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El Fondo Monetario es una entidad democrática, despojada de dogmas y abierta a las sugerencias de los 181 países miembro. Nada más alejado de la denuncia del Nobel de Economía Joseph Stiglitz, quien describió al organismo como una burocracia, fundamentalista y ortodoxa, al servicio de los intereses de Washington y de los lobbies financieros más concentrados. Para demostrar su espíritu autocrítico, el Fondo Monetario encargó a una Oficina de Evaluación Independiente, integrada por reconocidos economistas de la academia norteamericana y del mundo de las finanzas, para que evaluaran –valga la redundancia– de manera independiente su desempeño en diversas áreas. Esta es la conclusión del lapidario informe elaborado por la Comisión: “La Oficina de Evaluación Independiente no encontró evidencia que sustente una de las críticas más habituales a los ajustes fiscales propuestos por el FMI, en particular que el FMI adopta una receta única para todos los países (one-size-fits-all), y que sus programas son inflexibles, causan recortes en los gastos sociales, y van asociados con bajos niveles de crecimiento”.
Bueno, la autocrítica tal vez no sea una de las virtudes más destacadas del Fondo. Pero, igualmente, vale la pena repasar las recomendaciones que la Oficina Independiente elevó la semana pasada al Directorio para “mejorar la calidad” de uno de los ingredientes más usados en las recetas fondomonetaristas: el ajuste fiscal.
Los principales consejos fueron los siguientes:
u La OEI advierte sobre “el optimismo en los pronósticos de crecimiento, los que algunas veces han llevado al diseño de programas fiscales contractivos, y recomienda proyecciones de crecimiento más realistas”. El planteo sería que, en algunos países, los técnicos del Fondo auguraban un fuerte crecimiento y propusieron un duro ajuste fiscal bajo el supuesto de que mejoraba la confianza de los inversores y por ende las expectativas de expansión. Pero la economía creció mucho menos de lo esperado. La lección, sin embargo, no debería ser que pecaron de optimistas sino que equivocaron la receta. Los ajustes fiscales impuestos no eran una fórmula que garantizaba el crecimiento –como ellos publicitaban– sino una política de alto costo político e inciertos resultados económicos. El caso argentino es paradigmático. A poco de asumir la Alianza, José Luis Machinea compró el ajuste fiscal “sugerido” desde Washington, lo cual terminó de hundir a la economía en una profunda recesión. El problema no fue el “optimismo” del Fondo –entonces prometía un crecimiento para el año del 5 por ciento– sino la receta que ofreció, contradictoria con aquel pronóstico. Al contrario, en el 2003, los burócratas del Fondo repitieron el mismo tipo de error (aunque esta vez pecaron de “pesimistas”), prisioneros de su dogmatismo. Pronosticaban para la Argentina una recuperación de sólo el 3 por ciento, convencidos de que, sin un plan de ajuste fiscal acordado con el FMI, la economía no podría levantar cabeza. El crecimiento fue del 8,4 por ciento.
u La segunda recomendación de la OEI es que el Fondo mejore el marketing de los ajustes. “Es necesario justificar la magnitud y secuencia del ajuste fiscal de manera más completa y coherente y ligar más explícitamente dicho ajuste con el crecimiento”, afirma el documento. El informe dice, además, que se le entregará una “nota guía” al staff de economistas del organismo para que mejoren en sus informes los argumentos con que justifican “la racionalidad de los ajustes fiscales”.
u Otra sugerencia de la Oficina de Evaluación es la inclusión de “metas estructurales” –una reforma impositiva o la reforma de la coparticipación de impuestos– como una condicionalidad más de los acuerdos. El problema en este punto es cómo fijar los tiempos políticos de estas reformas, que deberían pensarse en términos de décadas y que el Fondo exige que sean aprobadas en cuestión de meses.
u Finalmente, en línea con la propuesta de la Oficina, el Directorio del Fondo admite que sin una red de asistencia a los más pobres los programasde ajuste naufragan en las corrientes de la crisis social. Por eso habla de la necesidad de incorporar como un dato en los programas del organismo el costo de la asistencia social: “El Directorio da la bienvenida a los esfuerzos del staff (de economistas, liderado por Anne Krueger) por proteger los gastos sociales críticos y por incorporar los costos de una red de seguridad social en el diseño de los programas”. Sin embargo, más allá de la honda sensibilidad social que ha demostrado en todas las negociaciones con la Argentina, Krueger nunca dijo que los planes Jefas y Jefes de Hogar fueran defendidos por el Fondo. Cuestan 3600 millones de pesos al año (casi un punto del PBI). Si fueran un “gasto protegido”, Lavagna contaría en el futuro con argumento adicional para contrarrestar las presiones por más superávit fiscal.