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La Cámara Federal porteña reabrió otra de las causas que se clausuraron por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Esta vez se trata del expediente en el que se investigaron los crímenes de la sanguinaria policía bonaerense que comandó Ramón Camps. En la misma causa están involucrados el comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz y el médico Jorge Bergés.
La Cámara Federal en pleno procedió en este caso de la misma forma en que lo hizo el 1º de septiembre de 2003. En esa oportunidad los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun, Eduardo Luraschi, Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani ordenaron la reapertura de los expedientes sobre los secuestros, torturas y desapariciones de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y del Primer Cuerpo de Ejército. Lo hicieron en base a que poco antes el Congreso había anulado las leyes de impunidad que habían cerrado esas investigaciones.
El tribunal sorteó ayer la llamada “causa Camps” o “causa 44”, que ahora quedará a cargo del juez Jorge Ballestero. En ese expediente fueron condenados Camps, Etchecolatz, Bergés, el capitán Norberto Cozzani y el coronel Ovidio Pablo Ricchieri. Los comisarios Luis Vides y Alberto Rousse –que están muertos– fueron absueltos.
Etchecolatz y sus compañeros salieron en libertad cuando la Corte Suprema aplicó la entonces recién sancionada Ley de Obediencia Debida. Ballestero o la propia Corte deberá decidir si en este caso particular corresponde o no considerar que existió cosa juzgada. De todas formas, los acusados pueden ser investigados por otras desapariciones o secuestros que no fueron tenidos en cuenta al momento de interrogarlos en la década del 80. Etchecolatz, por ejemplo, será procesado –probablemente hoy– por su participación en varios hechos por los que nunca fue juzgado y por los que fue denunciado en testimonios en el Juicio por la Verdad en La Plata. Esta no será una semana buena para el ex comisario. Además, mañana deberá afrontar, junto a Bergés, la primera audiencia oral en un juicio por la apropiación de una hija de desaparecidos.
Al margen de los represores que fueron juzgados, en la causa Camps hay un grupo de policías y oficiales del Ejército que, cuando se cerró el expediente, debía ser citado a declarar. Sobre estas personas se deberá retomar la investigación.
La Cámara Federal señaló en su resolución que conservará los ori-ginales del expediente ya que aún investiga el destino de los desaparecidos. En estos años logró establecer la identidad de más de 35 víctimas y, en 20 de esos casos, también logró recuperar los restos.
Cuando se hicieron cargo de las “megacausas” de la ESMA y Primer Cuerpo, los jueces Sergio Torres y Rodolfo Canicoba Corral retrotrayeron las situaciones de los acusados a las que tenían antes de la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Ballestero deberá definir su estrategia. Entre otras cosas, el expediente podría ser derivado a la Justicia de La Plata, tal como pretende la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de esa ciudad.