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Los edecanes que escoltaban a Fernando de la Rúa cuando era presidente y al menos su ex secretario privado y vocero Ricardo Ostuni serían citados la semana próxima como testigos en la causa de los sobornos. Es un paso que el juez Rodolfo Canicoba Corral planea dar antes de llamar a indagatoria como sospechoso al ex mandatario. Ayer apelaron sus procesamientos y embargos el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto y los ex senadores José Genoud y Emilio Cantarero. Genoud jugó una chicana: llevó un contrato por 18 mil dólares que el arrepentido firmó con la empresa editora de la revista TXT antes de su confesión, que calificó de “interesada”. “El primero que dijo eso fui yo cuando me presenté en la causa”, salió a retrucar Pontaquarto. Dijo que era el trato para poder sacar a su familia del país y pagarse abogados.
La citación a De la Rúa demorará un tiempo en llegar. En una futura tanda también podrían quedar incluidas las indagatorias de los justicialistas Augusto Alasino y Alberto Tell. El juzgado apunta, primero, a corroborar y buscar más datos sobre una reunión clave que Pontaquarto incluyó en su versión de la historia de las coimas. Fue, declaró él, un encuentro en la Casa Rosada, entre marzo y abril de 2000, en el que Genoud le habría dicho al ex presidente que el justicialismo necesitaba “otras cosas” para aprobar la Ley de Reforma Laboral. “Eso arréglenlo con (Fernando) De Santibañes”, habría contestado De la Rúa, en presencia también de los entonces senadores Alasino y Tell.
En el juzgado creen que al menos un edecán debió ver o custodiar esa reunión y que, podrían haber estado al tanto de ella uno o más secretarios de la Presidencia, entre ellos Ostuni. Por eso solicitarían sus testimonios en los próximos días. Además, Canicoba Corral es proclive a seguir juntando pruebas antes de avanzar con otras acusaciones y mientras espera ver qué resuelve la Cámara Federal sobre las apelaciones.
El fiscal Federico Delgado pidió el lunes que al procesamiento se amplíe el procesamiento del ex titular de la SIDE, De Santibañes, y a la imputación por cohecho activo (pagar coimas) se agregue otra por peculado (sustraer dinero público que estaba bajo su administración). Apeló también el ex “señor cinco”: dijo que el juzgado lo acusó sin pruebas y negó una vez más que los cinco millones de los sobornos hayan salido de la central de inteligencia. Ayer se presentaron Genoud, Pontaquarto y Cantarero, que fueron a la carga con diferentes estrategias, aunque todos cuestionaron el embargo de diez millones de pesos que afecta a cada uno. Como dicen que no les alcanza la plata, sufrirían una inhibición general de sus bienes.
- Genoud, procesado por recibir coimas, repartió ataques. “Vuestra señoría ha creído a pie juntillas lo expuesto por el inefable arrepentido”, dijo. El juez, acusó, “perdió la neutralidad”, “orientó la instrucción” y le impidió explayarse en el careo con Pontaquarto. Su procesamiento, se quejó, “carece de fundamentación”. Planteó la nulidad de todo y advirtió que la confesión del arrepentido a la revista TXT “fue retribuida como ilustra el contrato”, del que aportó copia.
- Pontaquarto objetó su condición de procesado como “partícipe necesario”. Argumentó que su intervención no fue “indispensable” sino que cualquier “otra persona” con acceso a los entonces senadores podía haber llevado el dinero. Esto lo ubicaría como partícipe secundario.
- Cantarero, procesado por recibir coimas, refutó argumentos de Canicoba Corral. Consideró, por ejemplo, que no está suficientemente probado que Pontaquarto lo haya llamado exactamente de la esquina de su casa el día en que éste declaró haberle entregado cuatro millones trescientos mil pesos. Señaló algunas supuestas contradicciones del arrepentido.