos resoluciones de los Ministerios de Economía (la número 370) y de Salud (342) se las eximió de pagar todos los impuestos a la importación de insumos hospitalarios. Los empresarios afirmaron ayer que este último beneficio nunca se puso en marcha, lo que fue avalado por Torres, el superintendente de Salud. De todos modos, es evidente que las compañías que ofrecen servicios de salud obtienen beneficios que podrían perder fácilmente, si es que el Gobierno decide jugarle fuerte.
Sandra González, presidenta de Adecua, una de las asociaciones de consumidores más reputadas, señaló a Página/12 que “en el último tiempo los mayores reclamos de la gente son en contra de las prepagas”. “La solución es la regulación”, enfatizó. “No puede ser que en veinte años de democracia ningún proyecto de ley, de los tantos que hubo y que hay, haya conseguido ser aprobado”, agregó, protestando por el fuerte poder de lobby que demuestra tener el sector.