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Un reciente informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el comportamiento del sector eléctrico y su ente regulador, el ENRE, puso nuevamente en evidencia significativos incumplimientos contractuales por parte de las distribuidoras que abarcaron todas las dimensiones del negocio, desde las tarifas y la calidad del servicio hasta la seguridad en la vía pública y la tramitación de reclamos. Asimismo, el ENRE habría incurrido en cierta morosidad sancionatoria y en notables deficiencias en su función regulatoria.
El incumplimiento contractual de las concesionarias de servicios públicos privatizados se ha vuelto un clásico. Las críticas no provienen de sectores ideológicos enemigos de la gestión privada. Tampoco son exclusivas de las organizaciones de consumidores que se oponen a los aumentos tarifarios. Una vez más se originan en el seno mismo de uno de los poderes del Estado. Hace pocas semanas, Página/12 informó sobre las irregularidades detectadas por la AGN en el sector de transporte y distribución de gas. En la última presentación del organismo auditor, el turno fue para el sector eléctrico y su ente de control, el ENRE. En el informe se destacan irregularidades en todas las áreas de la actividad.
u Tarifas. La AGN constató la falta de discusión en Audiencia Pública de los procedimientos de cálculo de los cuadros tarifarios llevados adelante las firmas Edenor y Edesur, una obligación emergente de los contratos. Por otra parte, el ENRE no ejerció de manera “eficaz y suficiente” el control sobre la aplicación de las bonificaciones en las tarifas para jubilados y pensionados.
u Seguridad en la vía pública. Al involucrar vidas humanas, se trata de una de las áreas donde los problemas de regulación resultan más graves. Uno de los aspectos que llamó la atención de la AGN fue el cierre temprano, por parte del ENRE, de muchos expedientes por accidentes. De acuerdo con el informe, “esto podría constituir una irregularidad, dado que en principio las causales podrían imputarse a negligencia o falta de mantenimiento por parte de las distribuidoras”. Los accidentes más habituales fueron las voladuras de tapas de cámaras de distribución subterráneas. En todos los casos, la AGN infirió que los mismos “fueron previos a las medidas adoptadas para evitarlos”.
La AGN comprobó también una deficiente actuación del ENRE en materia de penalidades. La cantidad de sanciones aplicadas a las distribuidoras no fue proporcional al incremento de las anomalías detectadas mediante inspecciones. Por último, en otras auditorías se detectó “una falta de coordinación de las tareas, y esfuerzos de las municipalidades y el ENRE con respecto a las medidas de seguridad en las obras en la vía pública”, situación que provocó la imposibilidad de individualizar a los responsables del control.
u Calidad del producto y servicio técnico. Los problemas más habituales fueron las variaciones irregulares en la tensión del suministro. Además, el instrumental para su medición resultó en muchos casos “inadecuado y de antigua generación”. El ENRE, por su parte, no adoptó medidas que obligaran a las licenciatarias a remitir los registros de tensión y mantuvo “una débil actitud sancionatoria”.
u Atención y resolución de reclamos. Al igual que en otros servicios públicos, en materia de reclamos se constató la falta de previsión de mecanismos que obligaran a las distribuidoras “a acreditar la solución en tiempo y forma de los problemas denunciados”. Esto motivó que un gran número de usuarios sufriera “considerables perjuicios por la demora, tanto del ENRE como de las empresas distribuidoras, en resolver los reclamos originados”.
Finalmente, con relación a los cortes de suministro en el período marzo-agosto de 1997, el ENRE consideró que el 70 por ciento de los casos no debía ser tipificado como de fuerza mayor. Pero como nadie lo notificó a los usuarios, se evitaron los resarcimientos correspondientes.
Los informes negativos ya se apilan sobre el escritorio del ministro Roberto Lavagna. En el marco de la renegociación de contratos que impulsa el Gobierno, los incumplimientos detectados hubiesen bastado para no conceder los ajustes tarifarios recientemente otorgados.