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Al igual que los propios banqueros, Economía estima que si continúan prosperando los recursos de amparo contra el corralito muchas entidades podría colapsar (ver nota aparte). Con el aval de la Justicia, los ahorristas están recuperando entre 50 y 60 millones de pesos por día, lo que significa un drenaje de recursos del sistema no inferior a los 1500 millones. Por ahora, la estrategia de Jorge Remes Lenicov será esperar que la Corte Suprema termine desestimando los recursos lo antes posible.
Los números que maneja el Palacio de Hacienda pintan con nitidez un cuadro que en ese ministerio juzgan “cada vez más grave”. Los 160 mil amparos presentados, la gran mayoría sin resolución, involucran depósitos por un total de 5000 millones, suficientes para desestabilizar al sistema si tuviesen que ser íntegramente devueltos a sus propietarios, equivalentes a sólo el 15 por ciento de los ahorros reprogramados compulsivamente.
“No puede ser que la suerte del sistema financiero esté en manos de apenas el 15 por ciento de los ahorristas”, cuando, a juicio de Economía, el 85 por ciento restante está aceptando el provisorio congelamiento de sus depósitos. En la hipotética situación que alentada por la prosperidad de los recursos de amparos esa mayoría también eligiera la vía judicial para recuperar su dinero acorralado, presumiblemente no tendría contra quién dirigir ese reclamo. “Porque a esa altura los bancos estarían liquidados”, especulaba ayer una fuente del Palacio de Hacienda.
Los tiempos de liberación de nuevos fondos son imprevisibles. Sólo los doce jueces del fuero contencioso administrativo de la Capital Federal tienen entre manos a razón de unos 11 mil casos cada uno. Pero el ritmo al que se multiplican los dictámenes favorables hace temer que antes de que la Justicia complete su labor varios bancos pueden haber quedado en el camino. El escape actual de dinero acorralado suma un mínimo de 3000 millones por mes.
Lo que allanó el camino a la catarata de demandas judiciales fue el fallo de la Corte Suprema conocido como el “caso Schmidt”, que el 1º de febrero habilitó a un ahorrista el retiro de sus fondos. Sin embargo, para los abogados de Economía ese pronunciamiento tiene varias debilidades, comenzando por las procesales. A criterio del Gobierno, en aquel fallo el Supremo Tribunal violó el derecho de defensa que tiene la comunidad, por la sencilla razón que dispuso la restitución de los fondos sin dar trasladado del expediente ni al banco involucrado ni al Estado, que son parte en la causa.
Finalmente, el caso Schmidt fue resuelto antes de que el Gobierno dispusiera las últimas flexibilizaciones ahora en vigencia: la posibilidad de extraer el sueldo íntegro, de utilizar los plazos fijos reprogramados en la compra de bienes registrables y la de convertirlos en bonos en pesos o en dólares. Aunque insuficiente para los ahorristas, esa modesta apertura de los ahorros capturados también sería esgrimida por el Gobierno ante la Corte para buscar un dictamen que resulte adverso al conjunto de los amparos.
La discusión sobre restricciones financieras también involucra a la provincia de San Luis, cuya gobernadora, Alicia Leme, demandó al Estado nacional por haber capturado los fondos de la provincia, colocados en un depósito en el Banco Nación. Desde Economía se insiste en que esos 234 millones de dólares –reprogramados al tipo de cambio de 1,4 peso– están a disposición del Estado puntano, que sólo debe detallar un cronograma de extracciones acorde a sus necesidades presupuestarias para que el Nación libere gradualmente aquellos recursos.