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Hace años que se habla de la necesidad de reformar el sistema tributario argentino. Coincidiendo en tal necesidad, hay divergencias profundas sobre las medidas concretas. Buena parte de ese “falso consenso” nace de las distintas miradas que existen sobre la reforma del impuesto a las Ganancias. Cuestión reavivada en estos días, por el anuncio del gobierno nacional de Macri.

Los impuestos no son neutros. Afectan intereses, inciden en la vida material de las personas, merman los ingresos, el patrimonio y el consumo. En el caso de Ganancias, se destaca su gran poder redistributivo. Suele ser, en una economía de mercado, el medio para que los afortunados cedan una cuota de su renta financiando los gastos del Estado y beneficiando a los más necesitados. Junto a los impuestos patrimoniales, da progresividad al sistema tributario. Cualquier modificación va a afectar esas cualidades. En nuestra opinión, los cambios deben: a) mejorar la incidencia redistributiva imprimiéndole mayor progresividad y b) favorecer la acumulación productiva y la generación de empleo.

Entonces, hay dos cuestiones claves. La primera, la ola neoliberal y cierta desidia llenaron a Ganancias de iniquidades y groseras deficiencias. Las principales son: a) los jueces no pagan; b) la renta financiera en personas físicas no paga; c) los dividendos no pagan (por una reciente modificación en la ley de blanqueo fiscal); d) las empresas grandes, medianas y pequeñas pagan lo mismo (35 por ciento); e) las empresas que reinvierten sus utilidades y las que no lo hacen, abonan la misma alícuota; f) las personas físicas que más pagan son los asalariados; g) las escalas y tramos vigentes hacen que las personas físicas tiendan a pagar una misma tasa (la mayor), aunque tengan ingresos muy disímiles y h) las empresas aportan a la recaudación total en la misma medida que las personas físicas, rasgo que resta progresividad, porque las sociedades pueden trasladar buena parte del tributo vía precios. Modificar todos esos asuntos se torna imprescindible para cumplir con los dos aspectos mencionados en el párrafo anterior.

El impacto del impuesto sobre los asalariados es su sesgo más difundido mediáticamente. Fuertes movilizaciones sindicales y tajantes promesas electorales dan cuenta de esto. Ello merece revisarse, pero sería un error dejar de gravar los ingresos laborales. En todo el mundo suelen estar alcanzados por el impuesto a las ganancias (o mejor dicho a los ingresos). La cuestión es a partir de cuánto y cómo se los grava. No es sólo establecer el mínimo no imponible. Estimamos aconsejable, en cuanto a las deducciones, normar una función decreciente continua para aplicar sobre los salarios, de modo que quienes más ganan puedan “restar” una menor proporción por deducciones. También habría que generar una escala más amplia de alícuotas, para romper con la situación en la que rápidamente todos tienden a pagar la tasa más alta. Por su parte, las alícuotas marginales para los ingresos más elevados debieran incrementarse, al nivel de Francia, Alemania o Gran Bretaña, donde superan el 40 por ciento. Y correspondería incluir deducciones hoy no contempladas, como parte del costo del alquiler (para los no propietarios). En el actual contexto inflacionario, se debe establecer una regla democrática y automática de actualización de mínimos, escalas y deducciones, que evite alcanzar a los trabajadores de ingresos medios. Por ejemplo, el mínimo no imponible para un trabajador soltero podría fijarse como equivalente a cuatro veces el salario mínimo, vital y móvil (30.240 pesos actualmente).

Hay que evitar que, una reforma tributaria que ya empezó, con un sesgo a favor de los que más tienen (verbigracia, la eliminación/reducción de las retenciones a la minería y a los productos agropecuarios, la disminución de las alícuotas de Bienes Personales y los cambios ya mencionados en el impuesto a las ganancias que hubo en el blanqueo), consolide la tendencia y entierre para siempre el potencial progresista del tributo. En este marco, la Argentina debe superar la debilidad fiscal que la ha caracterizado en los últimos cuarenta años y los impuestos directos -ganancias, patrimonio- deben constituirse en la base del sistema tributario nacional. Eso permitirá consolidar una sociedad más democrática e igualitaria.

* Investigadores de las Universidades Nacionales de General Sarmiento y Moreno: Hugo Andrade, Roxana Carelli, Juan Fal, Alejandro López Accotto, Carlos Martínez, Martín Mangas, Alejandro Otero, Ricardo Paparas y Alejandro Robba.