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Ante el escaso interés manifestado por los bancos, el Gobierno decidió prorrogar el plazo dispuesto para que éstos admitan vender al Fondo Fiduciario administrado por el Nación su cartera de deudores de créditos hipotecarios en mora. Esta extensión aún no tiene una nueva fecha pero, según anunció ayer el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, ya está tomada la decisión política de otorgarla.
De acuerdo con lo que se previó en el decreto reglamentario, las entidades tenían plazo hasta ayer para decir si transferían o no su cartera de morosos al Fondo, admitiendo a cambio recibir bonos públicos por el monto de la obligación impaga que cedían. Pero hasta ayer sólo el Banco de la Provincia de Buenos Aires había admitido hacer esa cesión de sus cinco mil créditos en mora, ya que según manifestaron las entidades privadas, así como los acreedores individuales –por ejemplo, escribanías que dieron préstamos hipotecarios–, no les atraía la idea de tener en su poder obligaciones del Estado.
El Fondo fue creado el año pasado para todos aquellos deudores que hubieran pedido créditos para ampliar o refaccionar su vivienda “familiar y única” de hasta 100 mil pesos. Estos deberían haber entrado en mora entre el 1º de enero del 2001 y el 11 de septiembre del 2003.
La reglamentación de la norma prevé que los morosos que pasarán a depender del Fondo verían refinanciadas sus obligaciones en un plazo máximo de 150 meses, siempre y cuando el monto total adeudado supere el 50 por ciento del valor de la vivienda adquirida con el préstamo original. Para el resto, el tope máximo será de 45 meses y, en todos los casos, con la posibilidad de tener un año de gracia a partir del momento en que su deuda sea asumida por el Fondo. Esa es la fórmula que el gobierno nacional encontró para alivianar la carga de las entidades que tienen deudores con atrasos.