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Por David Cufré y Claudio Zlotnik

Además de tener que lidiar con el FMI, los acreedores y los juicios, el Gobierno tropezó con otro obstáculo. Varios de los bancos internacionales que habían ofrecido sus servicios para intermediar en la reestructuración de la deuda decidieron retirarse. A las deserciones iniciales del Citi, el JP Morgan y el Deutsche Bank se sumaron esta semana las de Morgan Stanley y Goldman Sachs, mientras que Barclays, Dresdner Bank y Lehman Brothers, todavía en carrera, abandonarían en cualquier momento. El sindicato de bancos quedaría reducido de ese modo a sólo dos entidades: UBS y ABN Amro. Para el canje en el tramo local no hay tanto problema, porque harán el trabajo el Banco Nación, el Galicia y el BBVA Francés. Pero para llevar adelante la operación con los acreedores del exterior la estructura que quedaría en pie sería insuficiente. Roberto Lavagna diseñaría un nuevo plan, mientras los especialistas empiezan a advertir que la reestructuración no terminaría este año.
Las dificultades que surgieron para cerrar trato con bancos internacionales demorarán todo el proceso. El equipo económico lo toma con calma, mientras los bonistas y los economistas que defienden sus intereses creen haber encontrado otro argumento para repetir la muletilla de moda: “el Gobierno no negocia de buena fe”. La función del sindicato de bancos es ayudar al Gobierno a preparar el menú de títulos que se ofrecerán a los acreedores, publicitar el canje –y las ventajas de plegarse– y llevar a cabo el traspaso de los títulos viejos por los nuevos. Para eso se necesitan bancos con gran penetración, experiencia en deuda soberana y conocimiento del mercado.
El asesor financiero que Lavagna había contratado el año pasado, Lazard Frers, tenía restricciones de envergadura para encarar esa tarea. Por eso el ministro resolvió convocar a otras entidades, dividiendo el trabajo por continentes. Dos o tres bancos actuarían en Europa, otros tantos lo harían en Estados Unidos, uno se encargaría de los acreedores de Japón y tres de los bonistas de la Argentina. De todo eso, lo único que está en pie es la estructura para el ámbito local.
Los tenedores de bonos se sienten con más razón para protestar porque el Ministerio de Economía había dicho que el sindicato completo estaría listo las primeras semanas de diciembre pasado. Para defenderse, Lavagna le echa la culpa al FMI: como ellos tardaron en aprobar la primera revisión de las metas, nosotros tuvimos que esperar para arreglar con los bancos colocadores, afirmó anteayer. Aunque tiene parte de razón, también es cierto que las deserciones –informadas por fuentes de la city, ya que oficialmente todavía no hay nada– se produjeron por conflictos de interés entre los bancos y el Gobierno.
El punto central es que las entidades financieras perciben que Kirchner no flexibilizará su posición con respecto a la quita nominal del 75 por ciento. Mientras más enfatiza el Presidente que no se moverá de esa propuesta, más se alejan los bancos, porque, a su vez, sostienen que los tenedores de bonos no la aceptarán. En tal caso, lo que vislumbran es que quedarán en medio del conflicto, con riesgo de ser llevados a juicio –varios de esos bancos fueron en el pasado colocadores de los bonos que cayeron en default–, con mucho trabajo y poca ganancia. “Si le vieran la punta al ovillo, si creyeran que pueden sacar una ganancia fuerte y rápido, nadie se hubiera ido”, explicó un banquero local a Página/12.
En ese marco, aparecieron disputas por las comisiones. Morgan Stanley y Goldman Sachs, que renunciaron esta semana, pretendían cobrar más de lo que les ofrecía el Gobierno, aduciendo que serían quienes liderarían la operación. Esas mismas entidades y la mayoría de las demás también exige una cláusula de salida. Eso significa que si decidieran renunciar a seguir adelante con el proceso de reestructuración, el Gobierno debería aceptarlo y pagarles por su trabajo hasta ese momento. Lavagna lo rechazó una y otra vez, porque reclama que quien se suba al barco siga firme hasta el final. Es la única forma de convencer a los acreedores de que no tienen opción, según afirma el ministro.