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“Somos veintitrés organizaciones cortando la ruta”, dijo el dirigente piquetero. Sobre el asfalto de la rotonda de La Plata, efectivamente, ayer se veían grupos y grupitos de desocupados de distinto color. Cada cual sostenía una pancarta con su sigla y era difícil tratar de entenderlas sin marearse: allí estaban el MUP y el MUP-20, la FTC y el F-19, MTL, los MTD, la CTD, la UTL... Incluso para el dirigente piquetero había agrupaciones no del todo conocidas. “A veces nos cargan, dicen que tenemos más grupos que gente. Pero ¿qué quiere que le diga?”, preguntó. “Dada la situación, juntar tantos sectores dispersos ha sido un logro.”
En esos términos podría resumirse un primer balance de la protesta que los piqueteros del sector duro hicieron en la provincia. Unas seis mil personas bloquearon, desde las diez de la mañana hasta las seis de la tarde, los ingresos a La Plata en reclamo por las bajas en el plan Barrios Bonaerenses. Al mismo tiempo hubo una veintena de cortes en el interior de la provincia. Al terminar el día, los desocupados llegaron a un entendimiento con la gobernación.
Estaban en debate unos cinco mil planes. En el acuerdo, el gobierno se comprometió a atender caso por caso la situación de los beneficiarios que se quedaron sin el subsidio por errores de documentación, mientras que los desocupados dijeron que no harán nuevas medidas de fuerza por este tema.
El conflicto, sin embargo, no está cerrado, ya que se le agregó un capítulo judicial.
Mientras funcionarios y referentes mantenían su reunión en el edificio de Desarrollo Humano, el fiscal Marcelo Romero denunció a las organizaciones que cortaron los accesos por haber “sitiado la ciudad”. En base a esta denuncia, la Policía Bonaerense identificó a los dirigentes que participaron de la medida y se abrió una causa por los presuntos delitos de intimidación pública e impedimento de circular. El caso quedó en manos del fiscal Leandro Heredia, y habrá que ver qué novedades trae en los próximos días.
En su aspecto político, la pelea por los planes Barrios Bonaerenses mostró un cambio en la estrategia de la gobernación frente a los piqueteros, que durante el verano había llegado a abrir negociaciones con algunos sectores para otorgar más planes. La actual decisión de dar de baja una cantidad tan grande de beneficiarios (23 mil en total) y cerrar la ventanilla está en línea, en cambio, con la postura del gobierno nacional de no otorgar más cupos, y apunta a bajar los niveles de conflicto social. Los subsidios son el insumo clave de las organizaciones de desocupados, el motivo por el cual los nuevos integrantes se acercan a los centros barriales. La capacidad de movilización piquetera está estrechamente ligada a la cantidad de planes que se manejen.
Las agrupaciones que ayer salieron a la calle tenían diferentes lecturas del conflicto. “Es un momento en el que preferíamos no movilizarnos. Tenemos al 80 por ciento de la población en contra, la gente nos putea por los cortes. Queríamos priorizar la construcción interna, asentar los emprendimientos. Pero al quitarnos los planes el mismo gobierno nos empuja a la lucha reivindicativa. Es un manejo que te acorrala”, dijo Mariano Pacheco, del MTD Aníbal Verón.
Néstor Pitrola, del Polo Obrero, vinculó el recorte de los planes a un ajuste del presupuesto social. “Nos quitaron a nosotros pero también a las intendencias”, señaló. Para Pitrola, todo se agudizó por la necesidad del ministerio de Juan Pablo Cafiero de defender el reempadronamiento como el punto fuerte de su gestión.
Chacho Berrospe, del Teresa Rodríguez, consideró que el problema central es la decisión de no reasignar los planes cancelados a los desocupados que están en lista de espera.
Pero más que estas cuestiones, la pregunta que se hacen en las organizaciones que participaron de la jornada (ver aparte el listado) es cómo continuar en un momento en que el respaldo social les resulta esquivo.
Uno de los diagnósticos que hacen los militantes es que la fragmentación del movimiento alimentó el rechazo de los sectores medios, porque termina habiendo marchas todos los días. En las reuniones de preparación de esta protesta en la que consiguieron confluir sectores muy distanciados primó una motivación: poner un límite al gobierno provincial para frenar el propio desgaste. El argumento, invertido, es el mismo que plantean los funcionarios sobre el avance de los piqueteros.