El decreto que flexibilizó las exigencias para que una persona o compañía extranjera compre tierras rurales en Argentina suma rechazos en la justicia. Legisladores nacionales y provinciales de Río Negro presentaron ayer un amparo en los tribunales federales de Bariloche para que se declare la inconstitucionalidad de la normativa que con la excusa de “facilitar y posibilitar las inversiones en el país” modificó la legislación de 2011 que estableció el 15 por ciento como límite a la tenencia de tierras en manos de extranjeros.

En la actualidad, el territorio controlado por esos inversores alcanza al 6,1 por ciento del total nacional, es decir unas 16 millones de hectáreas. La decisión del Gobierno de Mauricio Macri recibió un cuestionamiento legal similar en Chubut a fines de agosto que hasta ahora no logró avanzar.

“Hemos decidido venir a la Justicia Federal frente a una situación de inacción y complicidad del gobernador Alberto Weretilnek a quien le pedimos, a través del fiscal de Estado, que haga la presentación en representación de los intereses de los rionegrinos. No lo hizo y decidimos hacerlo nosotros pidiendo la inconstitucionalidad”, señaló ayer el diputado nacional del Frente para la Victoria, Martín Doñate, que encabezó la presentación realizada junto con concejales de Bariloche y El Bolsón.

En Río Negro la superficie rural llega a las 17,7 millones de hectáreas de las cuales el 2,1 por ciento está controlada por extranjeros. Las propiedades están ubicadas en su gran mayoría en la zona de cordillera donde el porcentaje del territorio con dominios foráneos alcanza al 30 por ciento.

“Un decreto no puede modificar una ley porque esta tiene mayor jerarquía. Es nulo de nulidad absoluta por lo que las operaciones llevadas a cabo en ese marco podrán ser cuestionadas judicialmente también. Esperamos que la Justicia Federal de Bariloche de el puntapié inicial y podamos suspender este decreto”, indicó ayer el diputado.

La ley estableció que los inversores foráneos que pretenden adquirir territorios en el país deben tramitar previamente un certificado de habilitación ante el Registro de Tierras. En esa documentación busca garantizar el cumplimiento de las limitaciones a la extranjerización dispuestas por la ley que los legisladores del PRO se abstuvieron de votar a fines de 2011.

De acuerdo a la normativa, el 15 por ciento del territorio nacional puede estar controlado por extranjeros, esas empresas no pueden adquirir tierras rurales que limiten o contengan cuerpos de agua de envergadura y permanentes, y se dispone un tope personal de 1000 hectáreas en zona núcleo, o su equivalente en cada provincia. El decreto del gobierno no modificó esas restricciones pero abrió la puerta para se puedan realizar transferencias de acciones a extranjeros solo “comunicándole” al Registro la operación sin requerir de un certificado de habilitación.

“Las medidas del gobierno de Mauricio Macri atienden a los intereses de los sectores concentrados de la economía. Esta norma ofrece alternativas a los extranjeros para eludir, a traveìs de sencillas maniobras contables, las limitaciones y obligaciones dispuestas en la propia Ley. Elimina multas para los incumplimientos y pretende facilitar la venta de terrenos que incluyan espejos de agua”, advirtió el legislador a través de un comunicado.

Un informe del Centro de Estudios Patagonia sostiene que en Río Negro poseen tierras rurales un total de 58 extranjeros o sociedades cuyos titulares son extranjeros. Los cinco propietarios con superficies más extensas concentran el 47 por ciento de las tierras extranjerizadas de la provincia: la Compañía de Tierras Sud Argentino de nacionalidad italiana concentra el 21,3 por ciento de la tierra extranjerizada en la zona de Pilcaniyeu y en el mismo departamento se encuentra Inversora Roland S.A. de nacionalidad Suiza que ostenta el 8,75 por ciento de la superficie de tierras extranjerizadas de la provincia.

“El caso de Lewis y lago Escondido es paradigmático de cómo un extranjero, un inglés, un mafioso nos robó el lago. Se hizo de tierras con protocolos de dudosa legalidad y el presidente Macri no solamente lo legitima utilizando su helicóptero sino que además lo beneficia con el tarifazo eléctrico ya que Lewis es uno de los dueños de las empresas Transener y Edenor”, señaló ayer Doñate. Lewis posee una superficie de 11.284 hectáreas en la provincia y concentra casi el 3 por ciento de las tierras extranjerizadas en Río Negro.