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Productor: Javier Lewkowicz

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Ajuste sin piedad

Por Daniel San Cristóbal *

Durante mucho tiempo se expuso como argumento que las tarifas de la Ciudad de Buenos Aires eran irrisorias respecto de las del resto del país, que las provincias eran castigadas en relación a la gran urbe. Pobres de los que creyeron ese argumento y se entusiasmaron con un acto de justicia social por parte del macrismo: en el Chaco, el argumento de eliminar los subsidios fue como abrirle la puerta del corral a los chanchos.

La política nacional hasta el año pasado fue sostener tarifas como mecanismo de ingreso salarial indirecto y expansión del consumo con vistas a la inclusión. Congelamiento tarifario, tolerancia en el cobro de acreencias y fuertes inversiones en obras energéticas compensaban a Provincias, que tenían que hacer el esfuerzo de absorber aumentos de sus costos. El premio social: expansión de usuarios y del consumo eléctrico, en Chaco el consumo residencial se expandió más de 120 por ciento y la cantidad de usuarios más del 60 por ciento durante 2007/2015, mientras las tarifas se incrementaron menos del 100 por ciento (2007/2011, luego se congelaron). Recordemos, Chaco no tiene gas, es electrodependiente y su temperatura entre setiembre y abril, por lo menos, hace hervir las cabezas.

Con la llegada de Macri al gobierno nacional, la política cambió sustancialmente. En Chaco se frenaron todas las obras en marcha, indispensables para sostener y mejorar el servicio; la empresa comenzó a presionar sanguinariamente por el cobro de acreencias; y, además, llegó el aumentó las tarifas. ¿Pero cómo? ¿No era que las provincias pagaban mucho?

Aumento 1. Ante las versiones de que se venía la noche, el gobierno provincial anunció en enero un incremento que subió la factura un 37 por ciento para los usuarios de un consumo básico de 350 kw, mayor para los demás. Se apeló a una vieja audiencia pública para dar legalidad al incremento.

Aumento 2. En febrero aumentó el Cargo Tarifario, un fondo con destino a financiar obras. La parte fija del Cargo se multiplicó por 3 y la variable por 2,4.

Aumento 3. En febrero también arribó el aumento tarifario sostenido en la decisión del Gobierno Nacional de incrementar el precio de venta de la Energía. SECHEEP (la empresa provincial) informó que el aumento nacional ascendía a 330 por ciento y que su impacto promedio en sus usuarios era del 70 por ciento. No hubo audiencia pública aquí.

Es decir, que en menos de 90 días las tarifas se incrementaron 150 por ciento, para usuarios de 350 kw. Algo así como una “aspiradora” de 1.300 millones de pesos de los bolsillos chaqueños a la Empresa SECHEEP. Más de la mitad al Gobierno Nacional.

Aumento 4 (en marcha). En una audiencia pública llevada a cabo a 200 km de Resistencia, la empresa SECHEEP pidió un nuevo aumento, que llevará el incremento desde enero, para el modesto usuario de 350 kw, a más del 270 por ciento. Un golpe a la economía familiar que no tiene relación con ninguna realidad económica familiar ni de las pymes chaqueñas. La aspiradora energética es ya de casi 2.200 millones de pesos anuales trasferidos de los consumidores a las empresas.

Con este hecho en la Provincia del Chaco se demuestra que, si bien las audiencias públicas son una interesante herramienta de democracia participativa, que permite que el funcionario dé la cara ante el usuario, de poco sirven ante un gobierno con otra agenda política. Las audiencias no serán una barrera, tal vez sólo una trinchera para tirar unos meses más sin aumentos.

Por ello, las audiencias deben consistir solamente en un debate técnico sobre los costos, sino también en un debate político de para qué y para quiénes deben dirigirse los recursos del Estado: a los consumidores o a las empresas.

No es improbable que algunos ciudadanos que se acomodaron a las nuevas tarifas, mediante algún ahorro, hayan asumido como propio el discurso de no estar subsidiados. Lamentablemente, hay peores noticias: la Resolución 6/16 del Ministro de Energía estableció tarifas mayoristas de electricidad para el período febrero/abril, pero los planes son ir por más. Aquel 300 y pico por ciento de enero será entre 1200 y 1500 por ciento en poco tiempo si se convalidan los aumentos.

El camino es organizar la oposición plural a éste saqueo, que quién sabe no tiene por destino privatizar –aún más– la cadena de producción y distribución de energía y cobrar tarifas del primer mundo.

* Ex interventor empresa de energía del Chaco.

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Publicidad engañosa

Por Horacio Viqueira *

Para medir el impacto y el contexto en el que se impuso la suba de tarifas más alta y generalizada de la historia argentina, la provincia de Córdoba resulta un caso interesante para el análisis, porque muchos de sus habitantes sufrieron en carne propia las consecuencias de la publicidad oficial engañosa. Resulta que el tarifazo no fue en contra de los “privilegiados porteños”, sino que también pegó fuerte en los bolsillos mediterráneos.

El gobierno de Macri apenas asumió benefició a los sectores financieros, agroexportadores, mineros y petroleros más concentrados mediante la devaluación, el pago a los buitres, la quita de retenciones y los tarifazos, lo que ha producido un brutal ajuste en los ingresos de trabajadores y sectores medios. De todas las medidas adoptadas, el tarifazo es la que más generalizado e inmediato rechazo social causó, al producir incrementos inusitados en los precios de los servicios públicos esenciales: agua, gas y electricidad.

A las movilizaciones en el sur del país se sumó como instrumento de lucha la presentación de recursos de amparo, en algunos casos encabezados por autoridades públicas como el gobernador de Chubut e intendentas como las de Zapala y La Matanza.

En el caso de Córdoba, ante el silencio del gobernador Juan Schiaretti y el intendente Ramón Mestre, fue la iniciativa popular la que promovió el rechazo a los aumentos al gas y recientemente a electricidad. En la ciudad de Córdoba, la confluencia de usuarios afectados y abogados, nucleados en “Ciudadanos contra el tarifazo”, fue el motor de la presentación de numerosos recursos de amparo firmados por miles de vecinos y pequeños empresarios. Este movimiento se propagó rápidamente a ciudades del interior de la provincia en las que existen juzgados federales.

Al igual que en otras presentaciones, se pidió la declaración de inconstitucionalidad de las resoluciones del ministro de Energía y Minería de la Nación y del Enargas ante la falta de audiencia pública, el carácter abusivo, desmedido y carente de razonabilidad de los aumentos, que afecta la accesibilidad al servicio de los usuarios, y la incompatibilidad en que incurrieron los funcionarios que los resolvieron.

La realización de la audiencia pública previa con participación de usuarios, requisito ineludible fijado por la ley y la Constitución Nacional, adquiere mayor relevancia en éste caso ante la magnitud del tarifazo. El gobierno de Macri intentó justificar la brutal transferencia de recursos al poderoso sector energético y en especial al petrolero como parte del “sinceramiento” de la economía y para superar la “emergencia” por la “herencia recibida”. La realidad es un aumento de más del 150 por ciento del precio que se paga a petroleras, por encima de costos de producción e inclusive del valor internacional, sin compromisos de inversión en exploración ni explotación, garantizando una rentabilidad extraordinaria.

Disponer aumentos de entre 1.500 y 2.000 por ciento en distintas tarifas de servicios públicos carece de toda razonabilidad ante salarios, jubilaciones e ingresos con incremento anual en porcentajes que no superan el 30 por ciento. Vulnera derechos humanos de la ciudadanía, rompe con toda posibilidad de previsibilidad, por lo intempestivo y la magnitud del aumento. Ataca la autonomía de las personas, su derecho a planificar y establecer un plan de vida. Para pagar tarifas, ¿se deben resignar otros derechos? El mero retraso tarifario no justifica el brutal ajuste dispuesto.

¿Crisis energética? Las empresas del sector son rentables: en el caso de Ecogas S.A. obtuvo ganancias y distribuyó dividendos en los últimos dos ejercicios, y en los primeros meses de 2016 tuvo incrementos en la rentabilidad en relación al año anterior. Justamente uno de los beneficiarios de estos dividendos es el accionista Nicolás Caputo.

La ilegitimidad e ilegalidad de las medidas se agrava cuando los funcionarios que las adoptan tienen un histórico interés y compromiso con el sector al que benefician. En clara violación de la Ley de Etica Pública lo hicieron el ministro Juan José Aranguren, accionista y ex CEO de Shell, y David Tezanos, titular del Enargas y ex presidente de Metrogas.

Pese a las presiones del poder político, económico y mediático, la Corte Suprema de Justicia reconoció el derecho de los ciudadanos, en un fallo que hará historia. Da los elementos jurídicos para que también las pymes y usuarios de otros servicios frenen el atropello de los poderosos.

* Abogado de amparistas. Córdoba.