Apremiada por el tiempo, la alianza oficialista Cambiemos apura la reforma electoral en el Congreso aunque con pronóstico incierto para el proyecto que impulsa el Gobierno. La Cámara de Diputados le puso fecha –el 19 de octubre– al tratamiento de la iniciativa que propone implementar el sistema de Boleta Unica Electrónica (BUE) en todo el país para las elecciones legislativas de 2017. Con la idea de sumar voluntades a favor de la reforma –se necesita la mayoría absoluta del cuerpo para aprobarla–, Cambiemos incorporó al proyecto la propuesta de paridad de género –igual cantidad de hombres y mujeres intercalados en las listas de candidatos–, un reclamo que cruza transversalmente a todos los bloques partidarios, al igual que su resistencia. La multiplicidad de disidencias –incluso dentro de Cambiemos– y los rechazos que cosecha la reforma electoral en la oposición obligarán al oficialismo a abrir el texto a más modificaciones en el recinto para alcanzar los 129 votos necesarios, con impredecibles consecuencias para las aspiraciones del Gobierno. Luego, la iniciativa tendrá que sortear los cuestionamientos del Senado, donde el Frente para la Victoria (FpV) tiene poder para modificarla o bloquearla.

En una jugada que reconocen como “arriesgada”, Cambiemos pone en juego su anhelada reforma contrarreloj: a un año de la elección legislativa de 2017 en la que se busca implementar el sistema de BUE en todo el país y apenas a nueve meses de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que según la reforma tendrán un corralito donde los electores solo podrán optar por votar en una interna partidaria y ya no entre diversas ofertas electorales por categorías.

El escaso tiempo para implementar la reforma el año próximo fue motivo de reclamos de gran parte del arco opositor y también de la Cámara Nacional Electoral, que, además de pasar a estar a cargo del escrutinio provisorio –ya lo estaba del definitivo–, deberá auditar y homologar el software y las máquinas que se utilizarán para implementar la BUE. La partida presupuestaria para el voto electrónico ya está incluida en el proyecto de presupuesto 2017, cuando comenzaría el proceso de selección, compra y provisión.

La iniciativa prevé la creación del Consejo de Seguimiento de las Elecciones, integrado por los apoderados de las agrupaciones políticas de orden nacional que participen en el proceso y que deberá constituirse “al menos 240 días (8 meses) antes de las primarias”. Este punto del proyecto todavía no fue tratado por ninguna de las cámaras del Congreso.

Oficialistas

El dictamen de mayoría que llegará al recinto de la Cámara baja el 19 de octubre –según la propuesta oficialista– tiene la rúbrica de 47 diputados de Cambiemos, el massista Frente Renovador y el Bloque Justicialista de Diego Bossio. Pero 32 de esas firmas, incluso del oficialismo, lo hicieron con disidencias parciales sobre diferentes aspectos de la propuesta.

Dentro de Cambiemos, en la UCR hay dudas cruzadas sobre la instrumentación de la paridad de género luego de atravesar las PASO, donde los distintos acuerdos sellados por los partidos y coaliciones que tengan competencia interna pueden alterar la conformación de las listas y el objetivo que persigue la paridad. El macrismo fue el bloque menos entusiasta sobre la paridad de género y solo aceptó incorporarlo al proyecto como moneda de cambio para obtener los votos necesarios para acompañar la BUE.

Igual, dentro del PRO hay resistencia a apoyarlo: “El Congreso argentino tiene un 39 por ciento de mujeres, supera ampliamente el objetivo que se propuso la ley de cupo femenino (del 30 por ciento) y es uno de los Parlamentos con mayor integración de mujeres del mundo”, aseguró una de las espadas parlamentarias del macrismo para poner distancia de la propuesta de paridad.

La resistencia del macrismo encolumnado con la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal a que la BUE se implemente en su distrito en 2017 aparece ya desdibujada. Mientras que la boleta electrónica colma la satisfacción de la aliada Coalición Cívica, cuya líder, Elisa Carrió, es una de las mayores detractoras de la boleta de papel.

Amigables

Entre los opositores amigables, el massismo es el menos opositor a la propuesta oficial. El Frente Renovador de Sergio Massa le garantiza a Cambiemos arañar los votos necesarios para la implementación de la BUE en 2017, a pesar del reclamo generalizado del resto de la oposición para que su aplicación fuera gradual y con experiencias escalonadas. Los renovadores apoyan la BUE porque reconocen que no tienen la capacidad para fiscalizar una elección tradicional ni aun en su propio bastión electoral bonaerense, y a pesar de que nunca se comprobó un fraude electoral con las boletas de papel. A la vez, Massa busca alinear a su tropa dubitativa a favor de la paridad de género, donde jugó a su dama, Malena Galmarini, como una de las promotoras con miras también a las elecciones legislativas.

En cambio, el líder del FR sorprendió a sus propios diputados nacionales de origen bonaerense al desalentar la propuesta de actualizar la subrepresentación legislativa de los principales distritos del país (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y CABA) de acuerdo al censo poblacional de 2010 y no de 1980 como hasta ahora –eso llevaría la presencia bonaerense en el Congreso de 70 a 100 diputados–.

Massa no quiere que la iniciativa llegue en forma simultánea al recinto de la Cámara baja, porque considera que así Cambiemos aumentaría su representación y rompería su estrategia de mostrarse con “equilibrio” y como “opositor responsable” con la que le arrancó concesiones menores al oficialismo y que el líder renovador enarbola como propias. Pero esto podría traerle dificultades con su aliada Margarita Stolbizer, que tiene su propio proyecto para terminar con la subrepresentación bonaerense.

El amigable Bloque Justicialista, referenciado en Bossio y gobernadores como el salteño Juan Manuel Urtubey, presentó una tibia resistencia a la utilización de la BUE en todo el país para 2017, al tiempo que exaltaba la experiencia gradualista de Salta. El rechazo mayor es con el corralito impuesto en las PASO, mientras que la paridad divide aguas al interior de la bancada.

Opositores

El Frente para la Victoria (FpV), el bloque del Movimiento Evita (Peronismo para la Victoria-PpV) y el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) rechazan la BUE con un amplio abanico de críticas y algunas diferencias. Los cuestionamientos mas duros van desde la “vulnerabilidad del sistema de votación electrónico” y “la eliminación del secreto del voto” hasta el corralito de las PASO y el “sostenimiento de medidas proscriptivas” para partidos emergentes y provinciales. Entre los ejemplos figuran el sostenimiento del piso del 1,5 por ciento de los votos en las primarias para acceder a la elección general o el perjuicio para fuerzas como el neuquino MPN que no lleva atadas sus listas a ninguna candidatura presidencial, por lo que los votantes que quieran optar por sus candidatos no lo podrán hacer –en futuras elecciones– por ningún postulante a la Presidencia de la Nación.

Además de su dictamen de rechazo, en el FpV igual dieron rienda suelta a un dictamen alternativo para proponer en el recinto y que lleva las firmas del chaqueño Juan Manuel Pedrini y el presidente del PJ nacional, José Luis Gioja. El extenso proyecto impulsa una serie de cambios a los temas cuestionados, pero fundamentalmente apunta al que más preocupa dentro del FpV: propone que el sistema de sufragio electrónico tenga un soporte en papel para el conteo de votos, desechando el conteo digital de los resultados de la elección que impone el proyecto del Gobierno.

Aunque con dudas sobre su implementación, el FpV y el PpV respaldan la paridad de género. En cambio, ha sido motivo de diferencias al interior del FIT. La diputada Myriam Bregman (PTS) ha sido una de las promotoras de la paridad, al tiempo que desde el PO afirman que no se trata de una ampliación de derechos sino de “una lavada de cara al régimen opresor”. Ambos presentaron sus dictámenes de rechazo por separado, aunque coinciden con las otras críticas a la BUE.

Senadores

Con un resultado incierto en Diputados, donde la propuesta oficial podría terminar con muchas modificaciones, el Senado –donde el FpV es mayoría– podría ser otro duro escollo para la iniciativa que impulsa el gobierno nacional.

Si bien el jefe de la bancada de FpV, Miguel Angel Pichetto, afirma que en la Cámara alta no harán nada “anticipadamente” a lo que resuelvan los diputados, los senadores ya han dado muestras de cierta autonomía. El Senado tiene su propio dictamen de mayoría sobre paridad de género, como un proyecto de ley separado de la reforma electoral del Ejecutivo.

En tanto, un grupo de senadores del FpV respaldará un proyecto que el bonaerense Juan Manuel Abal Medina presentará esta semana, que, con diferencias, apunta a la misma preocupación del diputado Pedrini: que el sistema de selección electrónica del voto cuente con un sostén en papel, que sería el que se utilizaría para el conteo de los sufragios, evitando el recuento digital. Varios gobernadores peronistas comparten la misma preocupación. En el Senado, Cambiemos también necesitará de la mayoría especial (37 votos entre 72 senadores) para convertir en ley la BUE.